No vemos posible la legalización del chalet del fiscal decano de Talavera de la Reina, levantado sobre terreno prohibido hace 12 años y que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó demoler hace 10», declara María del Prado Salmerón, responsable de Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina.
El pasado 22 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha informó a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) la firmeza de una sentencia que ordenaba el derribo del chalet, construido sobre terreno prohibido, con elevado peligro de inundación y situado en la localidad de Pepino, a 8 kilómetros al norte de Talavera.
Un derribo que debe pagar de su propio bolsillo el propio fiscal decano de la Sección Fiscal de esa ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, copropietario del chalet.
El 30 de julio la CHT le dio 30 días para derribarlo a la copropietaria, María García García, esposa del fiscal decano.
A ello respondió la señora interponiendo un escrito, el 10 de septiembre ante la CHT, solicitando la legalización del chalet.
Habían pasado 40 días después de recibir la comunicación de demolición obligatoria, sobre lo que informó Confilegal el pasado sábado.
«Para nosotros, las cosas no pueden estar más claras. El escrito presentado por la señora del fiscal decano ante la Confederación, solicitando la legalización de la construcción, es un callejón sin salida», añade.
«En el informe que Ecologistas en Acción realizamos en 2016 se dice con toda claridad que el chalet, situado en la parcela número 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra levantado parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público hidráulico del Arroyo de la Fuente o del Berrenchín», señala Salmerón.
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«Está construido a una distancia no superior a los 3 metros de los límites del citado margen. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico dice con toda claridad que cualquier construcción que se halle en la zona de servidumbre hay que demolerla. Por ilegal», afirma.
La zona de servidumbre comprende los 5 metros que distan desde el cauce del arroyo. El resto es lo que se denomina zona de policía. Son 100 metros desde el cauce del arroyo.
«El jefe del Servicio del Dominio Público Hidráulico de la Confederación realizó un informe el 7 de febrero de 2018 en el que reconoce, igualmente, que parte del chalet invade la zona de servidumbre en un metro», indica Salmerón.
MOLESTOS CON LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICO DEL TAJO
La portavoz de Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina reconoce un profundo malestar por haberse enterado, a través de Confilegal, de que la esposa del fiscal decano había solicitado la legalización de la construcción.
«Somos parte del procedimiento. La Confederación Hidrográfica del Tajo no nos ha informado ni de la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ni del ultimátum de 30 días, dado al fiscal decano para que demole su chalet, ni del escrito presentado por su esposa, solicitando la legalización. El malestar, como podrá comprender, es evidente», cuenta Salmerón.
La representante del grupo ecologista sí avanza que se van a dirigir a la CHT para ser informados de todo y conocer en qué estadio se encuentra el procedimiento. «Y en su caso, si es posible, recurrirlo», señala.
EL COPROPIETARIO ES EL FISCAL DECANO
De acuerdo con Salmerón, «lo relevante de este caso es que el copropietario del chalet es el fiscal decano de Talavera. Su función es la de defender la legalidad. En el caso de la construcción es evidente que no la ha respetado, como bien ha dejado claro el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su sentencia al ordenar su demolición. El chalet se ha levantado en terreno ilegal. Y al pedir su legalización está reconociendo implícitamente esa ilegalidad».
«Hace diez años la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó la demolición, a lo que no hicieron caso sus propietarios. Ahora el TSJCLM ha ordenado lo mismo. Si ahora, porque el propietario es el fiscal decano de Talavera, legalizara su construcción estaría mandando un mensaje muy negativo a todo el país».
«Un mensaje en la línea de que si tienes poder o influencia te puedes saltar la ley. Porque si lo legalizaran, es lo que todo el mundo va a entender», concluye.
