Baltasar Garzón con su libro, "No a la impunidad. Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas". Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Baltasar Garzón: «La jurisdicción universal no es el enemigo, el enemigo es la impunidad»
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17/3/2019 06:15
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Actualizado: 18/3/2019 12:42
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«No a la impunidad. Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas». Así se titula el último libro que acaba de publicar Baltasar Garzón, y que viene a ser un compendio de todos los casos mundiales en los que la jurisdicción universal ha tenido un papel estelar, empezando por el de Pinochet, el que comenzó todo.
Escrito en «román paladino», que decía Gonzalo de Berceo en el siglo XIII, «en el cual el pueblo suele ‘fablar’ con su vecino», es también un relato histórico y periodístico que se puede leer de un tirón o a trozos.
Son 776 páginas muy trabajadas que explican de forma muy pormenorizada casos como el de Pinochet, el genocidio maya de Guatemala, los de Armenia y Tíbet, el caso de los jesuitas de El Salvador, los de Ruanda, República Democrática del Congo, Couso, Guantánamo, y vuelos de la CIA, entre otros. Y, por supuesto, el de la memoria histórica, en España.
La entrevista tiene lugar en la sede de la editorial Debate, una de las 30 editoriales de Penguin Random House Grupo Editorial, en la madrileña calle de Eloy Gonzalo, en un día pleno de luz.
¿Por qué este libro? ¿Y por qué ahora?
Lo empecé a diseñar hace cinco años. En 2013 quería abordar varios temas en profundidad. Tres: Jurisdicción universal, terrorismo y narcotráfico. Y también la trayectoria de la Audiencia Nacional.
Desde ese momento comencé a reunir documentación. Y en los dos últimos años me puse más intensamente. En el último la labor ha sido mayor.
Son casos muy diversos. He tratado de aglutinar todo lo que es la historia de la jurisdicción universal en todo el mundo hasta el día de hoy. Hasta el mes de diciembre de 2018 y desde un punto de vista positivo.
Es decir, introduciendo elementos como dónde estamos, donde queremos llegar, donde podemos llegar y la necesidad de este principio.
He terminado cuando he terminado. No estaba previsto que fuera en estos momentos. Ha coincidido con la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la reforma de la jurisdicción universal de 2014 donde afirma que no hay infracción constitucional porque dice que es una reserva legal la del Congreso.
¿Qué es su libro?
Es un libro solidario. Mi único protagonismo es el relato. He querido reunir a todos aquellos y aquellas que han trabajado en esto. Cuáles han sido las trabas y los éxitos. Y qué podemos hacer y qué debemos hacer.
Pero sobre todo, yo quería resaltar la lucha constante de las víctimas.
¿Le ha defraudado el Gobierno socialista, en lo que a la jurisdicción universal respecta?
Yo creo que no ha habido el tiempo suficiente para ver el resultado final. Es verdad que la iniciativa estaba en el Congreso. El gobierno socialista comienza en junio de 2018. La ministra de Justicia establece una Comisión de Asesoramiento con unas pautas, en la línea de la jurisdicción universal para la protección de las víctimas de 1985 que, después, es combatida por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Que ve que los intereses españoles están en riesgo.
Y deciden volver a 2009.
El Grupo Socialista siempre tuvo el objetivo de volver a la reforma de 2009 no regresar a 1985, como pretendía la ministra.
Lo que consta es que quería ir más atrás. Luego, es el Grupo Socialista y el presidente del Gobierno los que deciden ir a 2009. Pero no se había terminado el trámite parlamentario, ni mucho menos. El PSOE tenía 84 diputados. Con esa mayoría tan exigua se podía hacer poco.
¿Todavía tiene fe en Pedro Sánchez?
Tengo fe en que quienes formen gobierno sean capaces de percibir que la jurisdicción universal no es el enemigo, que el enemigo es la impunidad. La jurisdicción universal es la última esperanza de las víctimas. Tengo esperanza en que esto se reconozca, sí.
