El Colegio de Abogados de Granada, como acordó ayer en Junta de Gobierno, ha presentado esta mañana una reclamación conjunta de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.
Esta tiene origen en los importes que 1.252 letrados de la provincia dejaron de cobrar tras la publicación de la Orden 17 de septiembre de 2012, que aplicó una reducción de un 10% lineal en los módulos y bases de compensación económica del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
La Corporación, como institución, también reclama una indemnización por la reducción de 108.907 euros en los gastos de gestión.
Esta decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia del 12 de diciembre de 2016 y en respuesta al recurso contencioso administrativo 1390/2012 interpuesto por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, declarara nula dicha Orden.
De este modo, se abrió la puerta a ejercer acciones de responsabilidad patrimonial en base a la resolución anulatoria del Alto Tribunal en el plazo de un año desde la notificación de la sentencia definitiva, que aún no se ha publicado en el BOE.
Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Letrada
“El TSJA ha dado la razón al colectivo profesional y creemos que es nuestro deber solicitar al Gobierno autonómico que resarza a los abogados del Turno de Oficio y Asistencia Letrada con esos importes que dejaron de percibir por una orden que ha sido anulada por la Justicia”, explica el decano.
El propio Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados, añade que esta medida no evita que la Abogacía granadina continúe reivindicando a la Administración una dignificación del servicio de Justicia Gratuita.
De hecho, la Junta de Gobierno también ha acordado reclamar al CADECA a que inste la ejecución de la sentencia ante el TSJA y solicitar una reunión urgente con el delegado de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Pública, Gustavo A. Rodríguez.
“No es de recibo que un letrado que está garantizando un derecho constitucional como la tutela judicial efectiva cobre poco más de 130 euros por un expediente que puede prolongarse durante meses”, añade Cabrera.
En total, el importe por los daños y perjuicios ocasionados reclamado por la Corporación profesional asciende a 1.960.786,21 euros.
Representaría esa reducción aplicada por la Orden a los servicios de Turno de Oficio y Asistencia Letrada prestados por 1.252 letrados adscritos al colectivo desde el cuarto trimestre de 2012 hasta 2017, teniendo en cuenta que, en este último año, el baremo se recuperó en un 5% y, a partir de 2018, en el 10%.
Asimismo, el Colegio de Abogados, como institución, también va a presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial por valor de 108.907,38 euros proveniente de los gastos de infraestructuras que la Junta abona a los colegios y consejos por la gestión del servicio y que, en base a la citada orden anulada, la Corporación profesional ha dejado de percibir durante ese periodo.
Junto a esto, la Abogacía granadina ha facilitado a cada uno de los letrados afectados la liquidación personal que le corresponde, para aquellos colegiados que decidan presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma individual ante la Administración andaluza.
