Los secretarios de Gobierno de todos los tribunales superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, reunidos este jueves en San Lorenzo de El Escorial, han emitido un comunicado en apoyo a la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro.
El escrito asegura que «bajo la presidencia del secretario general de la Administración de Justicia, la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, se ha convenido manifestar apoyo incondicional a Doña Montserrat del Toro».
La letrada judicial fue la funcionaria que dirigió el registro de la Consejería de Economía del gobierno autonómico, el 20 de septiembre de 2017, que llevó a cabo un grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil y que se vio atrapada en el interior por una multitud coordinada y organizada a través de los móviles.
Montserrat del Toro, aseguró que tuvo «miedo» de salir cuando vio lo que había fuera y que llegó a pedir un helicóptero para salir, pero los agentes le dijeron que no era viable porque estaba lleno de antenas.
Aseguran que «la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ante los ataques intolerables que está sufriendo en su condición de Autoridad, por el ejercicio, con independencia y autonomía, de la fe pública judicial en garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Un nuevo modelo de Administración de Justicia
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha inaugurado hoy este encuentro en el que ha destacado la labor de los secretarios de Gobierno como “actores principales y decisivos en el tránsito hacia un nuevo modelo de Administración de Justicia, más moderno, eficaz y cercano”.
Delgado ha subrayado el papel que ejercen los letrados de la Administración de Justicia de impulso de la transformación organizativa de la Oficina Judicial y de liderazgo de la modernización tecnológica de la Justicia, dos ejes fundamentales de la acción del ministerio para la mejora del servicio público.
La ministra ha recordado las actuaciones llevadas a cabo por su departamento en los últimos meses para estabilizar y consolidar el proceso de transformación digital de los juzgados.
La directora general de Modernización, Sofía Duarte, ha visitado 25 sedes judiciales del territorio del ministerio para escuchar a los operadores jurídicos y recabar sus peticiones de mejora, con la finalidad de llevar a cabo las acciones necesarias.
Han asistido a este encuentro los secretarios de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Valencia, Melilla y Canarias.
Por parte del Ministerio de Justicia, participan el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, la directora general de Modernización, Sofía Duarte, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y la subdirectora general de Programación de la Modernización, Rosa Tomé.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, el Real Decreto de sustituciones profesionales de los letrados de la Administración de Justicia, el borrador del nuevo reglamento orgánico del cuerpo o la ciberseguridad son algunos de los asuntos que se han debatido hoy en las mesas de trabajo.
En la jornada de ayer, el secretario general de la Administración de Justicia dirigió una reunión de trabajo en la que se abordaron numerosos temas técnicos, entre otros:
- La aplicación del Real Decreto que mejora las retribuciones por sustituciones entre letrados de la Administración de Justicia.
- La preocupación por la compatibilidad entre el derecho de las partes a examinar las actuaciones del juzgado en un procedimiento y las normas que regulan la protección de datos.
- Los efectos de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/1191 que elimina la necesidad de legalización o apostilla para hacer valer documentos en otro Estado de la Unión Europea.
- La colaboración de los órganos judiciales con la Abogacía del Estado cuándo ésta defiende a España ante tribunales internacionales.
