Enrique Lucas, Roser Bach y Victoria Cinto, los tres vocales que han suscrito el voto particular sobre la forma con que se están haciendo los nombramientos en el CGPJ. Fotos: Carlos Berbell/Confilegal.
Los vocales Lucas Murillo, Bach Fabregó y Cinto Lapuente cuestionan que el CGPJ en funciones haga nombramientos
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01/10/2019 07:20
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Actualizado: 25/6/2020 18:07
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Tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han puesto en tela de juicio la «vertiginosa carrera» a la que se ha lanzado el Consejo del que forman parte «para agotar todos los nombramientos posibles» cuando no existe una «imperiosa necesidad» de hacerlo y cuya responsabilidad le corresponde al siguiente Consejo que próximamente tiene que venir a sustituirlos.
Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Roser Bach Fabregó y Victoria Cinto Lapuente han puesto blanco sobre negro sus opiniones en un voto particular sobre la aprobación de las bases de la convocatoria para nombrar a la persona que debe ocupar la Presidencia de la Audiencia Provincial de Orense, que tuvo lugar en el Pleno del pasado 25 de septiembre.
«Este voto versa (…) sobre la necesidad de que el Consejo modere el ejercicio de sus atribuciones en materia de nombramientos discrecionales habida cuenta de la prolongación de la prórroga de funciones en la que nos encontramos desde hace ya 10 meses largos que, como consecuencia de la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre, se verá ampliada unos cuantos más, y del modo en que se están haciendo algunos de ellos», dice el escrito, redactado por Lucas Murillo de la Cueva, al que se han adherido las dos vocales mencionadas y al que ha tenido acceso Confilegal.
Los vocales aclaran que no admiten que exista una pretendida pérdida de legitimidad por haber superado el tiempo de su mandato.
DESCONFIANZA DESDE DISTINTOS ÁMBITOS
Pero «una cosa es reafirmar nuestra legitimidad de origen y otra muy distinta cómo debamos ejercitar las atribuciones que nos corresponden en un contexto de forzosa interinidad en el que, con razón o sin ella, se nos contempla con cierta desconfianza desde distintos ámbitos», aclaran.
Los tres vocales se refieren a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del pasado mes de diciembre, que modificó el artículo 326.2, introduciendo la obligación de crear unas bases para cada una de las convocatorias de los puestos en liza que aseguraran los principios de mérito y capacidad.
«La práctica de su aplicación ha revelado que esa expectativa era una vana e ingenua ilusión», afirman.
REFERENCIA AL GATOPARDO: QUE TODO CAMBIE PARA QUE TODO SIGA IGUAL
Murillo de la Cueva, Bach Fabregó y Cinto Lapuente se refieren a la famosa novela de «El Gatopardo», de Giovanni de Lampedusa, para explicar el actual estado de cosas.
«Ha sido necesario que todo cambie para que todo siga igual que antes o, al menos, muy parecido. Así se aprecia en la forma de seleccionar las ternas y de confeccionar las propuestas de nombramiento en las que no existe una auténtica motivación digna de tal nombre», afirman.
«No solo porque se hacen de manera atropellada sino, sobre todo, porque los motivos para incluir a unos y excluir a otros son inaprensibles y marcadamente tautológicos (es excelente porque es mejor y es mejor porque es excelente) y, lo que es más grave, se formulan ex post facto para intentar justificar una elección cuyas verdaderas razones son otras».
Y se refieren a los nombramientos de las presidencias de las Audiencias Provinciales de Valladolid y Valencia y de los magistrados de las Salas Primera y Cuarta del Tribunal Supremo, acordados en la sesión del 25 de septiembre, la última que se celebró.
«Efectuados sin unas propuestas debidamente motivadas y sin dar razones mínimamente fundadas sobre la formación de la ternas de las que han quedado excluidas personas que tendrían que haberlas integrado. Tampoco han respetado las exigencias de la perspectiva de género ni atendido lo que al respecto señalaban los Informes preceptivos de la Comisión de Igualdad», señalan.
La cosa, de acuerdo con los vocales mencionados, se ha tornado en la convocatoria masiva de plazas, algunas todavía no vacantes, sin un examen previo de su urgencia que se resuelven recuperando viejas prácticas odiosas de reparto y compensación entre quienes forman la mayoría sacrificando cuando es preciso la idoneidad de los candidatos.
CUESTIONAMIENTO DE LA LEGITIMIDAD DE EJERCICIO DEL CONSEJO
La acumulación de nombramientos que se tramitan apresuradamente y la ausencia de rigor en su fundamentación «hace inevitable el grave cuestionamiento de la legitimidad de ejercicio del Consejo y de la garantía de la independencia judicial que justifica su existencia».
Y aconsejan la «autocontención» hasta que llegue el relevo.
«Solo debemos convocar aquellas plazas que sea imprescindible proveer a corto plazo y los nombramientos que hagamos han de estar debidamente motivados atendiendo de manera especial a las necesidades de cada órgano», manifiestan.
ARGUMENTOS APLICABLES A LA PLAZA DE PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ORENSE
«Estos argumentos generales son de especial aplicación al caso de la plaza de Presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, ya que no se nos ha dado ninguna información que lleve a pensar que es inaplazable su cobertura y que no sea suficiente con su desempeño provisional hasta que se produzca la renovación de este órgano constitucional», indican.
La causa del origen del conflicto por esta plaza estribó en que el presidente Carlos Lesmes se negó en redondo, apelando a su autoridad, a que se votara «sobre la propuesta formulada por varios Vocales sobre la retirada o mantenimiento de este punto del orden del día – es decir sobre la pertinencia de aprobar unas bases para una convocatoria que no entendíamos necesaria- e impuso que se emitiera el voto a favor o en contra de la aprobación de las bases al considerar, según su particular punto de vista, que, implícitamente, estaríamos aprobando o rechazando la convocatoria».
Y terminan diciendo: «Así se dirigen y ordenan los debates de este órgano constitucional, que es colegiado y plural. El resultado fue el rechazo, por nuestra parte de unas bases que, si hubiéramos considerado necesaria la convocatoria de la plaza afectada en el sentido expuesto en este Voto Particular, habríamos aprobado. El problema es que no pudimos hacerlo así y nos vimos obligados a actuar de esta extraña manera, lo cual, por otra parte, no es tan inhabitual en este peculiar Consejo».
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