La magistrada María Jesús García Pérez, quien se sacaba un sobresueldo echando las cartas del tarot. El Progreso.
La juez de Vigilancia Penitenciaria de Lugo echa las cartas del tarot y el CGPJ la investiga
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31/5/2018 08:38
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Actualizado: 28/11/2022 15:17
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María Jesús García Pérez, de 55 años, y con 25 años de antigüedad en la carrera judicial, magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 de Galicia, con sede en Lugo, cobra entre 15 y 20 euros la hora por echar las cartas, según el diario «El Progreso», de Lugo. .
Tras tener conocimiento de esta actividad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) incoó diligencias informativas, al tener conocimiento de ello, y dio traslado al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde (pAD), tras ser informado de que la magistrada colocaba propaganda en los coches para promocionar a una vidente, que resultó ser ella misma.
Conde ha decidido esta mañana abrir una investigación (diligencias informativas) para determinar la naturaleza del trabajo de pitonisa de la magistrada y concluir si tal actividad puede ser objeto de algún tipo de sanción disciplinaria contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La magistrada García Pérez ha venido hasta ahora leyendo el tarot en un piso de la avenida de Ramón Ferreiro de esa ciudad; ella misma es la que cobra el dinero de la consulta. Entre 15 y 20 por persona, afirma el diario.
García Pérez utiliza como nombre profesional de pitonisa el de «María».
Aunque la magistrada lo ha negado, uno de los dos periodistas que firman la información se hizo pasar por un cliente durante una sesión de adivinación de la jueza para comprobar que era ella de verdad la que lee las cartas y no su “asistente”, como después afirmó la mujer.
En la sesión mencionada, la magistrada respondió al «cliente» sobre sus problemas judiciales «sin percatarse de que estaba adivinando sobre una historia falsa, inventada sólo para la comprobación periodística de que ella es quien echa las caras y no su asistente», cuenta El Progreso.
Durante ese «servicio», la juez-pitonisa preguntó el nombre del abogado del caso, se interesó por la posición de la Fiscalía y dio su visión sobre el asunto: «Esto va a ser una fuente de follones y vamos a ver si la Justicia…».
Los rumores comenzaron a dispararse en Lugo cuando la magistrada y el hombre que la acompaña comenzaron a distribuir propaganda, en la que se anunciaba un servicio de «tarotista y vidente», por locales de hostelería y a dejar en los limpiaparabrisas de los coches aparcados alrededor de la Audiencia Provincial y los juzgados .
En la misma se facilitaba un teléfono móvil y se anunciaba un precio «económico».
Empezó a 15 euros la consulta, «Sin límite de tiempo en consulta. Fines de semana incluidos».
Y luego subió a 20 euros, por el mismo servicio.
Los autores de la información, M. Olarte y J.M. Freire, afirman haber sido testigos de cómo lo hacían «a plena luz del día y sin ocultarse de abogados, procuradores, funcionarios de justicia, jueces y ciudadanos que acudían por diversos motivos a los juzgados».
Esta circunstancia empujó al presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, a ponerlo en conocimiento de su inmediato superior, Miguel Ángel Cadenas Sorbiera, presidente del TSXG, quien, a su vez, incoó las diligencias informativas e informó de las mismas al pAD del CGPJ.
Entre las funciones jurisdiccionales de la magistrada, desde 2016, se encuentra la de controlar los permisos de libertad de más de mil presos de tres prisiones en Lugo y Ourense, Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguilar.
Los jueces y magistrados tienen un régimen de incompatibilidades muy estricto. Le corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ autorizar autorizar actividades extrajudiciales. Sólo son admisibles las de formación y las publicaciones.
Sobre estas líneas, las octavillas que repartía con el primer precio, 15 euros la hora, y el segundo, 20 euros. El Progreso.
ANTECEDENTES
En 2012 la magistrada ocupó los titulares de la prensa de Santiago de Compostela por el malestar existente entre los abogados porque, como titular del Juzgado de lo Penal 1 de esa ciudad, iba a las vistas con su gato.
«El decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, calificó» entonces de «deplorable» la actitud de la juez, porque considera que ofrece ‘una pésima imagen de la Justicia’. ‘No es posible que donde se va a decidir si una persona entra o no en prisión la jueza esté con el gato'», informaba en 2012 La Voz de Galicia.
«Un funcionario del juzgado, sin embargo, restó (…) importancia a la presencia del gato y recalcó que los trabajadores están muy contentos con la jueza y que es en realidad la pareja de la magistrada, que asiste habitualmente a los juicios, el que está con el gato. Los abogados también critican la presencia del compañero de la jueza, que, aseguran, entra y sale del juzgado con el gato en un hombro», añadía el periódico.
En 2011, justo antes de ser destinada a Santiago, también fue sancionada en Bilbao con una falta leve, porque fumaba en la sala de vistas entre juicio y juicio cuando era titular del Juzgado de lo Penal 6.
El órgano de gobierno de los jueces consideró que la magistrada mantuvo un comportamiento indebido e infringió la legislación que prohíbe consumir tabaco dentro de edificios públicos o centros de trabajo.
Dos de los denunciantes, un letrado y un testigo, protestaron porque, al entrar en la sala donde se celebran las sesiones, se encontraban con una «gran» nube de humo. Uno de ellos acusó a García Pérez de exhibir sobre su mesa un cenicero con colillas.
En 2009 el CGPJ la sancionó 3.000 euros por unas declaraciones que realizó al diario El Mundo Hoy, de Cantabria, cuestionando la Ley de Violencia de Género cuando era titular, precisamente, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1, de Santander, puesto que ocupó desde 2006.
García Pérez aseguró en aquella entrevista que formaba parte de los jueces que estaban en contra de esa ley y que entró en el Juzgado de Violencia únicamente para tener experiencia y para verlo desde dentro.
Además, subrayo que «la orden de protección no sirve para nada», que los rumanos «si no pegan a la mujer parece que les falta algo» o que las mujeres colombianas «le toman el pelo a todo el mundo».
El CGPJ también la sancionó cuando ejercía en Madrid por no acudir a una declaración porque se había ido al gimnasio.
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