Ha declarado como testigo sin que las cámaras de la televisión institucional hayan captado su imagen.
Pese a su actitud colaborativa, Jordi Sànchez no colaboró nada el 20-S, según el teniente de la Guardia Civil
Dice que no aceptó ninguna de las propuestas que hizo la Guardia Civil para facilitar el acceso a los detenidos a la Consejería ni para hacer un cerco de seguridad a los vehículos policiales
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25/3/2019 12:52
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Actualizado: 25/3/2019 13:19
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El teniente de la Guardia Civil responsable del registro a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 ha dicho en el juicio del ‘procés’ que aunque el expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez se presentó como el «interlocutor válido de la masa», no aceptó ninguna de las propuestas que le hizo la Guardia Civil para permitir el acceso de los detenidos a la Consejería ni para hacer un cerco de seguridad a los vehículos del Instituto Armado.
«Ni siquiera llegó a planteárselo a la gente», ha señalado este teniente -ahora capitán- que ha sido el primero en comparecer en la sesión de hoy en el Tribunal Supremo.
Lo ha manifestado a preguntas del fiscal Javier Zaragoza.
LO QUE DIJO SÀNCHEZ
El expresidente de la ANC manifestó ante el tribunal el pasado 21 de febrero que en todo momento, mientras duró la concentración, mantuvo comunicación con el teniente responsable del dispositivo de seguridad que estuvo todo el día del registro en Economía en la puerta de la Consejería, siempre en un tono de «cordialidad»; y que de hecho hay imágenes que muestran a los dos hablando.
El Ministerio Público pide 17 años de prisión para él por un delito de rebelión; la Abogacía del Estado, 8 años por sedición; mientras que VOX lo acusa de dos delitos de rebelión y uno de organización criminal y reclama 62 años.
Sànchez admitió que el exconsejero de Interior Joaquim Forn le llamó a media mañana para pedir su colaboración para ayudar «en materia de orden» durante la movilización, tras lo cual habló con el entonces jefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, quien le pidió que organizase a los «voluntarios» de la ANC.
«Parece que le encomendaron funciones de orden público con una concentración que se iba complicando», comentó el fiscal, a lo que Sànchez respondidó que «no hay que confundir labores de servicios de orden con el orden público», y que éste siempre estuvo al cargo de los Mossos y de la Guardia Civil.
«Una labor muy distinta, que está contemplada en la normativa de las manifestaciones, es ofrecer un mínimo de servicio de orden de los convocantes y tener una interlocución con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», subrayó, aunque también explicó que otra de sus funciones era formar un «pasillo» para que se pudiera entrar y salir de la Consejería.
Este pasillo, según manifestó, se mantuvo durante unas 12 horas, hasta que la movilización fue desconvocada al filo de la medianoche.
Preguntado por el fiscal Zaragoza sobre por qué no disolvió la concentración, viendo el cariz que estaba tomando la protesta, Sánchez le reprochó que le atribuyera unas funciones de seguridad que él no tenía.
También señaló que ante la cantidad de gente concentrada -en algunos momentos se llegó a las 40.000 personas- él se vio incapaz de hacer que se retiraran de la puerta o se disolvieran.
Sobre los vehículos de la Guardia Civil que resultaron dañados, según Sànchez, él no fue consciente de los primeros daños hasta el día 20 por la tarde, cuando se dio cuenta de que había «ruedas pinchadas», por lo que aseguró que informó de ello al teniente de la Benemérita que estaba en la entrada del edificio.
Fue entonces, según relató, cuando el teniente le comunicó que en el interior de esos coches había «armas largas», algo que, según comentó, le generó una «tensión como pocas veces» y de lo que no quiso hacerse «responsable».
Sànchez explicó que informó a Trapero y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana -responsable del dispositivo de Mossos ese día- y les dijo que haría «lo que buenamente estuviera» en sus manos para «evitar males mayores».
LA INTENDENTE LAPLANA ‘ACEPTABA’ TODAS LAS PROPUESTAS DE SÀNCHEZ
El teniente de la Guardia Civil del responsable del registro a la consejería de Economía el 20-S ha relatado que sobre las diez Sànchez ya hizo «acto de presencia».
Debido a que el entonces teniente se encontraba realizando las labores de registro, son otros guardias civiles, entre ellos el teniente responsable del equipo de seguridad que se encontraba en la puerta, los que le comunicaron que Sànchez ya se había dirigido por primera vez a la multitud.
A esa hora, ya había visto a algunos manifestantes subidos a los vehículos de la Benemérita aparcados fuera. «Cuando lo ves ya sabes que es una locura», ha apuntado.
A esas horas de la mañana, la preocupación del teniente encargado de la comisión judicial aún no era salir del edificio, sino que los detenidos en la operación judicial pudieran acceder para que presenciaran los registros de sus despachos, entre ellos el del ex número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras, Josep María Jové.
Fue por este motivo por el que solicitó a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, que se había trasladado al edificio junto con un compañero, que trataran de hacer un pasillo o desplazar a los manifestantes al bulevar situado enfrente de la entrada para tener algún acceso.
«Ella me dijo que no observaba ninguna afectación a la seguridad ciudadana y que iba a mantener así la situación. Esto provocó una indignación en mí, porque no era un elemento subjetivo, estaban cortando la vía», ha explicado.
Salvo Laplana y su compañero y otros seis mossos que vio en algún momento de la mañana, ya no observó a ningún otro agente de la policía autonómica hasta aproximadamente la una de la tarde, cuando «un inspector o subinspector de un área de mediación» se acercó acompañado de Jordi Sànchez, que se presentó como «interlocutor válido de la masa».