Según Garzón, el libro ha tenido una génesis y materialización de 5 años, que llegó a su fin el pasado mes de diciembre. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Una de las cosas que me ha sorprendido de su libro es que no he encontrado rastros del modo jurídico de escritura. Está muy bien escrito. Es muy periodístico.
Le voy a confesar una cosa. Una de mis asesoras a la hora de escribir es mi madre. Mi madre tiene 89 años. Es una lectora empedernida.
Mira las noticias. Está al día de lo que pasa.
Le cuento mis proyectos. En este caso mi desafío era el de no hacer un libro técnico. Para mí hubiese sido mucho más fácil.
¿Cómo lo hago para que sea digerible a todos los niveles y cualquiera pueda leerlo? Es un libro de relato histórico, de esfuerzos personales, de acciones coordinadas…
Fue entonces cuando decidí eludir al máximo los términos jurídicos, traducir al lenguaje ordinario y hacer un mix de relato histórico y friccionado. Porque busqué llegar a la mayor cantidad del público posible.
Con conversaciones reales, unas ficticias, otras reales, para proteger a las víctimas, escenificando, por ejemplo, todo lo ocurrido en Chile, y de esa forma generar una trama para que, contando todo lo que se ha hecho, pueda ser de alcance general.
¿Cómo le explico a su madre qué era la jurisdicción universal?
Pues, mamá, hay hechos delictivos que atacan a toda la humanidad. Si tu ves unas acciones de guerra, del genocidio nazi, por ejemplo, o de otros genocidios, si ves desaparecidos a centenares, a miles, ¿eso te afecta?, le pregunté. Y me respondió, sí, me afecta.
¿Lo sientes como tuyo? Sí. ¿Sientes que tú puedes ser víctima o que aquí, en España, hubo centenares, miles de víctimas que lo fueron? Sí. ¿Y eso puede quedar en la impunidad? ¿Tenemos derecho a que eso quede impune? ¿Que las personas que lo propiciaron ni siquiera respondan con la verdad? Pues no, eso clama.
Bueno, pues ese el contenido de los crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra…
¿Y cuál es el instrumento para hacerlo? Pues un sistema que los distintos países establecen para que esos espacios de impunidad no sean posibles.
Por tanto, ahí estás integrando el concepto de víctima universal. Todos somos víctimas. No solo los muertos Irak, o de Yemen o de China o de Argentina o de Chile o de España.
«El caso Pinochet, por ejemplo, fue una explosión internacional que, digamos, vulgarizó el derecho penal internacional, que nadie sabía de qué iba»
¿Todos somos víctimas?
Sí, todos somos víctimas. La nacionalidad es irrelevante.
¿A los victimarios se les ha perseguido por esto? No ¿Se les ha juzgado en su país? No. ¿Se ha hecho en otros escenarios? No. Por lo tanto, como somos víctimas todos, hay que proceder en cualquier punto.
A partir de ahí es muy fácil. ¿Qué ocurrió inicialmente? Que era difícil que este concepto genérico fuera asumido por todos.
Y ahí nació algo que yo cuento en el libro. Introduzcamos un elemento de proximidad. Es decir, que hubiera víctimas españolas.
Curiosamente, al final es lo que se introduce en la reforma de la jurisdicción universal de 2009 en España, y que hoy está vigente. Los vínculos.
Que haya víctimas españolas y que el victimario esté aquí.
Para explicarlo en aquel origen yo utilicé este mecanismo pero legalmente no era necesaria esa presencia y esa nacionalidad de las víctimas, pero a la sociedad tenías que explicárselo.
Y cuando le contó a su madre que en 2009, primero, un gobierno socialista, y en 2014, después, un gobierno popular restringieron su aplicación, ¿lo entendió?
Lo entendió muy bien, porque para ese momento la sociedad, en general, que se ha interesado por estos temas tenía un conocimiento completo. En esta dinámica tienen que ver mucho ustedes, los medios de comunicación, por la atención que le han prestado debido la personalidad de los perpetradores, que eran figuras relevantes en los diferentes países.
El caso Pinochet, por ejemplo, fue una explosión internacional que, digamos, vulgarizó el derecho penal internacional, que nadie sabía de qué iba.
