Varias internas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche han remitido a través del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine a la juez encargada de su control una queja en la que exponen que los agentes de Policía del centro les niegan supuestamente atención sanitaria y les dan un trato «despectivo».
Así consta en el escrito enviado a la juez de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias Sánchez, en el que las internas denuncian presuntas agresiones y que se les niega por ejemplo «compresas, papel higiénico, el mando del televisor, mecheros o cuchillas de afeitar».
Las internas denuncian que cada vez que piden alguno de estos objetos, los agentes les reprochan que «dejen de molestar», que ocasionan «muchos gastos» y además les dirigen alguna palabra «despectiva». El diario ‘El Español’ ha sido quien ha adelantado la noticia.
En la carta se expone un episodio en el que una interna rusa sufría un hinchazón en la cara «con mucho dolor» y se le negó la atención médica.
«Le dijeron que no era urgente«, consta en el escrito, que añade quejas relacionadas con advertencias a las internas de vuelos de deportación.
Consideran que estas notificaciones llegan «con pocas horas de anticipación» para «interferir en cualquier recurso» que los abogados puedan presentar «por cuestión de tiempo».
También relatan cómo «la semana pasada», un funcionario «ocasionó un golpe a una compañera, sacó su porra y la golpeó en la parte baja de la espalda».
Según el relato de las once firmantes de la carta, el policía respondió que «podía golpearla hasta que se cansara». Añaden que todo ello fue grabado por las cámaras.
«Hay algunas compañeras que llevan pidiendo médico por días y estos policías no prestan atención, porque para ellos ninguna de nosotras tiene importancia», añaden en la misiva.
Además, aseguran que «casi siempre» les roban el cambio de las máquinas expendedoras.
Sobre la situación en el CIE aseguran estar «desesperados» y añaden que han llegado a España a «buscar mejor calidad de vida» para «poder vivir en el país, pagar impuestos y poder así ayudar» a sus familias.
SUPUESTAS TORTURAS
El pasado 27 de mayo, la magistrada solicitó que se deduzca testimonio contra varios agentes de Policía que custodian a internos por un delito de torturas a raíz de varias quejas que denunciaban «tratos vejatorios y degradantes».
Las quejas llegaron a la mesa de la juez a través de la ONG Observatorio De Derechos Humanos Samba Martine.
La magistrada pidió que se abra una investigación tras comprobar que este centro «incumple el deber legal de velar por el respeto de la integridad física y salud de las personas internas, sin que puedan en ningún caso ser sometidas a tratos denigrantes y vejatorios».
