María Jesús García Pérez, en una foto que publicó La Voz de Galicia. Foto: Carlos Castro.
El CGPJ suspende dos meses a la ‘juez pitonisa’ por tramitar indultos a presos
Por una "falta muy grave de ignorancia inexcusable", prevista en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando era titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo
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31/10/2019 11:47
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Actualizado: 31/10/2019 13:06
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido dos meses de empleo y sueldo a la magistrada María Jesús García Pérez, conocida como la ‘juez pitonisa’, por tramitar indultos a varios internos en centros penitenciarios cuando era titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo.
En la actualidad, María Jesús García es la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de A Coruña, ciudad en la que también presta servicios de adivinadora.
La Comisión Disciplinaria acordó el pasado martes, por mayoría, sancionar a la magistrada en el ejercicio de sus funciones por entender que cometió «una falta muy grave de ignorancia inexcusable», prevista en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuando era titular del citado juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Pérez García estuvo destinada en ese órgano judicial entre noviembre de 2016 y junio de 2019 y el caso está relacionado con varias resoluciones dictadas por la magistrada en el marco de la tramitación de expedientes de peticiones de indulto a internos en centros penitenciarios.
El promotor de Acción Disciplinaria Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, abrió un expediente disciplinario tras tener conocimiento el órgano de gobierno de los jueces que esta magistrada presuntamente había otorgado a presos de la cárcel de Monterroso indultos parciales, una competencia del Gobierno.
Ricardo Conde había propuesto 7 meses de suspensión.
En junio de 2018 el promotor de Acción Disciplinaria también abrió un expediente a esta magistrada, entonces titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo, por la supuesta comisión de una falta «muy grave», por anunciarse como tarotista y vidente y llevar a cabo estas prácticas, incompatibles con la función de juez.
En octubre de 2018, por 4 votos a favor del archivo, de los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas, frente a 3 en contra, los de Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Wenceslao Olea, se acordó archivar el expediente.
La magistrada ya había sido investigada por anunciarse como tarotista y vidente y llevar a cabo estas prácticas. En concreto, repartía octavillas publicitarias anunciándose como tarotista y vidente «con gran experiencia en echar las cartas de tarot».
A raíz de aquello, la magistrada pidió su traslado al Juzgado de Violencia de Género de La Coruña.
Después, buscó el amor en el programa de Cuatro ‘First Dates’, que presenta Carlos Sobera.
Así se presentó: «Hola, me llamo María. Estoy buscando el amor en los ‘First Dates’. Tengo 56 años, pero, como veis, represento muchos menos y, por eso, quiero un hombre más joven. O, aunque sea como yo, pero que se conserve muy bien. De todas formas, también me importa el interior. Prefiero que comparta mis aficiones, sobre todo el deporte, los animales y el mundo esotérico. Un saludo».
Tras poco más de una semana en su nuevo destino, la ‘juez pitonisa’ ya se había publicitado como tarotisa en la capital gallega.
Desde que se mudó desde Lugo, su «asistente personal» se ha dedicado a poner carteles en varios puntos de la ciudad, según ha informado La Voz de Galicia.
«Tarotista con gran experiencia en consulta personal o por teléfono sin límite de tiempo. Fines de semana incluidos. Se dan recetas de magia blanca», dicen los pasquines, en los que se añade un número de teléfono, según el citado diario.
Indica que es el asistente el que responde a las llamadas telefónicas y el que explica el protocolo de la sesión para conocer el futuro.
Esta magistrada también fue titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander entre 2006 y 2009.
En aquella época se le abrió un expediente que acabó en una sanción de 3.000 euros por una falta grave, después de que cuestionara la Ley Integral sobre Violencia de Género que debía aplicar.
Cuando fue sancionada estaba destinada en el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao.
«Yo soy de los jueces que está en contra de esta ley», «la orden de protección no sirve para nada» o «cogí (el juzgado de violencia) para tener experiencia y para verlo por dentro», había manifestado en una entrevista.
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