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“Para evitar la injerencia de los partidos”, Vox pregunta al Gobierno si va a modificar la forma de elección de los vocales del CGPJ

Javier Ortega Smith-Molina, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados y portavoz de esa formación en la Comisión de Justicia, en una instantánea tomada cuando registró las preguntas para el Gobierno. Foto: EP.
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Vox se ha estrenado en el Congreso de los Diputados preguntando al Gobierno –hasta ahora en funciones– si va a impulsar iniciativas legislativas para que los 12 vocales jueces –de los 20 que forman parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– sean elegidos según establece el artículo 122 de la Constitución Española, es decir, por los 5.500 miembros de la carrera judicial de forma directa y secreta.

Para acabar con la «injerencia de los partidos políticos» (en la actualidad, los 20 vocales son elegidos por el Congreso –10– y por el Senado –10–), afirma este partido.

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Esta es la esencia de la pregunta que ayer presentó el diputado de Vox, Javier Ortega Smith-Molina, portavoz de ese partido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ante el Registro de la Cámara Baja.

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«¿Tiene intención el Gobierno de plantear las iniciativas legislativas oportunas, especialmente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para adaptar la misma a la literalidad de lo establecido en el art. 122 de la Constitución Española, de tal forma que la elección de sus miembros no esté sometida, como en la actualidad, a la injerencia de los partidos políticos?», dice literalmente la pregunta planteada por el también secretario general de la formación verde y concejal del Ayuntamiento de Madrid.

A juicio de Ortega Smith-Molina, el actual sistema de elección del CGPJ «corrompe la independencia del Poder Judicial». 

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EN LÍNEA CON CIUDADANOS Y PP

Vox se alinea así con la misma posición de Ciudadanos y del Partido Popular, que también defienden que los 12 vocales jueces vuelvan a ser elegidos por los miembros de la carrera judicial, como ya se hizo en 1980 –se cambió en 1985 en el Congreso gracias a la mayoría de 202 diputados que entonces tenía el PSOE–.

Ortega Smith-Molina también señala que que España se encuentra muy por debajo de la media europea en la ejecución efectiva de sentencias (menos del 40% anual).

Un hecho que, explica, genera una gran desconfianza en el Poder Judicial al tener el ciudadano que esperar una media de 600 días para conseguir hacer valer su derecho. Por eso, pregunta al Ejecutivo: «¿Qué medidas tiene previstas implantar el Gobierno para garantizar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24 de la Constitución Española, y reducir los tiempos de ejecución de las sentencias?«; «¿tiene contemplado el Gobierno la creación de más órganos de ejecución especializados que reviertan esta situación inconstitucional e injusta?».

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Y «¿tiene el Gobierno intención de reformar los procedimientos judiciales para facilitar la ejecución de las resoluciones dictadas por los Tribunales?».

CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LAS PENAS DE TERRORISMO

Por otra parte, en esa misma línea, Vox ha registrado dos preguntas reclamando el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo y la acción firme para evitar la celebración de actos de homenaje a etarras.

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Ortega Smith-Molina recuerda que durante el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han producido 177 casos de exaltación del terrorismo sin ningún tipo de respuesta oficial.

«Los dos últimos actos de homenaje han estado dedicados a José Javier Zabaleta, condenado, entre otros delitos, por el atentado de Zarautz en el que fueron asesinados cuatro guardias civiles y un civil. Zabaleta, que había sido condenado a 293 años, sólo cumplió 29 en prisión. También el etarra Xabier Ugarte, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, fue homenajeado a su llegada a Oñate tras cumplir sólo 22 años de prisión», refiere el diputado.

En consecuencia las dos preguntas planteadas han sido:

«¿Tiene intención el Gobierno de plantear las modificaciones legislativas oportunas en la legislación penal conducentes al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas de prisión por delitos de terrorismo, incluyendo la cadena perpetua para los delitos más graves?» y

¿Qué medidas se plantea adoptar el Gobierno para impedir la repetición de actos de enaltecimiento del terrorismo como los que han tenido lugar el pasado fin de semana 28 y 29 de Julio en Hernani y Oñate respectivamente tras la excarcelación de los terroristas José Javier Zabaleta y Xabier Ugarte?

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El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo, a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.