El exjefe de los ‘Mossos d’Esquadra’ Josep Lluís Trapero asegura que «no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido» el plan independentista «ideado» por el gobierno de Carles Puigdemont y del referéndum «ilegal» del 1 de octubre de 2017.
Dice que siempre ha actuado «desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales».
Así lo manifiesta Olga Tubau, abogada de Trapero, en el escrito de defensa que ha remitido a la Audiencia Nacional, donde próximamente será juzgado por presunta rebelión por la supuesta pasividad de la policía autonómica el 1-O. La causa todavía está pendiente de señalamiento.
La Fiscalía pide para él 11 años de prisión.
Tal y como ya afirmó en su declaración como testigo en el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo el pasado 15 de marzo, Trapero reitera que no ha puesto «jamás el cuerpo de los Mossos d’Esquadra al servicio de los intereses políticos secesionistas», y que los exdirigentes catalanes conocían esta «postura inequívoca».
Confirma que «ya desde el día 25 de octubre» había ordenado «la previsión de un dispositivo policial con el fin de atender las eventuales órdenes que se pudieran recibir, así como las medidas a adoptar en aras a mantener la seguridad ciudadana y el orden público».
Reitera que después de los acontecimientos del 1 de octubre y ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, como finalmente así fue, se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ante las medidas que pudiera ordenar y previó un plan para detener aPuigdemont y al resto del gobierno catalán.
También ha insistido en la versión que tanto él como otros mandos de los ‘Mossos d’Esquadra’ han manifestado ante tribunal del ‘caso procés’: que los días 26 y 28 de septiembre de 2017, pocos días antes del referéndum ilegal, la policía autonómica expresó a dirigentes de la Generalitat, en dos reuniones convocadas a petición del propio mayor, su «preocupación» por los «problemas graves de orden público» que la convocatoria podía suscitar.
Según Trapero, los mandos de los ‘Mossos’, entre los que además del mayor estaban los comisarios Ferrán López, Manel Castellví, Joan Carles Molinero y Emili Quevedo, trasladaron a Puigdemont, al vicepresidente catalán Oriol Junqueras y al consejero de Interior Joaquim Forn que el Cuerpo policial no compartía el «proyecto independentista» y les instaron a «cumplir con la legalidad».
NINGUNA OBJECIÓN A LOS ‘BINOMIOS’
Defiende la actuación de los ‘Mossos’ durante el 1-O y sostiene que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O, conocía el plan propuesto por los Mossos para ese día, consistente en el envío de ‘binomios’ a más de 2.000 centros de votación, y que no presentó ninguna objeción al respecto.
«En ningún momento se manifestó por Pérez de los Cobos, ni por ninguno de los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que dicha participación resultara inoperante ni insuficiente en aras a dar cumplimiento al mandato judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni tampoco se manifestó ninguna desconfianza respecto de la voluntad de cumplimiento por parte del mayor Trapero y de la Prefectura de los Mossos d’Esquadra», destaca.
Según Trapero, en las reuniones previas de coordinación «se acordó un dispositivo conjunto y único integrado por los tres cuerpos policiales: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d’Esquadra».
Explica que se consensuó así «por el elevado número de centros de votación (más de 2.200) repartidos por todo el territorio de Cataluña» y por el «carácter reivindicativo, pacífico y de resistencia pasiva, que de forma unánime entre los asistentes a las reuniones de coordinación se consideró que tendría la jornada».
Trapero detalla que el carácter «pacífico» que se dio a la jornada del 1-O en las reuniones de coordinación hizo que se acordara que «la primera intervención la realizarían los agentes de Mossos d’Esquadra y que las unidades de orden público estarían a reacción, fuera de la vista de los centros», una reacción que desplegarían mayoritariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a requerimiento de ‘Mossos’, cuando la primera actuación no fuera suficiente.
Sobre las pautas de actuación que los mandos de los Mossos transmitieron a sus agentes desplegados el día del referéndum, garantiza que «ninguna» de ellas «conlleva, ordena o indica que se adopte una conducta pasiva o inactiva».
Con sus órdenes de «contención» y «proporcionalidad», el exjefe de los ‘Mossos’ afirma que «en modo alguno» pretendía «enmascarar una pretendida y dolosa inacción policial tendente a no evitar la celebración del referéndum», sino que transmitía a sus agentes las indicaciones dadas por el auto de la magistrada del TSJCat Mercedes Armas.
Defiende la versión de que dicho auto anulaba las órdenes anteriores de la Fiscalía Superior de Cataluña y que en él se pedía a las fuerzas actuantes que garantizaran en todo momento la «convivencia ciudadana».
Según relata, a lo largo del 1-O los ‘Mossos’ evitaron que 24 centros se constituyeran como centros de votación a primera hora de la mañana, en 110 locales se interrumpió la actividad de votación, y se decomisaron 423 urnas, unas 90.700 papeletas de votación, unos 64.800 sobres de votación y otra documentación relacionada con el referéndum.
DICE QUE NO ORDENÓ ‘SEGUIMIENTOS’ A POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES
Trapero también afirma que «no ordenó a los Mossos labores de seguimiento o vigilancia a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo», y que mandó investigar todas las conductas de aquellos agentes de la policía autonómica que incumplieron las órdenes dadas por los mandos para cumplir el mandato judicial.
Respecto a los acontecimientos del 20 y 21 de septiembre de 2017 durante los registros en la Consejería de Economía de la Generalitat, Trapero asegura que «ni propició» la concentración de una «gran masa» de personas «ni mantuvo una conducta pasiva en connivencia con los responsables políticos y los responsables de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, en una suerte de participación en el plan secesionista».
Dice que no es cierto que no se movilizaran efectivos de orden público de los ‘Mossos’ a la zona, y que en las solicitudes de apoyo de la Guardia Civil «no se hizo mención a los vehículos policiales» rodeados por los manifestantes que luego resultaron destrozados, ni a que en su interior hubiera armas largas hasta las 13.20 horas, «momento en el que la concentración de personas era masiva y totalmente compacta».
También señala que su actuación y la de los mandos de los ‘Mossos’ el 20 y 21 de septiembre «no estuvo ni dirigida, ni coordinada por la cúpula política de la Consejería de Interior», y que sus conversaciones con Jordi Sànchez, líder de ANC, se produjeron porque el consejero Forn le comunicó que le llamaría.
