La letrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña ha convocado para el 31 de enero de 2020 la audiencia previa al juicio derivado del proceso iniciado por el Estado el pasado mes de julio para reclamarle a la familia Franco la propiedad del Pazo de Meirás.
En un auto difundido este jueves, la letrada apunta que la audiencia tiene como primer objetivo «intentar alcanzar un acuerdo o transacción entre las partes», además de examinar «las cuestiones procesales» que puedan impedir el seguimiento del proceso y fijar «con precisión» el objeto del pleito y «los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia«.
Además, durante la audiencia se podrá proponer y admitir prueba y examinar «las cuestiones que, con carácter excepcional, la ley prevé que puedan plantearse».
La letrada también informa a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, «incluido el recurso a una mediación».
En ese caso, deberán informar en la mencionada audiencia de su decisión y explicar sus razones. Contra la resolución cabe presentar recurso de reposición en un plazo de cinco días.
El Pazo de Meirás fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito –PSdeG y BNG– en 2008
El Pazo de Meirás, en manos de los herederos de Francisco Franco, fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito –PSdeG y BNG– en 2008.
Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público.
En junio del pasado año, la Cámara gallega recibió el dictamen de este órgano y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.
Un año después, a inicios del presente mes de julio, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco en los juzgados de La Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás.
La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil.
En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue «fraudulento», porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular. En la causa también está personada la Xunta y el Ayuntamiento de Sada.
