La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha reclamado hoy a la Junta de Andalucía el reintegro «inmediato» de las indemnizaciones no satisfechas a sus compañeros del Turno de Oficio andaluces.
El anterior gobierno autonómico, en manos de Susana Díaz (PSOE), aplicó una reducción del 10% en todos los baremos de Justicia Gratuita a consecuencia de una orden de la Consejería de Justicia fechada a 17 de septiembre de 2012, que ha sido declarada contraria a derecho y por tanto, anulada.
ALTODO ha lanzado hoy un comunicado en el que expresa su solidaridad con sus compañeros.
Espera que la nueva Administración andaluza actúe de oficio, «procediendo al inmediato pago del principal y los intereses adeudados a cada uno de los letrados, haciendo de ese modo un uso responsable de los recursos públicos».
Indica que «la deuda con cada uno de esos letrados continuará generando intereses hasta su completo y cumplido abono, todo ello a costa del sufrido bolsillo de los contribuyentes andaluces».
ALTODO afirma que si finalmente el gobierno andaluz exigiera a los compañeros del Turno de Oficio de Andalucía interponer nuevas acciones reclamatorias respecto a esta sentencia, «quedaría demostrada una vez más la nula sensibilidad de todos los partidos políticos, sean del signo que sean, hacia los profesionales del turno de oficio».
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno apunta que esta «injusta» medida se adoptó gobernando el PSOE, pero que «ahora son PP y Ciudadanos quienes tienen la responsabilidad de gobierno» y considera que «no parecen estar por la labor de solucionar el problema».
Por último, indica que dado que VOX, que propone esta iniciativa, tiene suscrito un acuerdo de investidura con el actual ejecutivo andaluz, entiende que «no deberían existir mayores obstáculos» para que «prospere a la mayor brevedad posible, salvo que solo se trate de un mero gesto de cara a la galería en busca de notoriedad, pero sin ánimo real de solucionar la situación».
«De no ser así, nuestra asociación lo denunciará públicamente, sin descartar posibles movilizaciones», avisa.
La Junta de Andalucía aplicó una reducción del 10% lineal en todos los módulos y bases de compensación económica por los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) presentó un recurso contencioso-administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nula dicha orden.
«Por los daños y perjuicios ocasionados», el Colegio de Abogados de Málaga ha presentado recientemente una reclamación conjunta de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.
El decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, señaló entonces que la nulidad de la orden pone de manifiesto que la decisión del anterior ejecutivo andaluz fue “injusta” y supuso “un jarro de agua fría” sobre unos profesionales ya de por sí muy mal pagados.
Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Málaga.
Lara subrayó que el Servicio de Justicia Gratuita es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la propia democracia, al asegurar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos o de su condición social.
Por ello, el Colegio de Abogados de Málaga y ALTODO exigen que se reconozca la labor de estos profesionales y se dignifique el servicio aumentando sus retribuciones hasta unos niveles “decentes” y eliminando las trabas burocráticas para los letrados.
ALTODO recuerda en su comunicado que en virtud de la citada orden, las indemnizaciones que se abonan a los letrados de turno de oficio en compensación al servicio obligatorio que estos prestan fueron recortadas un 10%, y subraya que esto «contraviene el Decreto de la Comunidad andaluza, que no contemplaba dicho recorte, vulnerándose así el principio de jerarquía normativa, de ahí la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia andaluz».
Afirma que aquella decisión, «además de ilegal, fue inmoral, porque las retribuciones de los letrados de oficio, exiguas desde su origen, llevaban muchos años congeladas, sin actualizarse siquiera conforme al IPC, y no admitían, por tanto, recorte alguno, máxime cuando la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita exige que esas retribuciones sean dignas, como garantía de calidad del servicio».
Además, destaca que tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz «sería igualmente inmoral añadir una nueva carga a los 9.000 abogados de oficio andaluces, exigiéndoles ahora la interposición de nuevas acciones reclamatorias destinadas a lograr que a cada uno de esos letrados se les abone la deuda».
En 2018, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara también presentó un recurso contencioso-administrativo contra la orden de 13 de febrero de 2018 de la Consejería de Justicia por la que se aprobaron los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Argumentó que ésta vulneraba el principio de jerarquía normativa e iba en contra de lo que dice la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, de 10 de enero, y el decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
