El expresidente del Banco Popular Ángel Ron declara como imputado en la Audiencia Nacional

Ron está imputado en la causa desde que en octubre de 2017 la Audiencia Nacional aceptó la querella interpuesta contra él

30 / 10 / 2019 06:15

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron está citado este miércoles y jueves a declarar como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por las presuntas irregularidades que llevaron a la quiebra a la entidad financiera.

Ron está imputado en la causa desde que en octubre de 2017 la Audiencia Nacional aceptó la querella interpuesta entre otros contra él, por presuntos delitos societarios, de administración desleal, contra el mercado, falsedad documental y apropiación indebida.

Todo ello en el contexto de la gestión del Banco Popular en los ejercicios previos y posteriores a la ampliación de capital acometida en el año 2016.

Desde la apertura de la causa, se han efectuado diligencias tales como recabar informes de situación tanto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como del Banco de España tendentes a analizar si se falsearon las cuentas y se engañó a los inversores de cara a ese proyecto por el que el Popular amplió su capital en 2.505 millones de euros que habrían de reportar importantes beneficios y cobro de dividendos.

Durante todo aquel proceso, Ron defendió la situación «inmejorable» del banco y su solvencia económica y patrimonial.

Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.

Las demandas contra los antiguos gestores versan por ello en torno a presuntas «irregularidades contables» de los últimos ejercicios, así como la supuesta falta de veracidad de los folletos emitidos por la entidad para las ampliaciones de capital.

Sobre este asunto, el juez y la Fiscalía Anticorrupción han escuchado ya al exvicepresidente con Ron Roberto Higuera y al que fue su consejero delegado, Francisco Gómez Martín, y ambos defendieron la ampliación de capital y las decisiones tomadas por aquella ejecutiva del banco.

Gómez Martín, que declaró el pasado 18 de octubre, incidió en que la operación contaba con el visto bueno de la CNMV y el Banco de España y defendió, en general, la gestión de Ángel Ron.

De hecho, apuntó que era la envidia de los bancos ‘medianos’ españoles y que su error, como el de otras entidades financieras o cajas de ahorro, fue invertir en el mercado inmobiliario.

DOS PIEZAS SEPARADAS

Por otra parte, Emilio Saracho, sucesor de Ron en la presidencia, está siendo investigado en una pieza separada de la causa porque fue querellado por un presunto delito de alteración del mercado en relación a la filtración de informaciones que habrían perjudicado la cotización durante los 108 días que estuvo al frente.

En su caso, un informe de la CNMV que obra en la Audiencia Nacional descartó que se hubiese producido esa manipulación dado que las noticias publicadas, en cualquier caso, eran ciertas.

Saracho compareció como investigado por este asunto el pasado 3 de octubre, cuando a preguntas del juez y la Fiscalía Anticorrupción cuestionó la ampliación de capital acometida por Ron y dijo que en lugar de 2.500 millones se habrían necesitado más de 8.000.

Él, según afirmó en sede judicial, hizo lo que pudo con lo que heredó de la gestión anterior, tal y como informaron en fuentes jurídicas al término de la declaración.

En lo que respecta a su propia imputación, atribuyó a ‘la Ley de Murphy’ la tormenta perfecta que se produjo en el Popular cuando se notificó al regulador la reexpresión de cuentas, el 3 de abril de 2017.

Ese mismo día se publicó en prensa que dimitía el consejero Delegado, Pedro Larena, aunque esa decisión no se había formalizado.

De este modo, la entidad tuvo por tanto que comunicar dos hechos relevantes a la CNMV: la reexpresión a las 08.00 horas y la salida de Larena una vez se hizo oficial. Las acciones del banco en esta jornada cayeron un 10 por ciento.

En su comparecencia, Saracho incidió en que no estuvo en su mano elegir esa fecha para comunicar la reexpresión de cuentas, ya que lo hizo siguiendo las indicaciones del auditor (PwC) y teniendo en cuenta que en menos de diez días estaba convocada una junta de accionistas.

Sobre la filtración, reconoció que había más personas del consejo que podían saber que Larena se marcharía, pero expresó su confianza en la gente de su administración.

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