La Fundación Francisco Franco, que se opone a que los restos del dictador sean sacados del Valle de los Caídos, interpuso ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo una demanda de nulidad de exhumación.
A lo largo de 40 folios, también se insta a la nulidad de los acuerdos sobre la exhumación y posterior reinhumación en el cementerio de Mingorrubio de los restos del dictador, pese al deseo de la familia de que, en caso necesario, fuera sepultado en la cripta que la familia posee en la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid.
En el mismo escrito la citada Fundación también informa de que insta al Tribunal Supremo a que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ante el máximo tribunal de garantías de España, el Tribunal Constitucional, «dado que los acuerdos del Consejo de Ministros hallan su ‘cobertura’ en la citada ley».
«Y muy en particular –señala–, en la reforma de la misma (Ley de Memoria Histórica) operada por Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto (el decretazo)» que «tiene como objetivo único «el discriminar la presencia de los restos mortales de D. Francisco Franco del recinto del Valle de los Caídos, donde yacen por decisión del Rey emérito, padre de D. Felipe».
La cuestión de inconstitucionalidad sólo puede ser promovida, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales, si consideran que una norma con rango de ley aplicable al proceso en el que son competentes y de cuya validez dependa la decisión que tienen que adoptar pueda ser contraria a la Constitución.
Una nueva «patata caliente» para el Tribunal Supremo.
FECHA SIMBÓLICA
La Fundación –explica– eligió para presentar el escrito una fecha simbólica: el 10 de junio.
La fecha escogida por el Gobierno socialista para el traslado de los restos de Franco, sobre los que el Tribunal Supremo finalmente ordenó la paralización mediante un auto.
Gracias a ese auto, indicaron desde la Fundación Francisco Franco en un comunicado, «se ha evitado, nuevamente, la tropelía pretendida por el gobierno de profanar dicha tumba y lugar sagrado» al atender el tribunal la petición de suspender el acuerdo del Consejo de Ministros que ordenaba ejecutar la exhumación.
En la demanda también se esgrime es que los acuerdos del Consejo de Ministros impugnados son contrarios al Tratado Internacional –Acuerdo jurídico del Estado español con la Santa Sede de 1979– y violan la condición de lugar sagrado del Valle de los Caídos, cuya Basílica es lugar de culto católico.
Igualmente, se apela al incumplimiento del procedimiento legalmente establecido por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros «al haberse dictado dos acuerdos que ponen fin al procedimiento –en vez de uno sólo– y separarse artificial y fraudulentamente la exhumación de la inhumación».
En este sentido, desde la Fundación han recalcado que el Supremo ha corregido este extremo al entender que ambos guardan íntima relación, por lo que han de ser enjuiciados conjuntamente».
En su demanda, la Fundación Francisco Franco también alude a «vicios urbanísticos, de prevención de riesgos laborales y sobre patrimonio histórico» relativas a las actuaciones urbanísticas requeridas en el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, «que goza legalmente del mayor grado de protección, integral», y por tanto, los trabajos requerían la redacción de un plan especial.
