El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019. Foto: EP
La vigilancia exterior de las cárceles volverá a ser asumida exclusivamente por las Fuerzas de Seguridad del Estado
El director de Prisiones anuncia que se irán rescindiendo los contratos con empresas privadas y que a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, se irá cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios
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30/1/2019 11:31
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Actualizado: 30/1/2019 12:38
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El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha informado que la seguridad exterior de las cárceles volverá a ser asumida por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ha explicado que la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco los contratos con empresas privadas, y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos.
Ortiz hizo ayer este anuncio en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto a 2018.
Según han denunciado los sindicatos de prisiones en Confilegal, el Ejecutivo de Mariano Rajoy desembolsó 175 millones en la privatización de la seguridad exterior de las cárceles.
Destacan que aquella medida “se vendió con la excusa de colocar a los escoltas del País Vasco, pero que “en su día sólo el 10% de vigilantes de esas empresas eran guardaespaldas”, y que en la actualidad “ya no queda prácticamente ningún escolta en esas mercantiles que han ganado el concurso”.
Según informan, la empresa que más adjudicaciones ha tenido es OMBUDS.
¿Y qué ha aportado la privatización de la gestión de la seguridad exterior? Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), manifiesta que “ha supuesto que vigilantes, guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado”.
El director de Instituciones Penitenciarias también ha aprovechado el debate previo sobre la subida salarial de policías y guardias civiles para irónicamente preguntarse por la falta de cuantía destinada a los funcionarios de prisiones.
«Entre el padre y la madre, dejaron ustedes huérfanos a los funcionarios de prisiones. No aprovecharon el viaje para hacer la equiparación de todos los funcionarios del Ministerio», se ha quejado.
Ortiz ha dicho que en el anterior Ejecutivo dejaron «huérfanos» a los funcionarios de Prisiones en los acuerdos de equiparación salarial, y que ya ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos al respecto.
Según ha informado, se ha acordado la creación de cuatro grupos de trabajo para abordarlas agresiones a funcionarios (223 en 2018), la formación, la reforma de clasificaciones, entre otras cuestiones.
Ha recordado que desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos. Ha reconocido que aún hay 3.000 vacantes de funcionarios, y ha informado que en unos meses se cubrirán 956.
Los sindicatos dicen que hay un déficit de más de 3.400 plazas de efectivos que se han perdido en los últimos años, y que falta una oferta de empleo extraordinaria para cubrirlas e “incrementar así la seguridad en las prisiones y paliar también el aumento de las agresiones a los funcionarios”.
Preguntado por el PP sobre la cesión de las competencias de prisiones al País Vasco, lo que tanto este partido como Ciudadanos entienden que es un «pago» del Gobierno de Pedro Sánchez por el apoyo del PNV y Bildu en la moción de censura, Ángel Luis Ortiz ha zanjado el asunto diciendo que no depende de él.
«La decisión política es al más alto nivel, no me corresponde a mí», ha contestado.
«En cuanto reciba la instrucción, me pondré a trabajar en ello. En tanto en cuanto no la reciba, yo gestiono las tres prisiones del País Vasco», ha añadido.
El Gobierno y el Ejecutivo vasco han fijado un calendario de cesiones de competencias en cumplimiento del Estatuto de Guernica que incluye, entre otras, las competencias sobre prisiones.
Además de la cesión de prisiones al País Vasco, algo «reclamado históricamente por el PNV y también por ETA», la oposición ha reprochado a Interior sus «mentiras» sobre el acercamiento de presos «con delitos de sangre» o la «foto de la vergüenza», en palabras de la diputada ‘popular’ Marimar Blanco, que se hicieron la pasada Nochebuena para la portada de un periódico la líder del PSE, Idioia Mendia, y el «terrorista Otegi».
En la comparecencia, Podemos ha cuestionado los centros de internamientos para extranjeros (CIEs) o la sustitución de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, además de los 12 millones de euros destinados para el plan de ayuda del Campo de Gibraltar, ya que ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en noviembre que serían 21 millones.
En su turno, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, ha defendido el compromiso del Ejecutivo con el Campo de Gibraltar aportando datos como que en la actualidad hay destinados 413 funcionarios más en la zona, 185 policías y 228 guardias civiles, dedicados a la lucha contra el blanqueo y a la delincuencia derivada del narcotráfico.
Otra de las explicaciones más demandadas por la oposición ha sido relativa a la auditoría acordada con los sindicatos de la Policía Nacional y la asociaciones de la Guardia Civil en relación con el acuerdo de equiparación salarial aprobado por el anterior ministro, Juan Ignacio Zoido.
Ana Botella Gómez ha anunciado que dicha auditoría finaliza en febrero y que será entonces cuando informarán si son correctas las cantidades consignadas para subir el sueldo entre 2018 y 2019.
Ciudadanos y el PP han preguntado a Botella si en 2019 los policías y guardias civiles cobrarán en su nómina de este mes de enero la primera cantidad del total de 250 millones comprometidos en el año en curso.
«Desde el 1 de enero van a cobrar», ha dicho la secretaria de Estado, aunque ha matizado que la partida se puede retrasar si no se aprueban los Presupuestos de 2019.
LAS RECLAMACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
Además de un aumento salarial, los funcionarios de prisiones reclaman que se ponga solución a la falta de personal, al “grave el problema del envejecimiento de las plantillas”, así como a la “escasez de medios de protección adecuados”, y sean considerados agentes de la autoridad.
Además, alertan que en España se registra una media de “un ataque al día” a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión. Una situación que el colectivo lleva denunciando desde 2017 y ante la que «no se han tomado medidas» para combatir este problema, según ha denunciado en Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
“Un día habrá una desgracia”, avisa.
Según los datos que manejan los sindicatos, entre 2011 y 2017 se han producido hasta 2.513 agresiones a funcionarios de prisiones a manos de los reclusos. Estas cifras no incluyen los datos de Cataluña, que tiene las competencias transferidas, donde también “sufren una agresión cada día y medio”.
La APFP critica que el Gobierno ha gastado «casi 56 millones y medio de las antiguas pesetas (373.000 euros) en abrir 25 piscinas para el disfrute de los internos y 29 millones de pesetas (173.000) en canapés y bebidas por La Merced», pero para los funcionarios y laborales, que llevan más de un año pidiendo un aumento de sueldo y más plantilla, «no haya dinero».
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