Pero claro, ver a un antiguo dictador, como Pinochet, detenido en Londres por orden de un juez español, por crímenes que había cometido en su país. ¿Esto qué es?
Se siguió como una retransmisión de algo que estaba cambiando el estatus. El aprendizaje lo hicimos todos conjuntamente. Fue una experiencia compartida.
En 2009 se introdujo un elemento perverso, desde mi punto de vista, que es la influencia política, económica diplomática de los poderosos frente a la acción de la jurisdicción universal. Siempre está presente.
Mientras que no se molestó a los grandes países, a las grandes potencias, la aplicación de la jurisdicción universal no tuvo ningún problema.
En ese caso, el de 2009, fue Israel, si mal no recuerdo.
Israel es un país pequeño pero que tiene su influencia. Israel y Estados Unidos, por el caso Guantánamo, y los vuelos de la CIA. Y China. Por todo ello, tocaron a rebato.
Se optó por ceder a quien nos marcaba el paso desde fuera. Fue un grave error. Yo critiqué la decisión de España.
Porque no estaba percibiéndose el alcance global de la jurisdicción universal; si se expande y se establece entre todos los países sirven de contrapeso unos con otros, y no habría ninguna excepción ni límites.
Yo no digo que la reforma de 2009 fuera mala, que el ideal sea el de la jurisdicción universal pura de 1985. No soy quien para decir que estoy en posesión de la verdad. Siempre he dicho que el camino de la jurisdicción universal tenía que ser un camino compartido y con límites. Pero no es aceptable que existan bolsas de impunidad.
No es aceptable que se reduce su aplicación mediante una ley de 2009 porque se dice que va a actuar la Corte Penal Internacional, cuando se sabe que eso no es verdad.
Por los propios principios establecidos en el Estatuto de Roma. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha dicho que no tiene nada que ver con eso, que es otra historia.
La reforma de 2009 se hizo con el objetivo de dar impunidad no de dar protección.
Lo que se le puede imputar a la ley de 2009, no a la de 2014, es que no se interpretó adecuadamente. No se explicó. Se adoptó con nocturnidad y alevosía.
Garzón cree que las últimas reformas de la jurisdicción universal en España, la de 2009 y la de 2014, la han cercenado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Por un gobierno socialista.
Con el apoyo del Partido Popular. Fue en lo único en lo que se pusieron de acuerdo. Y además, degradándola, porque se aprovechó una ley de reforma de la oficina judicial para introducirla.
Aquella reforma tenía que haberse sometido a debate en el Consejo General del Poder Judicial, en las universidades y en la propia política. Porque es un instrumento de las víctimas. No es propiedad ni de los dirigentes políticos ni de reserva del Congreso.
Aquí hay un elemento que no toman en cuenta: El derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación. No lo han tenido en cuenta ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional. Sí lo tuvieron en cuenta en 2005.
Luego vino la segunda reforma, la de 2014.
La de 2014 fue una aberración, a pesar de que el Constitucional haya dicho que esta reforma es reserva del Congreso y que no afecta a la Constitución. Es un modelo super restrictivo.
Recuerde lo que ocurrió cuando entró en vigor. Casi 60 narcotraficantes tuvieron que ser puestos en libertad. En este caso la bota china hizo que se adoptara un sistema tramposo donde los haya. Y que ha generado bolsas de impunidad.
Yo no digo que un modelo de jurisdicción sea mejor o peor que otro. Lo que digo es que la jurisdicción universal tiene que estar dotada de mecanismos que no generen impunidad.
«El ecocidio debe figurar en el estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad, en el artículo 7 del Estatuto de Roma»
La de 2014 se dijo que fue a consecuencia de la imputación a toda la cúpula del Partido Comunista de China, por el tema de Tíbet, cuyo país tenía el 20 por ciento de la deuda exterior española.
Los intereses económicos, políticos y diplomáticos siempre han sido los grandes enemigos de las víctimas. Por eso se crea la jurisdicción universal.
Es como cumplir y mentir.
