Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional (TC), inauguró ayer la nueva Sección de Derecho Constitucional y Parlamentario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), con una conferencia sobre «Presente y futuro del recurso de amparo» que tuvo lugar el jueves tarde-noche.
Flanqueado por el presidente del Colegio, José María Alonso, y los dos presidentes de dicha Sección, Enrique Arnaldo y Joaquín García-Romanillos, González Rivas comenzó explicando la propia figura del tribunal que preside, recordando que “no forma parte del Poder Judicial, es la última instancia en la vía de nuestro derecho interno, no es una tercera instancia jurisprudencial, no unifica doctrina (eso es objeto de la casación), sino que vigila que no exista desigualdad en la aplicación de la Ley, discriminación proscrita en nuestro ordenamiento».
El ponente continuó detallando todas las vicisitudes del proceso, desde la interposición del recurso de amparo, “mecanismo esencial de protección de los derechos fundamentales”, y finalizó ofreciendo datos al respecto: “hemos pasado de 300 o 200 recursos al año a estar masificados, nuestro deber es preservar los derechos a la vez que aplicar con rigor la Ley, un 15% se inadmiten por no cumplir con los requisitos”, advirtió.
El presidente del TC recordó que cada año se presentan casi 7.000 recursos de amparo. 4.034 entre enero y junio de este año; 6.918 en 2018. En 2018 fueron 6.286.
En su intervención, González Rivas resaltó la importancia del recurso de amparo al señalar que constituye y seguirá constituyendo la garantía última de protección de la defensa de los derechos fundamentales en nuestro sistema jurídico, previo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ello sin olvidar su carácter subsidiario, en el que insistió, siguiendo el modelo alemán.
También subrayó la importancia de la reforma de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, al configurar la necesidad de acreditar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo como elemento determinante de la admisión.
El presidente del Constitucional, cuya disertación duró poco más de una hora sin servirse de ningún papel sobre la mesa y en un tono pedagógico y muy asequible (una auténtica clase magistral) aseguró que el mecanismo de admisibilidad que se aplica en el máximo órgano de garantías pasa por exámenes y estudios muy rigurosos.
«Porque el 90 pro ciento de los asuntos que ingresan en el Tribunal Constitucional son recursos de amparo», concluyó.
