Armas incautadas a internos durante registros aleatorios realizados por funcionarios de prisiones.
Un preso agrede a dos funcionarios de prisiones en dos días
El domingo le fracturó a uno la nariz de un cabezazo y ayer le causó lesiones en la cabeza y en la mano a otro
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03/7/2019 16:48
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Actualizado: 03/7/2019 16:48
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Dos funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Ponent, en Lérida, han sido agredidos por un mismo interno en apenas dos días, según ha informado CSIF.
Explica que el domingo le fracturó la nariz de un cabezazo a un jefe de unidad cuando procedía a llevarlo a internamiento para cumplir sanción por otro incidente, y que ayer dejó herido a otro funcionario del Departamento Especial de Régimen Cerrado, con lesiones en la cabeza y en la mano.
El interno tiene 19 años y está cumpliendo una condena de dos años y tres meses por robo con lesiones.
El Centro Penitenciario de Ponent registró 12 agresiones durante 2018, según ha denunciado CSIF, que desde hace años lleva denunciando carencia de seguridad pasiva y de inversión, falta de personal, el envejecimiento de la plantilla y el aumento de presos con brotes psiquiátricos.
Destaca que «es inadmisible que los funcionarios de prisiones tengan que sufrir las consecuencias de los responsables políticos que han sido incapaces de dotar de los medios económicos y humanos adecuados a los Servicios Penitenciarios catalanes».
«En otros cuerpos como agentes rurales, Bomberos o ‘Mossos d’Esquadra’ se han obtenido mejoras, parece que la excusa de no tener presupuestos es solo para Servicios Penitenciarios», señala.
CSIF también denuncia que el Departamento Especial de Lérida «concentra, inexplicablemente, la misma cantidad de presos peligrosos que los centros más nuevos o reestructurados como Quatre Camins o Brians 2» y considera que «no hay ningún tipo de comparación posible entre el Departamento Especial de Ponent y los centros de nueva generación».
RECLAMA EL RECONOCIMIENTO ‘INMEDIATO’ COMO AGENTES DE LA AUTORIDAD
Ante el «alarmante» aumento de las agresiones a funcionarios de prisiones, CSIF reclama el «reconocimiento inmediato» como agentes de la autoridad y un «cumplimiento rigoroso» del protocolo unificado contra agresiones.
También pide un endurecimiento de las sanciones a los agresores, la amplicación y mejora de los medios coercitivos y material de protección, como guantes o chalecos; formación especializada de todos aquellos profesionales que trabajan con internos considerados peligrosos; y un incremento de las plantillas «para reforzar la seguridad» de los trabajadores penitenciarios.
Precisamente, la escasez de plantilla en las prisiones españolas ha sido abordada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en su último informe.
«Bajo el discutido argumento de que la disminución de la población penitenciaria permitía ajustes a la baja en la cobertura de estas plantillas, se ha producido un sostenido debilitamiento cuantitativo y cualitativo, que ha afectado a todos los grupos de trabajadores públicos que atienden el correcto funcionamiento del servicio penitenciario», subraya.
El Defensor del Pueblo también incide en su informe en la «creciente» carencia de personal sanitario que también afecta a los servicios del Sistema Nacional de Salud, pues en muchas ocasiones son reclamados con carácter de urgencia; y reclama centros específicos para presos con discapacidad intelectual.
Asimismo, pide una regulación sobre las cámaras en prisiones para luchar contra los malos tratos, para «reforzar las garantías» en las denuncias de malos tratos, «tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto».
Recientemente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona ha reconocido el derecho de un funcionario de prisiones a recibir una indemnización de 26.000 euros por parte de la Generalitat por las lesiones sufridas durante un incidente con un interno en el centro penitenciario de Jóvenes de Barcelona.
El funcionario tuvo que ser operado del tendón del hombro y estuvo unos 300 días de baja, y pese a que el preso fue condenado a indemnizarle, éste se declaró insolvente.
CSIF representó al funcionario.
Los servicios jurídicos del sindicato han destacado que se trata de una «sentencia histórica», ya que informan que es la primera resolución de este tipo que condena a la Generalitat.
CSIF recuerda que el pasado mayo ya consiguió una condena ejemplar al Estado.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció a la Administración central a indemnizar con más de 48.000 euros a una decena de funcionarios de la prisión gaditana Puerto III del Puerto de Santa María por sufrir múltiples lesiones por parte de un preso.
El interno clavó un pincho muy cerca de la yugular de un trabajador y propició múltiples patadas y puñetazos al resto de compañeros, causándoles lesiones que requirieron hasta 73 días de atención sanitaria.
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