Anna Simó y Lluís Coordinas, ambos procesados por desobediencia –próximamente serán juzgados por el TSJCat por los mismo hechos que Forcadell– exculparon a la expresidenta del parlamento autonómico por permitir la aprobación de las "leyes de desconexión". Foto: Poder Judicial.
Dos exmiembros de la Mesa del parlamento autonómico -también procesados- exculpan a Forcadell
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15/5/2019 07:00
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Actualizado: 15/5/2019 08:40
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Los exdiputados de Junts pel Sí Lluís Corominas y Anna Simó, exmiembros de la Mesa del parlamento autonómico que presidió Carme Forcadell –igualmente procesados, pero por desobediencia– exculparon a la política de su responsabilidad por haber permitido la votación de las denominadas «leyes de desconexión» el 6 y el 7 de septiembre de 2017, que después fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.
Tanto Corominas como Simó serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) junto a tres de sus excompañeros de Mesa y la diputada de la CUP Mireia Boya, si bien ello no les impidió contestar este martes a la mayor parte de las preguntas que le realizaron tanto la abogada de Forcadell, Olga Arderiu como los fiscales.
Así, tanto Corominas –que estuvo en la Mesa pero hasta finales de julio de 2017, antes de que se tramitaran las «leyes de desconexión» (la ley de transitoriedad y la ley de referéndum–, como Simó negaron que Forcadell les diera jamás ninguna indicación sobre lo tenían que hacer en dicho órgano.
Añadieron que Forcadell tampoco utilizó su voto de calidad para determinar la admisión de ninguna de sus propuestas.
De hecho, la expresidenta del parlamento autonómico propició la participación en este órgano de grupos parlamentarios sin representación, como PP y la CUP, que tenían voz aunque no voto.
Ambos testigos también coincidieron en señalar que la práctica totalidad de asuntos que se registran son admitidos por la Mesa, puesto que el artículo 37 del Reglamento de la Cámara únicamente obliga a comprobar requisitos formales.
En una de las admisiones realizadas, relativa al denominado debate de orientación política (para plantear un referéndum vinculante) lo que se miró para admitirla fue simplemente si la citada resolución era congruente con el debate del que derivaba, y tras ello se admitió.
Otro tipo de iniciativas, como proposiciones de ley por iniciativa popular, sí exigían entrar en el contenido según Corominas, quien pese a ser miembro de la Mesa desde 2008 manifestó no recordar, por estar convaleciente en ese momento, una propuesta de 2010 sobre independencia que sí fue rechazada por la Mesa dado su contenido inconstitucional.
Respecto a las advertencias tanto del letrado Mayor como del secretario general del Parlament –derivadas de las resoluciones del Tribunal Constitucional– señaló que Forcadell se las hizo llegar a todos ellos si bien éstas no eran vinculantes.
Sobre otro aspecto de los debates en la Mesa, relativo a la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, tanto Corominas como un testigo que contestó previamente, el que fuera secretario general de las Cámaras Pere Sol, recordaron que el propio diputado del PP Enric Millo manifestó su conformidad con el hecho de que este asunto se tramitara de este modo.
El término referéndum, según insistió durante su declaración Corominas, no «afloró» en la Cámara hasta la cuestión de confianza a la que se sometió posteriormente el expresident Carles Puigdemont, algo que no fue cuestionado por ningún grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional.
COROMINAS DEJA DE DECLARAR
En un momento dado el abogado Javier Melero –que defiende en esta causa al exconsejero del Interior Joaquim Forn– intervino advirtiendo que lo hacía como defensor de Corominas en la causa ante el TSJCat, y poniendo de manifiesto que las preguntas que en ese momento le estaba realizando el fiscal Javier Zaragoza podrían entenderse como incriminatorias.
Tras un receso y consultarlo con su letrado, el exparlamentario de Junts pel Sí rechazó seguir contestando a las acusaciones.
Por lo que se refiere a Simó su aportación como testigo fue muy similar a Corominas si bien añadió que pudo ver a Forcadell en la tarde del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía donde una multitud protestaba por los registros que se estaban produciendo en dicha jornada en diversas sedes de la Generalitat.
«Fue un momento, cuando se saludó con el vicepresidente Junqueras», manifestó.
En la sesión intervino también, a requerimiento de la defensa, la letrada de las Cortes Mercé Arderiu –que aclaró que no tiene ninguna relación familiar con la abogada de Forcadell– y que redundó también en que en la Mesa del Parlament únicamente valora los requisitos formales de las propuestas.
Incluso advirtió de posibles irregularidades para que puedan ser subsanadas, añadió la testigo.
La letrada también fue cuestionada sobre la inclusión en el orden del día del Pleno del 6 de octubre de 2017 de la Ley de Referéndum, que fue aprobada en una jornada maratoniana.
Recordó que el Orden se alteró a solicitud de dos grupos parlamentarios (Junts pel Sí y el de la CUP) y que la presidenta Forcadell no tenía capacidad de vetarlo.
«No tenía ninguna capacidad para parar el Pleno», añadió.
La primera testigo de la tarde fue Montserrat Vintró, subdirectora de gestión económica de la Consejería de Justicia de la Generalitat, que explicó el procedimiento a seguir en los expedientes de contratación.
Fue citada a declarar por el abogado Josep Riba, que ejerce la defensa del que fuera responsable catalán de esta cartera Carles Mundó para desmontar la acusación por malversación de caudales públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En este sentido, la testigo afirmó que Mundó tenía las competencias de contratación delegadas en el secretario general del departamento o del director de servicios y que le dieron instrucciones que provenían del exconsejero para que no se iniciaran compromisos relacionados con el 1-O.
A su vez, explicó que todos los expedientes son públicos y que deben estar firmados por al menos «20 funcionarios» de ese departamento, con la imposibilidad de que otro pueda intervenir.
VOTANTES DEL 1-O
Después declararon, a propuesta de la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, dos votantes en el referéndum ilegal que aseguraron que fueron agredidas por las actuaciones policiales en los colegios en los que depositaron su voto.
La primera de ellas fue María Luisa Carrillo, que contó que, debido a que dos agentes de la Policía Nacional la «estrellaron» contra el suelo, lo que le provocó una fractura pélvica que le impidió «valerse» por sí misma «durante cuatro meses».
La testigo mostró su «indignación» por estos hechos, y concluyó su relato dando un golpe en la mesa, por lo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le pidió que se calmara, e, incluso, le comunicó que su testifical podría ser aplazada hasta que se tranquilizase.
Carrillo continuó declarando y enfatizó que el 1 de octubre fue a dar su «opinión limpia y clara» ya que es «una ciudadana libre».
«Si no hay opinión de los ciudadanos, díganme ustedes dónde vamos», añadió, al mismo tiempo que indicó que ningún otro votante le dio instrucciones de dónde debía colocarse para hacer frente a los policías porque, según dijo, no lo hubiese «tolerado».
Posteriormente, ha comparecido Esther Raya, que relató cómo la Policía Nacional en el colegio Pau Claris (Barcelona) sacó a los manifestantes «de malas maneras», «arrastrándoles» y sin decirles «nada».
Aprovechó su declaración para manifestar que tiene «indicios» de que este Cuerpo posee el teléfono móvil que llevaba ese día, ya que, tal y como señaló, «se han conectado desde Andalucía».
También aseguró que le han borrado conversaciones de WhatsApp y fotografías.
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