El exmagistrado, y ahora abogado, Elpidio Silva, ha articulado la demanda interpuesta por taxistas de la Plataforma Integral del Taxi (PIT) contra empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) por presunta competencia desleal y por la que reclaman en torno a 100 millones de euros de indemnización.
El Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid la ha admitido a trámite.
Se dirige contra Cabify, Uber, Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi, a quienes acusan de competencia desleal y piden el resarcimiento de daños y perjuicios.
En un comunicado, la PIT –que coordina a unos 1.900 taxistas demandantes– ha celebrado la admisión de la demanda y ha destacado: «Es solo el principio de lo que supondrá el recorrido legal de esta demanda, pero es un paso imprescindible que todos estábamos esperando, y del que nunca hemos dudado, porque a pesar de las dificultades, trabajamos con grandes profesionales y la razón nos asiste».
El coordinador y portavoz de Elite Taxi y de la PIT, Alberto ‘Tito’ Álvarez, ha explicado que reclaman que se abone «a cada demandante por cada licencia que ostente, solidariamente, la suma de 13.699 euros por concepto del perjuicio causado (daño emergente); más 6.513 euros anuales por cada demandante, por cada licencia que ostente, a computar desde el año 2019, inclusive, hasta la finalización de la competencia desleal».
MERCADO SOBRE «ARENAS MOVEDIZAS»
El escrito de demanda hace referencia a entidades que supuestamente ostentan el control del mercado ‘uvetecista’: «Hablamos de operadores que han impulsado el crecimiento de un mercado sobre arenas movedizas y prácticas ilegales sistemáticamente reiteradas, al ignorar el sistema territorial de distribución de competencias en el Estado español, copando la gran mayoría de las licencias del sector de VTC, desplegando el control estratégico del mismo, fomentando la especulación, promoviendo el crecimiento del precio de las licencias de VTC y consumando una competencia desleal en masa».
Los demandantes piden al juez que se declare que las empresas han realizado actos de competencia desleal consistentes en «la actividad del transporte discrecional de viajeros en las áreas urbanas de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Getxo, Castellón, Barakaldo, Durango, Alicante, Santander, Ibiza, Palma de Mallorca, Vizcaya, Bilbaorui, Guadalajara, La Coruña, Portugalete, Burgos y Toledo, valiéndose de licencias estatales para explotar VTC, desde el año 2014, vulnerando normas jurídicas concurrenciales».
Y que «dicha actividad de transporte se ha consumado mediante falsos autónomos, o infringiéndose normas tributarias y de la seguridad social, desde el año 2014, vulnerando normas jurídicas no concurrenciales». EP.
