La Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) ha interpuesto ante el Ayuntamiento de Pepino, localidad de 8 kilómetros al norte de Talavera de la Reina, una Acción Pública Urbanística con el fin de instar la demolición del chalet, propiedad del fiscal decano, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y de su esposa, por ocupar parcialmente la zona de servidumbre del Arroyo Berrenchín.
«Se trataría de una infracción urbanística muy grave», dice el texto de la denuncia.
En la misma se le recuerda al actual alcalde de Pepino, Inocencio Gil Resino, del Partido Popular que «la omisión del deber de inspeccionar una infracción urbanística supone una presunta comisión penal, contemplada en el artículo 320.1 del Código Penal y que, a diferencia de una simple denuncia, la denunciante es parte legítima en los expedientes de disciplina urbanística a que debe de dar lugar la presentación de la Acción Pública».
El artículo 320.1 del Código Penal dice que «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes o que, con motivo de inspecciones, haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, sería castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la prisión de un 1 y 6 meses a 4 años y la multa de doce a 24 meses».
El 404 castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asuntos administrativo, con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.
Gil Resino fue investido alcalde de esa localidad en el Pleno de Constitución del Ayuntamiento que se celebró el sábado 15 de junio pasado tras obtener la mayoría absoluta en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.
Con la Acción Pública Urbanística interpuesta por ACODAP, asociación de la que es presidente del exmagistrado Fernando Presencia, el Ayuntamiento de Pepino entra de lleno en la ecuación en la que se dirime el futuro del chalet del fiscal decano de Talavera.
El pasado mes de julio la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que preside Antonio Yáñez Cidad, dio un mes al fiscal decano y a su esposa para que demolieran el chalet, construido en lugar prohibido, después de recibir la comunicación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) confirmando la firmeza de la sentencia que decretó su derribo en el plazo de treinta días.
Sin embargo, la mencionada Confederación paralizó el derribo tras recibir un escrito de la esposa del fiscal decano solicitando la legalización de la vivienda, el 10 de septiembre pasado.
Lo que dio lugar a la incoación del «correspondiente expediente de autorización de obras en zona de policía de cauces, por lo que la obligación de reponer impuesta en la resolución sancionadora queda suspendida y supeditada a la resolución que se dicte en el expediente mencionado».
Una decisión que a varios especialistas de lo contencioso-administrativo consultados por Confilegal resulta «extraña» ya que la fuerza jerárquica de la sentencia dictada por el TSJCLM supera a cualquier decisión paralizadora como la tomada por la Confederación.
Máxime cuando esa solicitud tenía que haber sido hecha hace diez años, cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó la demolición del chalet, de lo que hicieron caso omiso, dando lugar a la intervención del TSJCLM, instados por Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina.
