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Ciudadanos pregunta al Gobierno por la referencia a los «CGPJ» autonómicos en el proyecto de Reglamento fiscal

Edmundo Bal, diputado por Ciudadanos, fuejefe del Departamento de lo Penal de la Abogacía General del Estado, Edmundo Bal. Foto: ECOFIN.
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El diputado de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha preguntado al Gobierno por la referencia en el proyecto de nuevo Reglamento para la Carrera Fiscal –que aspira a sustituir una normativa preconstitucional que data de 1969– al papel que tendrían unos futuros consejos de justicia de las comunidades autónomas en asuntos como el nombramiento de los fiscales superiores en cada territorio.

Se da la circunstancia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte en un reciente informe que este punto del texto propuesto por el Ministerio de Justicia desoye la doctrina del Tribunal Constitucional (TC).

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En España no funcionan ninguno de estos consejos de justicia autonómicos, si bien su existencia y funciones están previstos en estatutos territoriales como el de Andalucía o el de Cataluña.

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La sentencia sobre Estatut catalán que dictó el TC en 2010 declaró su inconstitucionalidad por invadir claramente las competencias exclusivas del CGPJ en el gobierno de los jueces, y es esta doctrina la que estaría obviando el proyecto del Ministerio de Justicia a la hora de proponer su nuevo Reglamento para los fiscales.

En su pregunta al Gobierno, para ser respondida por escrito, el diputado de la formación naranja alude al informe del CGPJ, en el que los vocales de este órgano Rafael Mozo y Juan Manuel Fernández advierten que el artículo 55.2 del Proyecto presentado por Justicia dispone que el fiscal general del estado debe oír «necesariamente» al Consejo de Justicia de la Comunidad Autónoma cuando los Estatutos de Autonomía prevean su existencia, y siempre «con carácter previo» a la propuesta de nombramiento que realice.

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El Consejo del Poder Judicial admite que esta referencia al trámite de audiencia del Consejo de Justicia de la Comunidad autonómica se reconoce en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) –norma de la que deriva el Reglamento que ahora se pretende aprobar–, si bien apunta que no debería desconocerse la doctrina de la sentencia del TC sobre el Estatut sobre la invalidez de la previsión estatutaria de estos órganos autonómicos.

A raíz de estas advertencias, Bal realiza al Gobierno tres preguntas: si tiene la intención de seguir las recomendaciones realizadas por el órgano de gobierno de los jueces, si suprimirá la referencia a los consejos de justicia autonómicos y por último cuál es la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto de la creación de estos órganos.

CRITICAS DE SÁNCHEZ A LA SENTENCIA DEL ESTATUT

Bal recuerda en su escrito que deben tenerse en cuenta las declaraciones recientes del presidente del Gobierno en las que éste afirmó que el Estatuto de Autonomía de Cataluña «tiene un problema de origen» por haber sido recortado por el Tribunal Constitucional, de las que a su juicio «se sobreentiende su desacuerdo con el alcance del control de constitucionalidad» efectuado por el TC.

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A la vista de dichas declaraciones, continúa Bal, «es lógico cuestionarse cuál es la posición del Gobierno con respecto a la inclusión de referencias a los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas» y si el equipo de Sánchez aboga por un desarrollo estatutario futuro que conduzca al establecimiento de dichos órganos, cuya inconstitucionalidad ya fue declarada por el Tribunal Constitucional.

El proyecto del departamento de Dolores Delgado para dotar de un nuevo Reglamento a la Carrera Fiscal ha recibido hace unas semanas los preceptivos informes tanto del CGPJ como del Consejo Fiscal –este último no menciona el tema de los Consejos de Justicia Territoriales–, si bien la tramitación quedará ahora posiblemente paralizada debido a la actual situación política.

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