La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para Camps por fraude y prevaricación en la adjudicación a Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años y 6 meses de prisión para el expresidente valenciano Francisco Camps (PP) por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración en el caso de los supuestos amaños en la adjudicación de la Generalitat a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur de 2009.

Según señala en el escrito de acusación enviado al magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José de la Mata, Camps dio verbalmente instrucciones a la ex directora general de promoción institucional Salvadora Ibars para que le adjudicasen a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de ese stand por 366.529 euros.

Tras una instrucción de algo menos de un año en la Audiencia Nacional, De la Mata encausó a Camps a principios de este mes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la AN constató que existe «un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market».

El juez decidió encausarle en esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’ por presunta prevaricación, aunque «sin perjuicio de ulterior calificación».

Hasta ese momento le había investigado también por presunto fraude.

Anticorrupción lo acusa de estos dos delitos.

La Audiencia Nacional ordenó reabrir esta pieza para investigar a Camps en septiembre del año pasado.

Fueron las revelaciones de Francisco Correa, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el que fuera número dos de la Gürtel Pablo Crespo y el exdirigente de Orange Market, Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales de los ‘populares’ valencianos, las que hicieron que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la reapertura de las diligencias en la Audiencia Nacional para conocer si Camps dio indicaciones para adjudicar con las empresas de la trama corrupta.

Para el procesamiento y acusación del exdirigente ‘popular’ ha sido determinante la declaración que prestó ‘el Bigotes’, ya que dio detalles sobre «las circunstancias, la forma, el tiempo y el modo en que tal influencia directa se produjo y la participación que Camps tuvo en la misma», en palabras de De la Mata.

‘FLUIDA RELACIÓN’ ENTRE CAMPS Y ‘EL BIGOTES’

Al igual que el magistrado, Anticorrupción considera que Álvaro Pérez y Camps mantenían una «fluida relación» desde 2003 por ser el primero «la persona responsable de la organización de los eventos del PP en la Comunidad Valenciana y de la proyección de la imagen pública» del expresidente valenciano.

Según el escrito del fiscal, así fue cómo Camps facilitó a ‘el Bigotes’ el «acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de Fitur y de otras ferias y eventos», quienes «siguiendo instrucciones» del entonces presidente posibilitaron que Orange Market «obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, de organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat».

Señala que en la edición de Fitur del año 2009, Álvaro Pérez  y Cándido Herrero, gerente de Orange Market, bajo la «superior dirección» del líder de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, «se concertaron» con Camps para que éste, «como máxima autoridad autonómica», dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del stand de Grandes Proyectos de la feria de turismo fuera directamente adjudicado a Orange Market, al margen del procedimiento legal.

El fiscal destaca que esta presunta colaboración entre Camps y la trama, impulsada también por la «elevada deuda» que había adquirido el PP con las empresas de Gürtel, incluía que la «adjudicación ilícita» no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo como hasta entonces, sino directamente presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo «bajo la autoridad del presidente».

Así, según reconoció ‘el Bigotes’ en sede judicial, éste llevó a cabo «todo un conjunto de actuaciones previas para lograr que Francisco Camps diera verbalmente instrucciones» a la entonces directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, para que se le adjudicasen a Orange Market los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos.

Ibars, a su vez, trasladó a Álvaro Pérez la «información precisa sobre cuáles serían los expositores participantes y las necesidades concretas para su producción y montaje».

«Ibars presentó a los gestores de Orange Market, acompañados de su diseñador Juan Sanz, como las personas con las que los expositores tenían que organizar el montaje de su parte correspondiente del stand, a sabiendas de que no tenía competencia alguna para adjudicar dicha contratación», relata el fiscal.

Apunta que Ibars cumplía así «únicamente con la voluntad y con las instrucciones impartidas en tal sentido, sin ostentar tampoco competencia alguna en materia de contratación, por el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps».

LA JUEZ ABRE JUICIO ORAL CONTRA CAMPS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE FÓRMULA 1

Ayer, la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia también abrió juicio oral al expresidente valenciano por la construcción del circuito de Fórmula 1.

Francisco Camps con Bernie Ecclestone, organizador de la Fórmula 1. Foto: EP

Después de que a principios de mayo incoara procedimiento abreviado contra Camps por esta causa, ahora declara abierto el juicio oral contra él por un presunto delito continuado de malversación, en concurso con un supuesto delito de prevaricación administrativa, y por un presunto delito de tráfico de influencias.

La magistrada ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó archivo de la causa al no ver malversación e incidió en que la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.