El Tribunal de Cuentas ha condenado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero a devolver 266.481 euros de las subvenciones concedidas a tres sociedades: Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla.
El fallo se conoce un día después de que el Tribunal de Cuentas lo eximiera de devolver casi 800.000 euros de dos ayudas de los ERE por estar prescritas.
El Tribunal de Cuentas considera a Guerrero y a Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla, «responsables contables directos» de un «menoscabo en los fondos públicos» por importes de 96.400, 80.000 y 90.081 euros, respectivamente.
Condena a Guerrero y a las tres entidades a abonar «de manera solidaria» los importe respectivos, así como los correspondientes intereses legales que se hayan generado.
Además, la Sala les ha condenado, junto a los administradores de las entidades, al pago de las costas de unos proceso judiciales en el que actuaron como demandantes la Fiscalía y la Junta de Andalucía.
El tribunal apunta que los hechos en que se basan las pretensiones de la parte actora fueron investigados en las actuaciones previas 116/2013 de este Tribunal de Cuentas que a su vez se basaron en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 18 de octubre de 2012, sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2010.
En el grupo de expedientes de ayudas concedidas a las empresas con dificultades de viabilidad investigados se encuentra los referidos a la ayudas a Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla cuyo importe total abonado asciende a 266.481 euros.
El Tribunal de Cuentas expone que «no ha quedado acreditado» en los expedientes de concesión de las ayudas a empresas «las razones de interés social o económico» que requiere la legislación, por lo que «se ha realizado un uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al programa 31L», lo que ha conducido «a la ausencia de la preceptiva fiscalización previa, adecuada a la naturaleza del gasto subvencional».
Añade que estas ayudas se han otorgado «prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto».
«Asimismo, ni se ha exigido por la Administración, ni ha quedado acreditado por el beneficiario, el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la correcta aplicación de los fondos», detalla.
El Tribunal de Cuentas subraya que el pago con fondos públicos, en concepto de ayuda o en cualquier otro concepto, realizado «prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con absoluto desprecio de las exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público», constituye «un hecho dañoso» para los fondos públicos que debe ser calificado como «malversación». Con información de EP.
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