El Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona ha archivado la investigación por el presunto sobrecoste de 82 millones de euros en tres obras del AVE en la zona de la estación barcelonesa de La Sagrera al considerar que no ha quedado acreditado que se haya cometido ningún delito.
La magistrada afirma que se tuvo que hacer frente a unas obras «imprevistas y urgentes en su realización con una voluntad de priorizar el cumplimiento de plazos de ejecución», reservando para el final el cobro total de los trabajos ejecutados aún no proyectados, según informa TVE.
Así, acuerda sobreseer la causa tras una «detallada y minuciosa instrucción», y deja en manos del Juzgado Central Contencioso Administrativo 8 para que determine las reclamaciones económicas correspondientes.
El 28 de junio de 2016 la Guardia Civil detuvo a una decena de personas por este caso y practicó registros en 15 domicilios en Barcelona y Madrid, tanto particulares como sedes profesionales de los diversos entes públicos y privados que participaban en las obras.
La operación la abrió el Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona a partir de una querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que comenzó la investigación en noviembre de 2014 tras recibir una denuncia presentada por el presidente de Adif.
DENUNCIA INICIAL
Esta denuncia, presentada por Adif a la Fiscalía, manifestaba que en tres obras públicas de la alta velocidad en la zona de la estación se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se había ejecutado.
De esta forma, presuntamente se emitieron reiterada e intencionadamente sucesivas certificaciones de obra con importes muy superiores a los trabajos que en realidad realizaron las empresas contratistas; y la denuncia de Adif cuantifica el sobrecoste total de las tres obras en más de 82 millones.
Ahora la juez considera que las supuestas «irregularidades y deficiencias detectadas durante la realización de la obra no resulta acreditado que encubrieran diferencias de geometría o medición de la obra, sino de evaluación y valoración de las unidades de obra».
Sobre las certificaciones emitidas durante el desarrollo de la obra, considera que no está acreditado que hubieran ocasionado «perturbación o alteración en el tráfico jurídico, al no haber generado engaño, error o confusión».
