En apenas 10 meses al frente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola le ha dado la vuelta a una situación de conflicto frontal con jueces y funcionarios; diez meses en los que ha afrontado una modernización de las sedes de justicia. En la foto, posando con el casco que utiliza cuando va a las obras. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Yolanda Ibarrola: «Ya quisiera yo que la Administración de Justicia de Madrid tuviera la tecnología de Hacienda»
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31/3/2019 03:15
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Actualizado: 31/3/2019 03:55
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«La vida es lo que te ocurre cuando estas ocupado, haciendo otros planes», dice la letra de la canción de John Lennon, «Beautiful boy», escrita para su hijo Sean.
Nada ha sido tan verdad para Yolanda Ibarrola, la actual consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Cuando la presidenta del gobierno regional por el PP, Cristina Cifuentes, se vio obligada a dimitir en abril de 2018 y el entonces consejero de Justicia y de Presidencia, Ángel Garrido, se vio catapultado a sustituirla.
A ella le tocó, a su vez, ocupar el puesto de Garrido, abandonando la Dirección General del mismo ramo.
No había otra.
La sensación que personalmente tuve en aquel momento, al conocer la noticia, me recordó una escena del capítulo 15 de la cuarta temporada de la serie Vikingos, cuando a Ragnar Lothbrok lo arrojan sus enemigos ingleses a un pozo lleno de serpientes.
Para acabar con él.
Sí, ya sé que soy muy peliculero. Ya.
Pero la cosa estaba muy difícil. Los 750 jueces estaban en pie de guerra por las malas condiciones materiales en las que se desarrollaba su trabajo.
Un Juzgado de Torrejón de Ardoz, una auténtica ratonera, se había incendiado, aunque no hubo que lamentar víctimas. Hubo mucha suerte.
En otros juzgados de la región se caían los techos, las paredes, las fachadas.
Y lo mismo pasaba con los funcionarios. Porque es a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, la cual tiene transferidas las competencias de la Administración de la Administración de Justicia, a quien le corresponde el mantenimiento y cuidado de edificios, mobiliario y tecnología que se precisa para que funcione.
Sin embargo, la abogada Yolanda Ibarrola no ha sido Ragnar Lothbrok.
Fue un símil erróneo.
Su caso se asemejaba más al del condecorado teniente del ejército estadounidense John J. Dunbar, papel interpretado por Kevin Costner, en la famosa película «Bailando con lobos».
Porque Ibarrola ha sabido, como Dunbar, mimetizarse con los pobladores –que en este caos no eran indios sino señores versados en leyes–, ganarse su confianza y darle la vuelta a la situación en solo diez meses.
Donde antes había conflicto generalizado, ahora hay paz. Reina una sensación generalizada de silenciosa eficacia.
O eso parece.
Faltan apenas dos meses para las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Ella todavía no sabe qué va a pasar con su persona.
«Un político sabe que tras un decreto de nombramiento hay un decreto de cese», afirma con una sonrisa sincera.
Se lo cree.
La incertidumbre, dentro del planeta justicia de Madrid, sobre quién ocupará su actual destino ha creado una cierta preocupación.
Y se lo cuento a la señora consejera en su despacho, sito en la Carrera de San Jerónimo, a apenas 50 metros del Congreso de los Diputados, una tarde soleada de marzo.
¿Tanto ha cambiado usted las cosas en la Administración de Justicia de Madrid como para que jueces de uno y otro signo me hayan dicho que les preocupa la viabilidad futura de los ambiciosos proyectos que usted ha puesto en marcha en estos diez meses?
¿Sí? Y eso, ¿por qué?
Porque temen que no se lleven a cabo. Ya sabe cómo es la política.
Bueno, el miedo es libre. Yo no puedo opinar sobre eso. En cualquier caso, la candidata del Partido Popular ha estado en la Consejería de Justicia y conoce bien todos los proyectos. Estoy segura de que, como presidenta de la Comunidad, los continuará.
Evidentemente, yo no me puedo pronunciar sobre lo que harán otras formaciones políticas. Lo desconozco. Y si nos vamos a ver lo que está haciendo el PSOE en el Estado, pues no me extraña que haya miedo.
