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El Defensor del Pueblo pide una regulación sobre las cámaras en prisiones para luchar contra los malos tratos

Para "reforzar las garantías" en las denuncias, "tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto"Es una de sus reivindicaciones en el informe anual de 2018, en el que aborda otros problemas como la escasez de plantilla en las prisiones españolas.
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El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recordado en su Informe Anual de 2018 que «sigue pendiente de elaboración» una normativa que regule la utilización de cámaras de videovigilancia en las cárceles al objeto de «reforzar las garantías» en las denuncias de malos tratos, «tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto».

Aboga por una «paulatina instalación de cámaras de videovigilancia con soporte de grabación» en otros lugares, entre los que cita aquellos donde habitualmente se practican cacheos a los internos.

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«En la lucha contra los malos tratos sigue pendiente la elaboración de una normativa sobre la captación, grabación, transmisión, conservación, almacenamiento, extracción y puesta a disposición de imágenes captadas mediante videovigilancia», sostiene la institución.

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Señala que «un buen ejemplo de la utilidad de los sistemas de videovigilancia» es la investigación judicial abierta contra funcionarios de la cárcel de Teixeiro (La Coruña) por la supuesta agresión a un preso.

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo en funciones respalda la decisión del Ministerio del Interior de flexibilizar los requisitos para proceder a la excarcelación de los presos gravemente enfermos.

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Además, celebra que se haya atendido su recomendación de revisar la figura del preso de apoyo que acompaña al interno para evitar suicidios, así como el nuevo protocolo sobre la aplicación de la sujeción mecánica por motivos regimentales.

El Defensor del Pueblo en funciones también reclama que se tome de forma sistemática fotografías de los internos que fallezcan en prisión para analizar caso por caso.

Al respecto, recuerda que los últimos datos estadísticos, de 2017, arrojan que ese año 27 personas se quitaron la vida en prisión y se produjeron otras 68 tentativas.

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Sólo entre el 1 de diciembre y el 16 de enero de 2019 se registraron hasta 21 muertes de internos en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según ha informado a Confilegal la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

Una cada dos días. La mayoría de ellas fueron suicidios y otros murieron por sobredosis.

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La APFP señala que “podría haber habido más muertos”, pero que gracias a la rápida intervención de los funcionarios de vigilancia y los servicios sanitarios de las prisiones se evitan «muchas».

Fernández Marugán también aborda en su informe otros problemas como la escasez de plantilla en las prisiones españolas.

«Bajo el discutido argumento de que la disminución de la población penitenciaria permitía ajustes a la baja en la cobertura de estas plantillas, se ha producido un sostenido debilitamiento cuantitativo y cualitativo, que ha afectado a todos los grupos de trabajadores públicos que atienden el correcto funcionamiento del servicio penitenciario», subraya.

También incide en la «creciente» carencia de personal sanitario que también afecta a los servicios del Sistema Nacional de Salud, pues en muchas ocasiones son reclamados con carácter de urgencia.

DEMANDA CENTROS ESPECÍFICOS PARA PRESOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Además, el Defensor del Pueblo dedica un anexo a estudiar la situación de las personas con discapacidad intelectual en prisión y poner de relieve «el gran desconocimiento» que existe sobre esta realidad en la sociedad y, en algunos casos, en jueces, fiscales, abogados y policías.

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Desconocimiento también en el propio sistema penitenciario que, dice Fernández Marugán, «no parece haber detectado» a la totalidad de personas con discapacidad que se encuentran recluidas en las cárceles donde no hay especialistas suficientes como psicopedagogos, psicólogos clínicos o terapeutas ocupacionales.

Reclama la creación de lugares específicos para el cumplimiento de condenas impuestas a personas con discapacidad intelectual fuera de las actuales prisiones y dotadas con personal cualificado para atenderles.

Actualmente existen tres módulos específicos dentro de los centros de Segovia, Estremera (Madrid) y Quatre Camins (Barcelona) y dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en Sevilla y Alicante, insuficientes, a juicio de Fernández Marugán.

En sus recomendaciones, reclama a Justicia a introducir en el Código Penal que las penas de prisión sean corregidas por medidas de seguridad para supuestos de condenados con discapacidad intelectual inadvertida, un hecho distinto al que se refiere la norma con el trastorno mental grave.

EN ESPAÑA SE PRODUCE UNA MEDIA DE UN ATAQUE AL DÍA A FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Los sindicatos alertan que en España se registra una media de “un ataque al día” a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión. Una situación que el colectivo lleva denunciando desde 2017, y ante la que reclama que se ponga solución a la falta de personal, al “grave el problema del envejecimiento de las plantillas”, así como a la “escasez de medios de protección adecuados”, y sean considerados agentes de la autoridad.

Armas incautadas a internos durante registros aleatorios realizados por funcionarios de prisiones.

Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, denuncia en Confilegal que todavía “no se han tomado medidas para combatir” este problema. “Un día habrá una desgracia”, avisa.

Según los datos que manejan los sindicatos, entre 2011 y 2017 se han producido hasta 2.513 agresiones a funcionarios de prisiones a manos de los reclusos. Cifras que no incluyen los datos de Cataluña, que tiene las competencias transferidas, donde también “sufren una agresión cada día y medio”.

Los sindicatos informan que en 2017 -último año del que tienen contabilizadas las agresiones- en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) se registraron 305 (de las cuales ocho fueron graves; 176, leves y 121 acabaron sin lesiones). Según indica Llamazares, en 2018 “estarán en el mismo ratio, tal vez un poco por encima”.

La cárcel de Estremera (Madrid) tiene el récord en incidentes, seguida por Soto del Real, también en la capital, la de Zuera (Zaragoza), Valencia, Sevilla II y la gaditana de Puerto I.

En las prisiones dependientes de la SGIIPP hay unos 50.400 reclusos, de los cuales 16.000 son extranjeros, y trabajan 22.570 funcionarios y unos 2.000 laborales (cocineros, electricistas, celadores, fontaneros, enfermeros…).

Los sindicatos llevan tiempo denunciando «escasez de funcionarios, con más de 3.000 plazas vacantes».

“Como faltan funcionarios, se controla peor a los internos y hay más agresiones”, señala a Confilegal José Manuel Couso, portavoz de prisiones de CSIF.

“A esto se suma que más de la mitad de los funcionarios somos cincuentones. Imagínate lo que supone estar trabajando con jóvenes y en situaciones de mucho riesgo, que hay muchas”, añade Couso.

Otra reclamación histórica de los sindicatos es que se les reconozca la condición de agentes de autoridad «para que estos hechos tan graves no queden en una mera sanción disciplinaria y una multa económica por un delito de faltas».

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