El Tribunal Supremo ha autorizado la salida de prisión del exconsejero de Interior catalán Joaquim Forn, encausado por presunta rebelión, los próximos días 14 y 15 de junio para asistir a la constitución del Ayuntamiento de Barcelona y tomar así posesión de su cargo de concejal.
El tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo que juzga el proceso independentista en Cataluña ha seguido el criterio de la Fiscalía accediendo a la petición del Forn, concejal electo de Junts per Catalunya (JxCat).
Señala que la salida de Forn de la cárcel de Soto del Real (Madrid) deberá ir acompañada «claro es, de las medidas que garanticen su seguridad y su retorno al centro penitenciario de origen, sin aplazamiento ni dilación, el día 15″.
Y establece que la autorización «se circunscribe, de forma exclusiva, a la presentación de los documentos precisos ante el registro de la corporación y a su asistencia al acto de constitución de la corporación».
El tribunal «no legitima la presencia» de Forn en cualquier otro foro ni institución, pública o privada, distinto de la corporación municipal.
El tribunal también señala que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que resulten finalmente encargados de la custodia y traslado del Forn «asumirán la responsabilidad de que su presencia en la Corporación se limitará a los fines que justifican esta autorización».
Añade que «a los efectos legales procedentes, la presente resolución servirá de formal requerimiento»; una advertencia que no recogían los autos que autorizaron las salidas de prisión de los diputados y el senadore electo.
El ponente del auto es el magistrado Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala que juzga el ‘procés’, integrada también por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro, Antonio del Moral García, Andrés Palomo del Arco, y Ana María Ferrer García.
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que está siendo juzgado por presunta rebelión, también ha pedido salir de la cárcel el próximo 17 de junio para jurar ante la Junta Electoral su cargo como eurodiputado.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado en contra porque habría que pedir en consecuencia un suplicatorio al Parlamento Europeo que ocasionaría «interferencias absolutamente irrazonables» en el procedimiento judicial.