«Un político sabe que tras un decreto de nombramiento hay un decreto de cese», afirma la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid. Lo tiene asumido. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Recuerda usted cuándo tomó posesión?
Como directora general de Justicia, en febrero de 2017. Luego, en mayo de 2018 me convertí en consejera de Justicia.
En esas fechas los jueces estaban en pie de guerra contra el Gobierno regional. ¿Lo recuerda?
¿Cómo no lo voy a recordar? Todo comenzó con el incendio de uno de los juzgados de Torrejón de Ardoz. Tengo que decir que los jueces tenían mucha razón con sus demandas.
Lo que había que hacer era escucharles y ponernos manos a la obra.
¿Cuál fue su plan? Porque a los jueces se habían unido los funcionarios, los letrados de la Administración de Justicia… Los tenía a todos en contra.
Cuando llegué decidí que mi actuación tenía que basarse en tres pilares básicos: Uno, las infraestructuras, otro, los recursos humanos, y, tercero, las nuevas tecnologías.
Los tres los he llevado en paralelo y a los tres les he dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y he conseguido respaldo presupuestario. Porque si al final no se les da la atención que merecen pues no salen.
Al faltar una ciudad de la justicia ha distribuido los órganos judiciales, concentrándolos en tres ejes fundamentales, el penal, el civil y la Audiencia Provincial…
Hemos hecho mucho más. Primero, en materia de infraestructuras no solo hay que considerar el edificio, la dotación de metros cuadrados, que era una necesidad imperiosa.
«Todo comenzó con el incendio de uno de los juzgados de Torrejón de Ardoz. Tengo que decir que los jueces tenían mucha razón con sus demandas»
Estamos hablando de…
Madrid capital y de periferia. Pero las infraestructuras no son edificios sino también lo que hay dentro.
¿A qué me estoy refiriendo? A que era necesario, en el caso de Madrid capital, agrupar órganos judiciales por jurisdicciones.
En el caso de Madrid región, las que no estaban unificadas había que unificarlas. A día de hoy, la mitad, prácticamente, están unificadas y el resto -Torrejón de Ardoz, Navalcarnero, San Lorenzo del Escorial, Getafe, Móstoles y Collado Villalba- están en vías de reagrupación, con construcción de nuevas sedes.
Pero también había que dotarles de otras cosas. Por ejemplo, poner desfribriladores automáticos, hacer planes de emergencia en todas las sedes, mejorar sensiblemente la seguridad.
Se ha invertido muchísimo dinero en cambiar todos los escáneres, poner circuitos cerrados de televisión allí donde no existían.
La climatización, importantísima. Lo que había eran aparatos muy antiguos. Se ha hecho una renovación importante.
En cuanto al mobiliario… Yo he visto sillas desde las que costaba mirar a Su Señoría a los ojos sentado, impartiendo justicia.
Se ha hecho y se está haciendo un gran esfuerzo en mobiliario.
¿Qué ventajas ha traído la concentración de órganos?
Ser más eficaces. Los fiscales habían sido muy perjudicados en la época de crisis. Estaban muy apiñados. Se habían empequeñecido sus espacios.
Entendimos que había que devolvérselos. Cada fiscal debía tener un despacho.
También es importante hacer recorridos diferenciados en los edificios. Para que víctima y agresor no se encuentren. Pero también hay que tener en cuenta los tránsitos diferenciados entre juzgador y justiciable.
Todas estas cosas las hemos tenido en cuenta.
Por lo que respecta a la limpieza, sacamos un nuevo concurso en el que se aumentaron en un 25 por ciento más las horas para mantener limpios los espacios.
Hemos tenido en cuenta todo esto para que el que trabaja lo haga en buenas condiciones y el ciudadano que va a pedir justicia se encuentre en un lugar que no le de miedo.
La gente va con miedo cuando acude a la Justicia, aunque sea para declarar como testigo a un pleito civil. Imponen los edificios judiciales.
Esto hay que cambiarlo. El ciudadano tiene que entrar en los edificios judiciales con la sensación de que va a resolver un problema, de que le van a ayudar.
