Instan al TSJ de Castilla-La Mancha a que haga cumplir su sentencia y ordene demoler el chalet de fiscal decano de Talavera
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19/11/2019 06:15
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Actualizado: 19/11/2019 11:02
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El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha tiene, desde ayer, una «patata caliente» sobre su mesa: una petición de ejecucion forzosa de una sentencia firme dictada por la Sección Segunda de su Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Se le pide que ordene derribar el chalet que el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, levantó en zona prohibida de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
La vivenda fue construida invadiendo 3 metros la zona de servidumbre del arroyo Berrenchín, y también la de policía.
En la localidad de Pepino. A 8 kilómetros al norte de Talavera.
La solicitante es la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP).
Esta se ha personado como acción pública, el equivalente, en la jurisdicción contencioso-administrativa, a la acción popular en la jurisdicción penal.
La citada Sección Segunda, formada por los magistrados Raquel Iranio Prades –presidenta–, Miguel Ángel Pérez Yuste, Ricardo Estévez Goytre y Jaime Lozano Ibáñez, dictó la sentencia 122/2019 el pasado 30 de abril.
Los tres siguieron al pie de la letra el planteamiento del abogado del Estado, Pedro González, quien solicitó la demolición del chalet de 470,66 metros cuadrados de superficie.
Porque había sido construido ilegalmente.
La sentencia no fue recurrida ante el Tribunal Supremo ni por el fiscal decano ni por su mujer, María García.
Por ello, el 15 de julio pasado el fallo se convirtió en firme.
La CHT, que es a quien le corresponde hacer realidad la sentencia, fue informada de inmediato.
Sin embargo, la CHT paralizó la demolición el 10 de septiembre.
Recibió un escrito de la esposa del fiscal solicitando la legalización de la vivienda.
Aunque estaba fuera de plazo, la CHT, presidida por Antonio Yañez Cidad, abrió un expediente de autorización de obras.
LAS SENTENCIAS SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
«Si se acredita en ejecución de sentencia que es verdad que la Confederación Hidrográfica del Tajo, sin ningún tipo de justificación, ha concedido la posibilidad de legalizar unas obras de construcción que invaden la zona de servidumbre a pesar de la firmeza de la sentencia de esta Sala, se evidenciaría entonces que el organismo de la cuenca no solo estaría llevando a cabo actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de la referencia sentencia sino también la posible comisión de un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, en concurso con un posible delito de prevaricación administrativa. Si se comprueba que todo ello tenía por finalidad eludir el cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala», dice ACODAP, la asociación que lidera el exmagistrado Fernando Presencia, en su escrito.
La Asociación recuerda que el artículo 103.4 de la Ley Orgánica de lo Contencioso-Administrativo dice que «Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento».
Y recuerda lo que dice el 105.1: «No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo».
Con ese fin, ACODAP ha solicitado al TSJCLM «que ordene la ejecución del apercibimiento efectuado a doña María García García, que se acompañó al requerimiento de fecha 21 de octubre de 2017 en el Expediente Administrativo Sancionador D-1556/2007 (30681) tramitado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. En el sentido de que, de acuerdo con los artículos 323 y 338.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, por el referido organismo de cuenca se proceda a la ejecución subsidiaria, a cargo de los interesados, de la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas; advirtiendo a los interesados que ha decaído su derecho a legalizar las obras, o a que sean autorizados los trabajos denunciados, a la vista de la sentencia dictada por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que, además, ha declarado la firmeza entre otros extremos del mencionado apercibimiento”.
El escrito ha sido firmado por el abogado Sebastián Gómez Marfil, que se hizo popular hace algo más de dos años al haber conseguido por primera vez en España que un fiscal, Emilio Varelio, fuera expulsado de la carrera como consecuencia de las denuncias de un particular.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN INSTÓ TAMBIÉN A LA CHT A DEMOLER EL CHALET
La asociación Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca, por su parte, dirigió un escrito, el pasado 30 de octubre, instando a la CHT a que ejecute, sin más dilación, la demolición del chalet.
Ecologistas considera que la solicitud de legalización interpuesta por la esposa del fiscal está fuera de lugar porque «ha decaído su derecho a legalizar las obras o a que sean autorizados los trabajos denunciados, a la vista de la sentencia dictada» por el TSJCLM «que ha declarado la firmeza».
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