Así lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en dos sentencias. Una, del 4 de diciembre de 1974 –Van Duyn– y la otra de 5 de abril de 1979 –Ratti–.
Y lo recuerda Josep Jover, presidente de la Asociación Mediterránea de Peritos de las TIC (ASPERTIC), que ha participado en su larga elaboración con diferentes propuestas.
«Los países que forman parte de la Unión Europea están obligados a aplicar las Directivas. Esa es la síntesis de la Ratti», añade.
«Por lo tanto, un día después de que la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción entre en vigor, en el día 21, podrá ser invocada ante cualquier tribunal español por cualquier denunciante o «whistleblower», como se les conoce en Europa. Y los jueces tendrán que aplicarla, aunque no haya sido traspuesta al sistema legal de nuestro país», señala.
Jover está muy contento con el resultado obtenido.
«Ha costado mucho pero ya está aquí. La Directiva supera con creces la proporción de ley Ciudadanos», cuenta Jover, que fue uno de los expertos que intervino en el Parlamento en 2015 cuando se estaba gestando.
Jover, que, además, es el abogado del exteniente del Ejército, Luis Gonzalo Segura, cree que esta Directiva va a permitir reclamar, en su nombre, una serie de garantías y procedimientos contempladas en la misma.
