El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la reforma de la justicia universal que aprobó el PP, con su mayoría absoluta, en marzo de 2014. De este modo, ha desestimado el recurso que presentó el PSOE dos meses después.
Tras más de cuatro años desde que el PSOE acudió al Tribunal Constitucional contra la limitación de la jurisdicción universal establecida en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Pleno ha acordado este miércoles por unanimidad rechazar su recurso.
Los socialistas consideraban que la reforma ‘exprés’ que realizó el PP en 2014 vulneraba la tutela judicial efectiva de las víctimas, la independencia de los jueces y los convenios internacionales regulados en la propia Carta Magna.
El PP limitó la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada.
Los magistrados admitieron a trámite el recurso de inconstitucionalidad de los socialistas en junio de 2014 y hasta ahora no se han pronunciado sobre el fondo del asunto. La sentencia, que se conocerá en los próximos días, señala que la justicia universal puede ser limitada por el Legislativo, por lo que la reforma de los ‘populares’ carece de tacha constitucional, apuntan las fuentes consultadas.
Archivo de causas en la Audiencia Nacional
Con esta reforma se imposibilitó a la Audiencia Nacional continuar investigando causas abiertas en virtud de la jurisdicción universal, entre ellas la del genocidio en el Tíbet o el asesinato del cámara José Couso, en 2003, mientras cubría la guerra de Irak.
De hecho, se confirió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la potestad de valorar la posibilidad de que los jueces españoles puedan conocer los hechos, en caso de que el Estado no esté llevando a cabo una investigación efectiva de los mismos.
Mientras tanto, los grupos parlamentarios en el Congreso llegaron el pasado mes de octubre a un acuerdo para desbloquear la tramitación de una proposición de ley que ERC registró en octubre de 2016. El objetivo es revisar sendas reformas aprobadas por los Gobiernos del PSOE en 2009 y del PP en 2014.
Cierto es que desde que la Cámara Baja tomó en consideración esta iniciativa del partido catalán, en marzo de 2017, no se ha dado ningún paso más al respecto porque la Mesa del Congreso ha ido prorrogando el plazo para la presentación de las enmiendas parciales. Se ha retomado una vez que los representantes de distintos partidos se reunieron con los familiares de José Couso.
A este pacto se sumaron los ‘populares’, que están abiertos a «corregir» algunos de los puntos de la ley que aprobó en 2014, que ahora ha sido avalada por el TC, y con el PSOE, cuya ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene encomendado un estudio a un grupo de expertos. EP.
