La Fiscalía Anticorrupción ha finalizado la exposición de sus conclusiones finales afirmando que crear Bankia no fue un error empresarial, sino una estafa consciente impulsada por los acusados para mantener sus puestos y privilegios.
El juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares ha continuado este lunes con la presentación de las conclusiones finales por parte de la fiscal Carmen Launa, que ha culminado esta tarde tras casi 22 horas declarando.
El Ministerio Público, que en su escrito final amplió su acusación y añadió el delito de falsedad contable por las cuentas la entidad y su matriz del ejercicio 2011, pero decidió absolver penalmente a las personas jurídicas Bankia, BFA y Deloitte, ha calificado el ‘caso Bankia’ como «una de las mayores estafas conocidas en España por su cuantía, número de perjudicados e impacto en la economía».
«En este juicio no se han valorado errores de gestión empresarial porque no son nuestro cometido, se ha juzgado una de las mayores estafas en la que se volatilizaron los ahorros de millones de personas y se produjo el mayor rescate financiero de nuestra historia», ha sentenciado Launa.
Sobrevaloración ficticia
Anticorrupción ha subrayado que todas las actuaciones objeto del plenario y de exposición durante todos estos meses –el procedimiento se inició en noviembre de 2018–,.
Como sacar a Bolsa a una entidad con una sobrevaloración ficticia, la imponente campaña de publicidad para atraer inversores o mantener la ficción de la viabilidad de la matriz tras salir al mercado, no pueden considerarse errores empresariales.
Ha asegurado que todo fue una táctica para mantener sus puestos y privilegios, por lo que ha solicitado que el Tribunal se acoja a su escrito de conclusiones, que ha descrito como «justas y proporcionadas a la gravedad de los hechos y a la participación de cada uno de los acusados».
Por otro lado, la Fiscalía ha aprovechado la recta final de su exposición para reiterarse en la petición de absolución que ya incluyó en sus conclusiones provisionales sobre Bankia, BFA y Deloitte.
Según ha dicho, el nuevo equipo gestor de Bankia y BFA liderado por José Ignacio Goirigolzarri ha acreditado una «cultura ética y empresarial» que le lleva a ser susceptible de exoneración de la imputación jurídica.
«Cuando Goirigolzarri llegó a la presidencia invitó al antiguo equipo a que dimitiera, presentó nuevos consejeros y a todo un órgano renovado, y reformuló las cuentas aflorando por fin todos los deterioros que permanecían ocultos», ha indicado.
En definitiva, Launa ha remarcado la «ruptura completa» del órgano de administración, así como la composición «distinta» del capital tras la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) como principal accionista con el 100% de BFA.
«La transmisión de responsabilidad no puede ser realizada por sucesión al no ser compatible con nuestro derecho penal», ha añadido.
Al tiempo que ha precisado que la ‘nueva Bankia’ colaboró con la puesta en marcha de una serie de investigaciones cuyos informes se remitieron al Ministerio Fiscal o con el programa de devolución del importe inicial a los accionistas minoritarios más un 1% de intereses.
El caso de Deloitte
En el caso de Deloitte, si bien Francisco Celma continúa como socio auditor, Launa ha argumentado que se le establece el régimen de exención a las personas jurídicas al haber adoptado «modelos de organización, vigilancia y control para prevenir los delitos objeto del presente caso».
De su lado, la abogada del Frob ha defendido al fondo público en una breve exposición en la que ha asegurado que Bankia o BFA podrían haber solicitado su intervención en 2011, pero optaron en su libre ejercicio de derecho por la salida a Bolsa.
La letrada ha explicado que el clima de desconfianza afectaba a todo el sector bancario e incluso el Gobierno español tuvo que solicitar ayudas por 100.000 millones de euros.
Además, ha dicho que el Frob ya tenía por entonces las funciones y las competencias correspondientes a una autoridad de resolución, por lo que se podría haber evitado el «gran impacto en términos de pérdidas para depositantes, desconfianza e inestabilidad, y perjuicio general para el empleo y el crecimiento económico». EP.
