La defensa de Neymar pide que el caso se juzgue en Barcelona porque parte de los delitos se habrían cometido allí
Neymar celebra un gol con la Selección de Brasil./@CBF_FUTEBOL

La defensa de Neymar pide que el caso se juzgue en Barcelona porque parte de los delitos se habrían cometido allí

La acusación particular pide ya la condena en costas para las defensas, sea cual sea el desenlace, por las "dilaciones" del procedimiento
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10/6/2019 13:53
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Actualizado: 10/6/2019 13:53
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La defensa del exjugador del FC Barcelona Neymar da Silva ha solicitado a la Audiencia Nacional trasladar a Barcelona la causa sobre los presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa al fondo brasileño DIS en el fichaje del deportista.

Consideran que parte de los hechos que se van a juzgar se habrían cometido allí y ya hay precedentes, pues el club fue condenado por los tribunales catalanes por delito fiscal.

En la vista celebrada este lunes ante el tribunal que va a enjuiciar el caso, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, Jesús Santos, el abogado de Neymar y de su padre, considera que debe primar el «principio de territorialidad» a la hora de definirse la jurisdicción.

CIUDADANOS ESPAÑOLES EN BRASIL

Todo ello a pesar de que la Sala de lo Penal ya estableció en cinco autos que este juicio se debe celebrar en la Audiencia Nacional, tal y como ha recordado el fiscal José Perals, ya que otra parte de los supuestos delitos se cometieron en Brasil por ciudadanos de nacionalidad española.

El representante de la empresa familiar del delantero, N&N Consultoría Esportiva y Empresarial, ha añadido otro dato para solicitar el traslado de jurisdicción, y es que no ve a la Audiencia Nacional competente para juzgar la causa porque el delito de corrupción entre particulares «no existe en Brasil».

El resto de las defensas se han adherido a los argumentos expuestos por los abogados de Neymar y la empresa familiar.

Neymar, sus padres, los que fueran presidentes del Barça y el Santos, Sandro Rosell y Odilio Rodríguez, respectivamente, así como los dos clubes como personas jurídicas llevan procesados desde 2016 por sus presuntas maniobras para inflar el coste del fichaje hasta los 83 millones de euros.

La Audiencia de Barcelona ya enjuició el supuesto fraude de 13 millones de euros en el fichaje de Neymar, caso en el que se alcanzó un acuerdo de conformidad por el que el Barça fue condenado a pagar cinco millones y medio de euros por delito fiscal.

Sin embargo, la nueva causa que se abrió en la Audiencia Nacional fue a raíz de la denuncia del Grupo DIS, que tenía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador.

CONDENA EN COSTAS

El letrado del Grupo DIS se ha mostrado de acuerdo con el fiscal en que este caso debe enjuiciarse en la Audiencia Nacional y no en Barcelona porque, entre otras cosas, «nadie cuestiona que el delito de estafa se cometió íntegramente en el extranjero» y que algunos de los sospechosos son españoles.

Como Perals, el letrado ha reprochado a las defensas las «dilaciones» para enjuiciar esta causa debido a sus sucesivos recursos y que tres años después del auto de apertura de juicio oral todavía se esté estudiando qué tribunal es el competente para calificar los hechos.

Por todo ello, ha solicitado a la Sección Segunda que en caso de que resuelvan a su favor y el juicio se celebre en la Audiencia Nacional, la sentencia refleje una condena para las defensas por las costas del procedimiento, sea cual sea la valoración del resto de delitos.

Una vez se han pronunciado todas las partes en este procedimiento, la presidenta del tribunal, María José Rodríguez Duplá, ha dado por concluida la vista y se pronunciará en las próximas semanas sobre el destino final de este juicio.

Mientras la acusación particular que ejerce DIS solicita seis años de prisión para el exjugador del Barça, la Fiscalía pide que sean dos años de cárcel y multa de diez millones de euros.

El Ministerio Público pide la pena más alta para Rosell, cinco años de cárcel por delitos de estafa y corrupción, así como solicita dos años para el padre del delantero azulgrana y uno para su madre, Nadine Gonçalves. Mientras, Rodríguez se enfrenta a una petición de tres años.

En cuando a los clubes, a los que el Ministerio Público atribuye los dos delitos, solicita que el Barça abone una multa de 8,4 millones de euros a la que debe añadirse su parte de una indemnización de 3,2 millones en concepto de responsabilidad civil a pagar de forma solidaria junto a Rosell, el presidente del Santos y el propio club brasileño como persona jurídica.

El equipo de Brasil tendría que abonar, por su parte, una multa de 7 millones y N&N, 1,4 millones.

LA FISCALÍA NO ACUSA A BARTOMEU

El fiscal Perals, no ve, sin embargo, que existan indicios delictivos que apunten a la participación del actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu, en las presuntas irregularidades, por lo que le deja fuera de su acusación. DIS, por su parte, pide cinco años de prisión para él.

Las negociaciones para la contratación de Neymar, lideradas en 2011 por Rosell, alteraron, según Fiscalía, el libre mercado del fichaje de futbolistas y perjudicaron al fondo DIS.

Este se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia «y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso».

El fiscal cifra el dinero ‘real’ abonado por el fichaje en 83 millones de euros y calcula que como consecuencia de la dinámica desplegada en la contratación, DIS dejó de percibir diez millones de euros, por lo que debería ser indemnizada con 3,2 millones.

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