La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) está «vigilando», a la par que analizando, el proceso de selección, llevado a cabo por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para formar la terna sobre la que el Pleno, previsto para el próximo 27 de septiembre, tiene que elegir al magistrado que ocupara la plaza vacante por el turno de especialistas en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
El interés especial de la PCIJ sobre este nombramiento se debe a que es el único de los tres en liza al que optan solo magistrados de carrera y por el hecho de que sólo uno de los tres candidatos es una mujer, Ana María Orellana Cano, con destino en la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, número 2 en el escalafón de especialistas y Académica de Número Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.
Los otros dos puestos vacantes, otro en la Sala Cuarta y un tercero en la Sala de lo Civil, son por el turno de juristas de reconocido prestigio.
«España es el país con menos mujeres en el Tribunal Supremo de la Unión Europea, tan sólo superado en este ranking por Albania y Luxemburgo», recuerdan fuentes de la PCIJ.
«España se encuentra en el puesto 38 de 40 países analizados. La media europea de mujeres magistradas del Tribunal Supremo está en un 37 %. España tenía un 14,28 % antes de la jubilación de doña Milagros Calvo y, de cubrirse esta plaza con un hombre, bajaría al 13 %», señalan.
«Para alcanzar la media europea, nuestro Tribunal Supremo debería contar con 31 mujeres magistradas. Hasta la jubilación de la que fue la primera mujer del Tribunal Supremo, Milagros Calvo, en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, eran 12 mujeres magistradas en el Alto Tribunal. Por lo tanto, el CGPJ debería nombrar a 20 mujeres magistradas del Tribunal Supremo para alcanzar la media europea», añaden.
Los seleccionados –por orden de preferencia– han sido Juan Molins García-Atance, destinado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y número 10 en el escalafón de especialistas de esta jurisdicción; la mencionada Ana María Orellana Cano,; y José Manuel González Viñas, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, con sede en Granada, y número 1 del escalafón.
Las mismas fuentes explican que «esta plaza ha sido pedida por 14 magistrados, de los cuales dos han sido mujeres. Y no se ha incluido en la terna a Emilia Ruiz Jarabo, magistrada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a pesar de que ostenta el número 7 del escalafón».
«La base sexta de las convocatorias impone al Consejo General del Poder Judicial que nombre a una mujer, si existe igualdad en méritos con un hombre», indican.
«Debe significarse que, en anteriores convocatorias, la Plataforma destacó que no existía una adecuada motivación de los nombramientos», señalan.
Y mencionan los informes que llevaron a cabo sobre los nombramientos llevados a cabo por sendos plenos del CGPJ en los que las elegidas resultaron María Luz García de Paredes y Concepción Orestes.
«Estamos vigilantes sobre este procedimiento de elección y, llegado el caso, realizaremos un informe pormenorizado del mismo», concluyen.
