Esto es lo que entiende la asociación Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y su Comarca a la vista de la respuesta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le ha dado tras requerir su asistencia para que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) les informe de por qué no han ejecutado la orden de demolición del chalet del fiscal decano de Talavera, decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y, en vez de eso, han abierto abierto un expediente de legalización de la obra.
Ecologistas en Acción solicitó dicha información a la CHT el 31 de octubre.
La Confederación tenía treinta días para contestar, pero no lo hizo.
Desde la CHT han mantenido un silencio sepulcral hasta ahora.
Por esta razón, la organización ecologista acudió al CTBG.
Y el Consejo afirma que esto no entra dentro de sus competencias, con lo que no está de acuerdo María del Prado Salmerón, responsable de Ecologistas en Acción de Talavera.
Según ella, «es incomprensible que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se lave las manos de esta forma. Porque es lo que han hecho».
El CTBG, en su respuesta oficial, ha contestado que: «Atendiendo a los hechos que usted plantea, relativos a la solicitud de una ejecución de sentencia, debemos indicarle que dicha cuestión no se encuadra dentro de las materias recogidas por la LTAIBG» [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno], dice, en su respuesta.
«Asimismo, le informamos que este CTBG atiende reclamaciones en los casos en que se haya solicitado Información por un ciudadano pero la misma no se haya respondido debidamente a juicio del interesado, pero afecta a información existente y no a certificados o actos futuros que es el caso que se desprende de su escrito», añaden.
En palabras de Salmerón, «lo que están diciendo es que no es de su competencia hacer que se cumpla la Ley de Transparencia. Lo que es una contradicción. Porque lo que nosotros pedimos es precisamente eso: que nos informen de cómo se encuentra el expediente de legalización del chalet del fiscal, admitido fuera de tiempo».
«Si esa no es su función: ¿cuál es? Porque no entendemos cual es su utilidad pública. Tal vez habría que replanteárselo», remacha.
Ecologistas en Acción también ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo.
