Estados Unidos ha demandado al exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) Edward Snowden. Lo acusa de violar el acuerdo de confidencialidad con la publicación de un libro autobiográfico y las conferencias que ha dado en estos años.
Snowden huyó a Hong Kong en 2013 tras filtrar a Wikileaks abundante documentación de la NSA. Posteriormente, se refugió en Rusia, donde podrá permanecer hasta 2020.
Desde entonces, Estados Unidos le acusa de espionaje, un delito por el que podría ser condenado a entre 30 años de cárcel y cadena perpetua.
Snowden, de 36 años, vive en Moscú en régimen de asilo temporal, y espera que Francia le conceda asilo.
Ayer sacó a la venta la obra ‘Permanent Record’ (‘Grabación permanente’), en 23 países, entre ellos EE UU, España, México, Colombia, Argentina, Brasil y Perú.
La demanda fue presentada también ayer por EE UU ante un tribunal federal en Alexandria (Virginia).
La Fiscalía estadounidense afirma que ‘Permanent Record‘ viola los acuerdos de confidencialidad que Snowden suscribió con la NSA y con la CIA como trabajador de estas agencias porque debía haber sometido el borrador del libro a una revisión preventiva.
También alude a «los discursos públicos que ha pronunciado sobre cuestiones relacionadas con Inteligencia».
ACLARA QUE NO PRETENDE IMPEDIR LA PUBLICACIÓN, SINO EVITAR QUE SE LUCRE CON ELLO
El Departamento de Justicia de EE UU ha afirmado que no pretende impedir la publicación del libro, porque hay un precedente judicial en contra de tal medida, sino solo evitar que Snowden se lucre con ello.
Le reclama cualquier beneficio que obtenga de la obra.
También ha demandado a las empresas implicadas en la publicación «solamente para garantizar que no se transfieren fondos» al exanalista.
El texto de la demanda cita al grupo editorial responsable del libro en EE UU, MacMillan, y a la matriz de la que depende, Holtzbrinck. No menciona a Planeta, que editó las memorias en español.
«La capacidad de Estados Unidos para proteger información sensible de seguridad nacional dependen de que sus empleados y contratistas cumplan sus acuerdos de confidencialidad, incluidas las revisiones previas a cualquier publicación», ha señalado el fiscal Jody Hunt.
Hunt ha subrayado que «el Departamento de Justicia no tolerará estas brechas de la confianza pública ni permitirá que las personas se enriquezcan a expensas de Estados Unidos».
«La información de Inteligencia debe proteger a nuestro país, no proporcionar un beneficio personal», ha sostenido el también fiscal Zachary Terwilliger.
El Departamento de Justicia de EE UU ha aclarado que esta demanda es una acción judicial de carácter civil totalmente diferente de la acusación penal.