«La gente va con miedo cuando acude a la Justicia, aunque sea para declarar como testigo a un pleito civil. Esto hay que cambiarlo», afirma Ibarrola. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Sin embargo, un edificio judicial no es un parque de atracciones.
No, no lo es. Pero, por ejemplo, en la calle Albarracín, cuando una mujer víctima de violencia de género va a la oficina de atención a víctimas que tenemos allí, muchas veces va acompañada de sus hijos.
En este edifico hay columpios donde los niños pueden estar en un ambiente de tranquilidad, en un momento familiar muy difícil.
En los baños de los edificios judiciales, tanto en los de los hombres como en los de las mujeres, se han instalado cambiadores de bebés. Porque en Madrid capital, no, pero en periferia tenemos registros civiles.
Y van mujeres con carritos de niños.
No se puede cambiar a un bebé encima de una silla de plástico.
¿Qué cuesta poner un cambiador de bebé y darle unas condiciones dignas?
¿Por qué es tan difícil, a día de hoy, encontrar gente que hable mal de usted, consejera?
Pues no lo sé. ¿Quizá porque hablo con todos? Estoy convencida de que yo puedo tener buenas ideas, pero si sumo las buenas ideas de mucha más gente, van a ser mejores.
Incluso, aunque tenga buenas ideas, puede ser que algunas de ellas estén equivocadas. Teniendo una cercanía con todos los operadores jurídicos es como las cosas finalmente salen con sensatez, con sentido común.
En el conflicto con los jueces por las malas condiciones de las sedes hubo falta de comunicación, ¿no? E invirtió tiempo en escucharles. Es evidente.
Sí, así es. Desde el principio quise conocerlos personalmente, escucharlos. Conocer sus necesidades, sus ideas. Y cómo cambiar las cosas a mejor. Claro que empleo mucho tiempo. Todas las horas de mi trabajo. Soy una mujer afortunada.
Mi trabajo me gusta mucho. Yo estudié derecho por vocación, no por causalidad o por descartar otras cosas.
«Madrid debería tener una ciudad de la justicia, un área judicial en la que todas las sedes estuvieran agrupadas»
Al apostar por la estrategia de los tres ejes, ¿significa que han abandonado la idea de tener una ciudad de la justicia?
Madrid debería tener una ciudad de la justicia, un área judicial en la que todas las sedes estuvieran agrupadas.
Ese debe ser el objetivo final. En tanto se tiene o no se tiene, lo que no podíamos hacer era permanecer con los brazos cruzados sin hacer nada.
¿Cuáles son las asignaturas que quedan pendientes a día de hoy?
La terminación de los edificios judiciales en periferia que no están agrupados. Creo que los dejo bastante encaminados. Siempre y cuando no venga alguien que cambie los planes porque considere que no es una prioridad, que la prioridad es otra.
Hay que terminar con el plan de infraestructuras que es ambicioso y que necesita la región de Madrid.
Y no es porque sea la mía, es especial. Aquí se asientan grandes empresas y muchos de los procedimientos que se ven en Madrid son procesalmente complicados y de una envergadura especial.
Madrid es una región que tiene un gran atractivo económico y la Administración de Justicia tiene mucho que decir en la proyección económica. Es una pieza clave en el desarrollo económico de cualquier región.
La región de Madrid es capital de España. Esto no lo podemos obviar. Es la realidad. Es un hecho objetivo.
Por eso, la Administración de Justicia juega un papel importantísimo en la dinamización de la economía.
¿El peor momento que usted ha vivido fue cuando la nombraron consejera, con un “Fuenteovejuna” desde la mayor parte de los funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid, contra el gobierno regional?
Soy de carácter positivo. Lo que me causa tristeza intento borrarlo de mi mente. Pero quizás, los peores momentos son cuando los tiempos corren y tú tienes prisa. Cuando el tiempo pasa y tú quieres acelerar.
Una de las asignaturas pendientes es «la terminación de los edificios judiciales en periferia que no están agrupados. Creo que los dejo bastante encaminados». Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Un momento dulce fue el 1 de octubre, cuando comenzaron a pagar a los abogados del turno de oficio de la Comunidad a mes vencido, en vez de a los cuatro meses, cuando solía ser lo habitual?
