La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, María del Carmen García Mingo, ha abierto juicio oral al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de F1 de la capital valenciana.
Después de que a principios de mayo incoara procedimiento abreviado contra Camps por esta causa, ahora declara abierto el juicio oral contra él por un presunto delito continuado de malversación, en concurso con un supuesto delito de prevaricación administrativa, y por un presunto delito de tráfico de influencias.
La magistrada ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó archivo de la causa al no ver malversación e incidió en que la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.
Sin embargo, la acusación particular, la Abogacía de la Generalitat, presentó escrito de acusación con una petición de casi 8 años de prisión para Camps por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
También pidió la apertura de juicio oral contra el exjefe del ‘Consell’ y 13 encausados más, como ha acordado finalmente la juez instructora.
Entre ellos están el exconsejero Mario Flores; el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; el director general del ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP), Antonio Carbonell; el vocal de la Mesa de Contratación del GTP César Cuesta García; y los responsables de las empresas Typsa, Ayesa, FCC, Hormigones Martínez y Cyes.
Entre los empresarios figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento de la juez y recordaba la Abogacía en su escrito.
La magistrada instructora también ha abierto juicio contra las empresas Typsa, Ayesa, Hormigones Martínez, FCC y CYES, como responsables civiles subsidiarias.
Ha denegado la petición de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, de formar una pieza separada para asegurar las responsabilidades pecuniarias, y ha determinado que el órgano competente para enjuiciar la causa sea la Audiencia provincial.
El auto, contra el que no cabe recurso, da un plazo de tres días a los acusados para que comparezcan con abogado que les defienda y procurador, tras lo cual las partes dispondrán de 10 días para presentar sus escritos.
Cabe destacar que la Audiencia de Valencia tiene pendiente de resolver varios recursos que se presentaron contra el auto de procesamiento dictado el pasado mayo, entre ellos el de la Fiscalía.
LA ABOGACÍA DE LA GENERALITAT ACUSABA A FLORES, PERO NO A RAMBLA
La Abogacía de la Generalitat presentó su escrito de acusación ‘ad cautelam’ contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa.
Solicitud que la juez rechazó y esta acusación recurrió debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, éste advirtió que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.
La Abogacía decidió no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora.
Sí acusa al extitular de Infraestructuras Mario Flores, a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y a empresarios.
Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconsejero de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
Solicita siete años de prisión para Flores, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de inhabilitación especial por un presunto delito continuado de malversación en concurso con supuesta prevaricación.
Para el exsecretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, reclama la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.
LA ABOGACÍA VE 55,7 MILLONES NO RECUPERABLES
La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia exponía en el auto en el que imputó al expresidente valenciano Francisco Camps que la construcción del circuito fue una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008.
La magistrada sostenía que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat realizó un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifraba en un total de 98.674.484 euros.
De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones.
A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.
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