El Tribunal Supremo mantiene en prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, encausado por presunta rebelión por el ‘procés’, pero activa el trámite para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad.
El tribunal que juzga el caso ha dictado hoy una providencia en la que da tres días a las partes para que se pronuncien al respecto.
Señala que «atendida la posible incidencia» del asunto en la situación personal de Junqueras, procede volver a preguntar a todas las partes para que se pronuncien, entre otras cuestiones, sobre la necesidad o no de que el Supremo dirija al TJUE una cuestión prejudical «acerca del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea y su incidencia en la concesión del permiso» solicitado por Junqueras para asistir ante la Junta Electoral Central (JEC) y cumplimentar los trámites necesarios para adquirir la condición de miembro del Parlamento Europeo.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y el resto de partes personadas en el ‘procés’ deberán presentar también alegaciones sobre el contenido de la cuestión o cuestiones que habrían de formularse.
Fue el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, quien propuso plantear esta cuestión prejudicial ante el TJUE. Lo pidió en el recurso de súplica que interpuso el pasado 16 de junio después de que el Supremo rechazara darle un permiso extraordinario para salir de prisión y poder jurar o prometer su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central (JEC).
Mientras se tramita esta cuestión, el tribunal deja en suspenso la resolución del recurso.
A juicio del letrado, esta medida permitiría «garantizar una aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea en todo el territorio de la Unión».
Entre las cuestiones prejudiciales que solicita está que se pregunte al TJUE si supone una violación de los derechos del republicano que no se le permita ejercer de eurodiputado habiendo un informe de un grupo de trabajo de la ONU que reclama su puesta en libertad inmediata.
Cabe recordar que el embajador de España en Ginebra, Cristóbal González-Aller Jurado, protestó ante la ONU por los «errores» y «distorsiones» que contiene dicho informe y que el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, se ha quejado por escrito a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por este grupo de trabajo.
Otra de las cuestiones que la defensa quiere que el Supremo plantee a la justicia europea es si la inmunidad parlamentaria a los eurodiputados existe desde el momento de su elección y no desde que recogen el acta, y si esta inmunidad protege a Junqueras «frente a medidas cautelares de naturaleza penal» como, por ejemplo, la prisión provisional.
El abogado de Junqueras también reclama al Supremo que, al margen de lo que decida sobre este recurso de súplica, «se deje sin efecto cautelarmente» la resolución que veta que Junqueras vaya al Congreso a recoger el acta, permitiendo su salida de prisión.
LA FISCALÍA SE OPUSO A QUE EL SUPREMO PREGUNTASE A LA JUSTICIA EUROPEA SOBRE ESTA CUESTIÓN
Hace unos días, la Fiscalía se opuso a que el Supremo preguntase al tribunal de Luxemburgo sobre esta cuestión, cuando informó a favor del rechazo del recurso de pública presentado por Junqueras.
Para el Ministerio Público, el planteamiento de esta cuestión prejudicial ante el tribunal europeo resulta innecesaria al estar «completamente clara la interpretación dada por el Tribunal Supremo a los artículos relativos al derecho de sufragio pasivo de los parlamentarios» en la primera resolución que denegó el permiso a Junqueras.
Ello se hizo, además, conforme a la normativa europea y la Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por lo que no debe promoverse la acción solicitada por el líder independentista en prisión, añadió.
En su recurso de súplica, Junqueras alega que impedir su salida de la cárcel de Soto del Real para jurar o prometer el cargo ante la JEC supone una vulneración de sus derechos fundamentales, como «el derecho a ser elegido y a ejercer sin perturbaciones las tareas de representación política».
La Fiscalía le recordó que la causa por rebelión en la que acaba de ser juzgado merece más protección que sus derechos políticos.
También le trasladó que si el tribunal le denegó el permiso para acudir al Congreso de los Diputados a jurar su cargo de eurodiputado fue para asegurar los fines del proceso, «y en particular su desenlace mediante el dictado de la sentencia».
Ayer, la Fiscalía del Supremo también insistió en que el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín no están protegidos por la inmunidad parlamentaria.
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