En la conversación que pudo mantener con el expresidente de la ANC, el teniente ha asegurado que éste no aceptó ninguna de las propuestas que le hicieron para permitir el acceso de los detenidos al edificio ni para hacer un cerco de seguridad a los vehículos del Instituto Armado que habían quedado fuera, ya que entonces ya se había percatado de las armas que habían quedado abandonadas en su interior.
«Dado que Jordi Sànchez tenía ese poder sobre la masa, se le sugirió que pidiera a la masa que se alejara cuatro metros para hacer una zona de seguridad y un cerco para los vehículos. Él dijo que la masa no se lo iba a permitir. Y la intendente Laplana aceptaba todas las propuestas de Sànchez. Teresa Laplana, que es la que debía gestionar la situación, se mantenía al margen acatando las decisiones del señor Sànchez», ha relatado.
Preguntado por el fiscal Javier Zaragoza sobre si en algún momento les dijo Sànchez que intentaría desconvocar la concentración y facilitar la actuación judicial, ha contestado que «en ningún momento».
Ha añadido que después de hablar con el expresidente de la ANC ya dio «por perdida» la posibilidad de que llegaran los detenidos para presenciar los registros.
El pasado 19 de marzo, un agente de la Guardia Civil que participó en la detención de Josep María Jové manifestó en el juicio que Sànchez advirtió que no permitiría llegar a la Consejería el vehículo con Jové detenido.
Hasta las cuatro de la madrugada, ningún miembro de la comisión judicial -salvo la secretaria judicial, que salió por la azotea- «tuvo la osadía de salir ante esa masa», que gritaba «fuera las fuerzas de ocupación», «hoy dormiréis aquí» o «fascistas», mensajes todos ellos «bastante intimidatorios».
SITÚA A JUNQUERAS Y FORCADELL EL 20-S, SOBRE LAS 17.00 HORAS, DIRIGIÉNDOSE A LOS CONCENTRADOS
Por otra parte, este capitán de la Guardia Civil ha informado que sobre las cinco de la tarde pudo ver al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras en la recepción del edificio -incluso subió a su despacho- y a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell en el exterior junto a la puerta.
También consiguieron entrar dos diputadas de la CUP que «se sentaron en el suelo, pero ante nuestra indiferencia se volvieron a ir».
Ya hacia las 21.30 o 22.00 horas pudo reunirse con Sànchez y Cuixart -era la primera vez en todo el día que veía al líder de Òmnium– para tratar de «gestionar una salida» para la comitiva judicial.
Ha narrado que ellos proponían que saliesen primero la secretaria judicial y los agentes de paisano, pero el teniente les comunicó que éstos son los que debían llevarse las cajas de pruebas, por lo que los líderes de ANC y Òmnium lo descartaron.
HABLA DE ‘RIESGO EVIDENTE’ EL 20-S Y QUE DOS MOSSAS LE AVISARON: ‘SI SALÍS, OS MATAN’
El teniente de la Guardia Civil del responsable del registro a la consejería de Economía el 20-S ha dicho que no tuvo la «osadía» de salir del edificio cuando terminaron los registros porque les «habrían machacado».
Ha dicho que existía «un riesgo objetivo y evidente» para la seguridad del dispositivo debido a la «masa» de gente que se llegó a concentrar en el exterior, y que así se lo advirtieron también dos agentes de los Mossos d’Esquadra con las que hablaron.
«Nos dijeron: ‘¿Estáis locos? Si salís con las cajas, os matan'», ha explicado parafraseando a las dos agentes que consideraron peligroso salir cargados con todas las pruebas recabadas durante la entrada y registro de la Consejería.
«Había riesgo objetivo y evidente y no sólo yo lo tenía asumido, sino que esas compañeras de los Mossos también lo tenían», ha afirmado.
Es más, supone que también Jordi Sànchez y el presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, «también veían» ese riesgo, ya que también le comunicaron que no consideraban oportuno que los miembros de la comisión judicial, aunque fuesen de paisano, saliesen con las cajas de pruebas entre los miles de manifestantes, a los que se ha referido en todo momento como «la masa».
Ha explicado que la comisión llegó a la Consejería de Economía a las ocho en punto, y que una hora después la circulación de coches ya tuvo que ser cortada debido a la cantidad de concentrados que ya se agolpaban en la calle, profiriendo «gritos, hostigamiento e intimidando».
Cuando el teniente preguntó por los agentes de uniforme, Sànchez y Cuixart dijeron que tampoco saldrían debido a la cantidad de manifestantes congregados.
«¿Les dijeron que intentarían desconvocar?», ha inquirido el fiscal. «No, a mi no me dicen nada», ha contestado el testigo.
Cuando la secretaria judicial ya había conseguido salir del edificio por la azotea y Sànchez y Cuixart ya habían llamado a los manifestantes para que desalojaran la zona, aún quedaban manifestantes junto a la Consejería.
De madrugada, el teniente pidió a todos los miembros de la comisión judicial que se reunieran en la entrada por si encontraban alguna manera de salir y fue cuando vieron que una puerta principal, «maciza de hierro», se estaba «viniendo abajo» por los empujones de un grupo de gente, por lo que todos los agentes se pusieron contra la puerta para tratar de evitarlo.
La mayoría de agentes de la Guardia Civil que habían entrado a la Consejería a las ocho de la mañana del 20 de septiembre no pudieron salir hasta las cuatro de la madrugada, más de seis horas después de firmar el acta de registro. El último equipo salió a las siete de la mañana del día 21.
A continuación comparece el jefe del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil durante el cerco a la Consejería.
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