Modificar el decreto para que el pago fuera mensual y anticipado, para mí fue un hito importante.
Hay otros hitos, que afectan a muy poca gente, pero que para mí son importantes, como cuando firmamos un protocolo para que cuando un niño muere, por muerte súbita, poder hacer un estudio de los niños que pueda haber en esa familia, hermanos, primos, sobrinos, para prevenir las causas.
Cuando se produce ese tipo de muerte suele ser por una cardiopatía congénita. Ahora un centro médico puede, mediante esos estudios, detectar si alguno del resto también la padecen, y salvarle la vida.
Esto, a lo mejor, no tiene mucho que ver con toda la Administración de Justicia, con 750 jueces, con 200.000 sentencias que se dictaron el año pasado, pero son pequeñas cosas que me siento orgullosa. Si he podido salvar la vida a un solo niño, mi paso por la Consejería de Justicia ha merecido la pena.
Supongo que conoce los problemas que ha habido con el turno de oficio del territorio Ministerio, donde han cobrado recientemente lo que les adeudaban de noviembre y diciembre.
Sí, pero hay otras muchas más cosas. A mí el Ministerio de Justicia me ha paralizado, me ha retrasado muchos proyectos.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, el convenio de oficinas judiciales delegadas en centros penitenciarios que estaba prácticamente terminado en mayo-junio del año pasado, para el que solo faltaba un informe jurídico para la firma, porque la ministra quiso meter algo de pluma de carácter de estilo. Nada sustantivo.
Se ha retrasado tanto que hace tan solo unos pocos días el presidente [de la Comunidad, Ángel Garrido] finalmente lo ha firmado y lo ha remitido al Ministerio.
Una cosa que es útil para ahorrar gastos de desplazamiento, no solo para nosotros, sino también para el Ministerio del Interior.
¿En qué consiste?
Pues que haya dos empleados de la Administración de Justicia en cada uno de los centros penitenciarios, de tal manera que todas las notificaciones se puedan hacer telemáticamente.
Estamos en el siglo XXI. Es que no es de recibo que un funcionario tenga que coger un taxi para ir a un centro penitenciario, notificar y volverse en taxi a su trabajo.
Eso es un coste enorme en dinero, en tiempo y en todo. Este es un Ministerio que mira más al pasado que al futuro. Que en modernización de la justicia ha hecho cero y se nota.
Por eso no cabe la menor duda de que haya miedo al futuro. Pero yo confío en que todo saldrá bien.
«El colectivo más duro en las negociaciones han sido los sindicatos. Porque son muy inmovilistas. Están anclados en el pasado»
¿Qué colectivo ha sido el más duro en las negociaciones?
Los sindicatos, sin duda alguna.
¿Por qué?
Porque son muy inmovilistas. Están anclados en el pasado. Y yo que tengo muchas ideas innovadoras, pues… También me he llevado muchos disgustos cuando han elevado una anécdota a un gran problema.
¿Por ejemplo?
Una fuga en una tubería en 335.000 metros cuadrados que tiene la Comunidad de Madrid.
Esto es lo habitual. Mantenimiento lo resuelve. Pero por motivos, muchas veces, de elecciones sindicales, se agranda.
Luego, a veces, me llaman, y me dicen, ‘compréndelo, es nuestro papel’. Pues no, el papel de cada uno es reconocer la realidad y ponernos a la orden para que la Administración de Justicia sea buena y funcione bien.
En materia de personal habría que hacer modificaciones legales. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de trabajar. No podemos anclarnos en las formas del siglo XIX. En los auxilios, los gestores y los tramitadores.
A mí me gustaría que los sindicatos fueran el verdadero empuje de la modernidad, que dijeran, queremos ser los primeros, los más colaboradores en usar todas las tecnologías.
Cuando ves algunas posiciones inmovilistas, no todos, que te dicen que para cualquier cosa se necesita más personal, para fotocopiar, para notificar, para… No. Tenemos que ser más cualificados. Tenemos que trabajar con eficiencia.