Son normas de estantería. Se aprueban, se colocan en el libro, en la estantería y se olvidan de ellas
Con la justicia universal no tienes más remedio que tomar posición: ¿Defiendes los derechos humanos, a las víctimas, o es solamente una vestimenta para justificarte ante la ciudadanía que eres progresista y que respetas los derechos humanos?
Y a su madre, cuando le habla de la jurisdicción universal y de la Corte Penal Internacional, ¿cómo se lo cuenta?
El Estatuto de Roma contempla unos delitos a los que también se les aplica el principio de justicia universal. Pero lo que dice este Estatuto es que todos los países que lo hayan suscrito están vinculados por esa norma.
Pero esa norma tiene un tiempo de vigencia. Cuando entra en vigor, que es julio de 2002. Por lo tanto, son crímenes que se han cometido desde esa fecha en adelante.
El principio de jurisdicción universal, por el contrario, se aplica a países que no han ratificado el Estatuto de Roma.
Como Estados Unidos, Rusia, China, Irán o Israel…
Y todos los países árabes salvo Jordania. Así como sobre crímenes que han podido ser cometidos antes de 2002 y que por la naturaleza del crimen son imprescriptibles, como son los de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.
La explicación es sencilla: cuando hay una respuesta del Estado donde se cometieron los crímenes no hay ninguna discusión; cuando hay una respuesta del Estatuto de Roma, porque no ha habido respuesta del Estado, principio de complementariedad, no hay problema; cuando no ha habido respuesta ni de uno ni de otros está la jurisdicción universal, que actúa como cláusula de cierre.
Es una cláusula escoba. Esto no puede quedar impune.
Cualquier país que tenga ratificado el Convenio contra la Tortura, contra la prevención del genocidio, de bienes culturales de la UNESCO, se establece que tienen que ser juzgados. Ahí entra la jurisdicción universal.
Una cosa muy curiosa que dice su libro es que el principio de jurisdicción universal tiene su origen en la piratería en los siglos XVIII y XIX.
Sí, este era un hecho que afectaba a todos los países, aunque había algunos que lo potenciaban. Autorizando a los corsarios para beneficiarse o incomodar a otros países.
Los países, finalmente, como unos apoyaban a unos y otros a otros, y al final se fastidiaban mutuamente, decidieron perseguir internacionalmente a la piratería, y, así establecer contrapesos.
Y así surge, en la época moderna, la necesidad de combatir intereses económicos de los propios estados.
La jurisdicción universal surge no tanto de los crímenes masivos contra la humanidad, que también, sino de un interés económico-comercial de los países.
Usted desde hace tiempo promueve los llamados Principios Madrid-Buenos Aires, que propugnan la reforma del Estatuto de Roma. Y hacen hincapié en que se tipifique el ecocidio y los delitos financieros; que las personas jurídicas, las empresas sean responsables, cosa que ya contempla nuestro Código Penal. ¿Esto se materializará?
Yo creo que sí. Y más temprano que tarde. Tal como vamos evolucionando. Los jóvenes imputan a la clase política la falta de compromiso para combatir el cambio climático.
El ecocidio debe figurar en el estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad, en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
También los crímenes financieros. Tenemos que avanzar. Si nos dotamos de un instrumento como el Estatuto de Roma nos estamos quedando atrás.
La jurisdicción universal tiene que evolucionar. Es necesario cerrar los espacios a quienes están poniendo en riesgo absoluto a la humanidad. Vamos mal si no lo hacemos.
Por último, señor Garzón: ¿Forma usted parte del entramado del financiero estadounidense, George Soros, como se ha dicho últimamente?
Eso es una gilipollez. ¿Es suficientemente expresivo por mi parte?
Sí, claro.
Eso es lo que hoy se denomina una “fake new”. Tratar de meter a Soros, a la Open Society, como un ente que dirige, es cuestionar todos los movimientos de derechos humanos. Como, por ejemplo, Human Rights Watch, que tendrá unos patrocinadores, o Transparencia Internacional… Si analizamos la nacionalidad de estos filántropos acabaremos con todos los movimientos humanitarios.
¿Son mejores si los financia el Estado?, me pregunto.
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