Tolerancia cero frente al «sexting» y al ciberacoso. Episodios como el de la empleada de IVECO no pueden volver a repetirse.
Ese es el sentir de Mar España, directora general de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que, en la 11ª sesión abierta de este órgano regulador, celebrada hoy en Madrid, ha avanzado que esta institución ya ultima un procedimiento de tutela de derechos por vía de urgencia para que la víctima pueda, alternativamente, denunciar esas malas prácticas.
Para España, “todos tenemos el deber de denunciar este tipo de situaciones y las empresas no pueden escudarse en que estamos ante un tema personal. Las responsabilidades penales por la difusión de un video que puede destrozar la vida de una persona están aní”.
De esta forma, desde la AEPD se va a crear un nuevo cauce de reclamaciones, que considerarán prioritarias, para la retirada cautelar en 24 horas de contenidos de Internet que puedan dañar especialmente a las personas víctimas de violencia de género o de acoso en redes sociales.
A esta iniciativa se han sumado el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género; la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Educación y el Consejo General de la Abogacía Española para activar este protocolo, donde será también clave la coordinación de Interior con las Comunidades Autónomas.
La idea sería poder presentar este servicio antes del verano a la opinión pública.
Al mismo tiempo se involucrará al Ministerio de Trabajo, porque según la directora general de la AEPD, «este tipo de temas afectan a la salud laboral de los trabajadores. Pretende que se incluya en la política de prevención de riesgos laborales de las empresas».
«Si se produce la emisión de un vídeo en una empresa, se debe enviar una notificación a todos los trabajadores para frenar este tipo de conductas para que el daño sea irreparable», avanzó.
En esta decimoprimera sesión abierta, la cuarta presidida por España, las palabras de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que inauguró el acto en Madrid, sirvieron para indicar que «La defensa de la privacidad conecta íntimamente con la defensa de la dignidad humana».
Y analizó la cara oscura de Internet, que propicia a ser el canal difusor de los delitos de odio.
En el auditórium, expertos en privacidad y representantes de los principales sectores de la economía han tomado nota de su intervención.
En este sentido, España destacó que si se logra al final cumplir el artículo 83 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), que obliga a las Comunidades Autónomas a incluir en los curricula educativos de formación y sensibilización sobre protección de datos personales a los más jóvenes, puede contribuir a evitar problemas de acoso escolar, violencia de género y, en menor medida, «sexting».
Otra cuestión importante ha sido el tema de la consultoría a coste cero.
De hecho una asociación como la Asociación Profesional Española de la Privacidad (APEP) advertía de la presencia de ofertas de sospechosa calidad y legalidad realizadas por empresas que ofrecen algún tipo de consultoría sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la LOPDGDD de tipo “coste cero”.
La directora general de la AEPD no ha tenido reparos en confesar que la adaptación al RGPD ha supuesto una notable reorganización interna de la institución, especialmente en relación a la Subdirección General de la Inspección, cuyo modelo de gestión ha cambiado de forma notable gracias al esfuerzo de sus profesionales.
Al mismo tiempo, espera que tras el verano esté ya operativo el Código Etico de la entidad.
EL PELIGRO DEL COSTE CERO DE CONSULTORÍA
A lo largo de los últimos meses, se detectaron ofertas fraudulentas que utilizan las ayudas a la formación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), así como de aquellas herramientas o sistemas de autoevaluación y autocumplimiento normativo que pueden ocasionar la creencia errónea en las pymes de que su utilización implica la adaptación a la normativa y puede sustituir el asesoramiento profesional
En este sentido, la AEPD presentará un informe sobre las consecuencias sancionadoras, incluidas las laborales y fiscales, del uso de fondos de formación para sufragar el asesoramiento en protección de datos», apuntó la directora general de la AEPD.
Hay que recordar que uno de los procedimientos sobre esta cuestión la Agencia lo archivó por falta de competencia en la materia.
Sobre el RGPD y el cumplimiento a nivel empresarial en nuestro país, España recordó que “las empresas cumplen (o quieren cumplir) con el RGPD por miedo a una posible pérdida reputacional. Ojalá las futuras encuestas arrojen otras respuestas como, sencillamente, «garantizar la privacidad de todo”.
A su juicio, este año, antes de la entrada en vigor del RGPD, ha sido duro porque parece evidente la necesidad de potenciar la colaboración pública y privada para que estas entidades puedan adaptarse al nuevo entorno de la privacidad.
«Hoy más que nunca velar por la protección de datos es signo de confianza y competitividad: las empresas reconocen temer más la pérdida de reputación que a las sanciones que se derivan de su incumplimiento», manifestó a los asistentes.
En cuanto a los datos, las 15.000 reclamaciones se mantienen desde que el RGPD entró en vigor.
Eso supone un 33% más respecto a los ratios habituales.
Otro dato que aporto la directora general de este regulador es que se han trasladado mas de 4000 reclamaciones a los Delegados de Protección de Datos (dPO), tanto en el sector público como en el privado, y 7 de cada 10 se han resuelto satisfactoriamente y en menos de 90 días.
España reconoció que está a final de su mandato.
Agració la labor de su equipo de trabajo, así como sector público y privado.
«Estamos a la espera se apruebe el Real Decreto Ley donde se regula el nuevo Estatuto de la entidad, necesario para adaptarnos a los nuevos tiempos”, dijo.
Y reconoció a los asistentes, para concluir, que no ha tenido tiempo para aburrirse en su trabajo.