Tenemos que romper los cánones pasados. Los sindicatos afrontan con mucho recelo cualquier cosa novedosa.
«Mi balance es muy positivo. Se ha trabajado mucho, con mucha ilusión y con muchísimo compromiso», cuenta Ibarrola. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Ha sido fácil negociar con los jueces?
En la Comunidad de Madrid hay 750 jueces. He tenido una relación muy directa con todos los decanos de la región y con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con independencia de que cualquier juez de cualquier juzgado me llama cuando quiere.
Y, por supuesto, atiendo a cualquier llamada.
Dónde sí se ha producido cierta resistencia ha sido en la implantación de las nuevas tecnologías, ¿no es así?
Oponerse a las nuevas tecnologías es una batalla perdida. Hay gente que es reacia a aprender algo nuevo. A cambiar formas de trabajo. A todo lo novedoso.
A veces cuando un magistrado ha mostrado gran reticencia, y ha aprendido. Qué bien. Esto es una maravilla.
Ya quisiera yo que la Administración de Justicia tuviera la tecnología del Ministerio de Hacienda.
Una justicia que es lenta es injusta. Una pequeña empresa que no cobra, quiebra.
Si yo veo unas infraestructuras que están muy deterioradas por una crisis económica y soy capaz de ponerlas bien, humanizar esas estructuras, que las personas que estén allí se encuentren a gusto, que los ciudadanos vayan a un sitio digno, pues me llena de orgullo y de felicidad.
Porque estoy haciendo el trabajo para el que me contrataron.
Mis informadores me dicen que le ha prestado usted una particular atención a los medios informáticos.
Hemos dado ordenadores portátiles a todos los jueces, a todos los fiscales, a todos los letrados de la Administración de Justicia. A más de un ochenta por ciento de los funcionarios, doble pantalla.
Hemos puesto cámaras de videoconferencia en todas las salas de vistas para hacer los exhortos pasivos.
Estamos instalando los visores para la exhibición de documentos, hemos integrado iusMadrid con Lexnet.
Tenemos un proyecto piloto muy bonito con registradores de la propiedad, con el Colegio de Procuradores procuradores y tres juzgados, para hacer todos las certificaciones telemáticas. Para que la Administración de Justicia sea ágil. Sin perder un ápice de garantías procesales.
«Oponerse a las nuevas tecnologías es una batalla perdida. Hay gente que es reacia a aprender algo nuevo. A cambiar formas de trabajo. A todo lo novedoso»
Recientemente la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos otorgó su premio «Puñetas Periféricas» al proyecto Lectura Fácil de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por su implantación, ya que sirve para abordar la adaptación de las sentencias a un formato que pueda ser más accesible para las personas con discapacidad cognitiva. Y…
Ese mismo Convenio lo tenía pendiente de visto bueno. Ya está firmado. Y lo hemos hecho Comunidad de Madrid, Instituciones Penitenciarias, y Plena inclusión.
¿Por qué instituciones penitenciarias?
Porque en el centro penitenciario de Estremera hay un modulo para los discapacitados intelectuales. Yo quería que el discapacitado estuviera protegido desde su detención hasta el cumplimiento de su pena.
Que entendiera en todo momento lo que le estaba ocurriendo.
Yo quería ir a más, pero yendo a más el tiempo me comió. Ya está firmado.
¿Admite sugerencias fuera de tiempo de juego?
Venga.
¿Por qué ese proyecto no lo extienden a la población, en general? El «suajili» judicial es de difícil comprensión para la ciudadanía.
Bueno, toda profesión tiene su lenguaje especializado. Los médicos, los marinos, los arquitectos… Pero se admite la sugerencia. Los ciudadanos tienen que entender lo que dice la Justicia.
Supongo que conoce usted el Eclesiastés. Dice que «Todo tiene su momento, y todo cuanto se hace debajo del sol tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar y tiempo de curar». También un tiempo para hacer balance. ¿Cuál es el suyo?
Mi balance es muy positivo. Se ha trabajado mucho, con mucha ilusión y con muchísimo compromiso. No puede ser mejor.
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