Correa acumula ya 70 años de prisión por tres condenas por liderar la trama Gürtel.
El juez De la Mata ordena analizar el móvil intervenido a Correa en su celda el sábado
El centro penitenciario le trasladará del módulo de respeto al ordinario por haber vulnerado el reglamento
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13/3/2019 12:37
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Actualizado: 06/5/2019 10:37
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El juez José de la Mata ha ordenado a la UDEF el volcado del contenido de un teléfono móvil que fue intervenido al cabecilla de la red Gürtel Francisco Correa, el pasado sábado en su celda.
Correa está interno en la cárcel de Valdemoro (Madrid) desde el 14 de febrero de 2018, cuando comenzó a cumplir la condena por Fitur.
Acumula ya 70 años y dos meses de prisión por las tres sentencias que hasta la fecha han recaído sobre él por las distintas actividades de la red que corrupta que lideró en connivencia con altos cargos del PP en distintas comunidades autónomas.
Hasta el momento, Correa estaba en un módulo de respeto, pero dejará de estarlo tras haber violado la normativa de prisiones al tener un objeto prohibido.
Será trasladado al módulo ordinario, con el resto de presos comunes, según han informado fuentes penitenciarias.
Preguntadas por el incidente, han detallado que el pasado sábado, en torno a las 15:00 horas, un funcionario de prisiones se percató de que estando sólo en su celda, parecía estar discutiendo con alguien, y cuando se acercó a observar, le sorprendió utilizando un móvil de pequeñas dimensiones.
Explican que el funcionario apercibió a Correa y le intervino el terminal, que fue entregado a la dirección de la prisión, que ha abierto una investigación para comprobar cómo pudo hacerse el cerebro de la Gürtel con este móvil.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga la presunta financiación irregular del PP, ha dictado un auto en el que acuerda «autorizar el desprecinto, apertura y clonado» del móvil, así como «el acceso al contenido» del terminal que le fue intervenido; una medida que «se verificará» en el propio juzgado el 15 de marzo en presencia de las partes.
El magistrado recuerda que «en este caso, la investigación revela la existencia y funcionamiento de una caja B en el Partido Popular, así como entradas de fondos a la misma», y señala que analizar el contenido del móvil que Correa tenía en su celda, pese a que en las cárceles está prohibido, «permitirá una mejor y más amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar».
«Como garantía de la autenticidad e inalterabilidad de toda la información a la que se acceda durante la diligencia», De La Mata fija como norma que el acceso al contenido se verificará por los especialistas de la Policía Judicial y el volcado será efectuado por funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), mientras todos los contenidos se abrirán en presencia del letrado de la Administración de Justicia y las partes personadas, como el propio Correa o las acusaciones que ejercen Izquierda Unida y Adade.
TRES CONDENAS
En febrero de 2017, Correa fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a 13 años de prisión por participar en los amaños de los contratos públicos para el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009, resolución que fue confirmada el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo.
En mayo de 2018, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional notificó su sentencia en la que condenó a 51 años y 11 meses de cárcel a Correa al considerar que entre los años 1999 y 2005 -en los que se enmarca la primera época de actividades de la trama Gürtel- su entramado empresarial y el PP tejieron en Estepona (Málaga), Majadahonda, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Castilla y León y la Comunidad de Madrid, más en la propia capital,
una «estructura de colaboración estable» que llevó a un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».
Además, en junio del año pasado, fue condenado por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional a cinco años y tres meses de cárcel por su participación en la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, liderado entonces por Francisco Camps, en las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008, cuyos actos fueron organizados por su empresa Orange Market.
En los tres casos, los jueces han acordado penas inferiores solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, ya que se le han aplicado distintas atenuantes por su colaboración con la Justicia al reconocer los hechos y por la reparación del daño causado.
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