Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
Reclaman a la Comunidad de Madrid un plan de choque que frene los precios del alquiler y fomente la vivienda social
El Plan Vive Madrid impulsado por el consejero David Pérez, cuestionado por su falta de concreción para hacer accesible la vivienda como bien de primera necesidad
|
02/11/2019 06:30
|
Actualizado: 19/8/2020 10:55
|
Expertos como Laura Barrio, en calidad de activista e investigadora social de la Asamblea de Vivienda de Usera (Madrid), o Javier Rubio, abogado especializado en temas hipotecarios vinculado al movimiento CAES, ponen en tela de juicio el proyecto del consejero de Vivienda David Pérez en esa materia que es de su competencia.
«Que la Comunidad de Madrid construirá un total de 25.000 viviendas, 15.000 de ellas durante la presente legislatura, gracias al Plan Vive Madrid “en principio, la noticia de ampliar el parque de viviendas de la Comunidad de Madrid, es estupenda, pues son más que necesarias, pero la lectura de esta política va más allá de un número”, aclara Barrio.
A su juicio, “la construcción de vivienda pública es una solución muy lenta, llega tarde y genera barrios marginales y en muchas ocasiones infradotados de recursos básicos como es buena conexión con el centro de la ciudad, hospitales, universidades, etc«.
Barrio recuerda que “las casas las necesitamos ya. Nuestro país, y, concretamente, nuestra Comunidad, lleva diez años perdiendo la gran oportunidad de adjudicarse cuantas viviendas fueran necesarias para estabilizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a las familias empobrecidas por la crisis y las nuevas generaciones de jóvenes precarizados laboralmente.”
Laura Barrio en una foto reciente.
También insiste en que “los bancos inyectados con fondos públicos han malvendido sus carteras inmobiliarias a fondos de inversión, cuando deberíamos haber recuperado al menos parte de ellos para sostener a las familias desahuciadas”.
«Con datos del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Fomento estima que en el periodo 1952-2016 se han construido 25.500 viviendas, lo que supone entre el 30 y el 35% de las viviendas principales, datos que recoge Fundación Alternativas en su documento de trabajo 197/2018 titulado ‘El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo’. ¡Qué diferente sería el mercado inmobiliario si se hubiera mantenido con titularidad pública!», declara.
Para Rubio “el gran problema es la espiral de precios que sufre la ciudad de Madrid, a nivel de alquiler y al mismo tiempo se han incrementado los precios de compra, con lo cual el problema de acceso a la vivienda es grave, con cargas económicas para muchos potenciales usuarios de dichas viviendas. Personas y familias son expulsadas por ellos de barrios del centro de la capital a otras más periféricas, donde también los precios se elevan”.
Las medidas anunciadas, opina, son decepcionantes.
“No hay plan de choque para frenar esta escalada de precios del alquiler y la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid es muy grave. Nos contempla medidas para recuperar la vivienda pública a un fondo de inversión como Azora, en casa Cibeles, recurrida en los tribunales, mientras muchas personas son desahuciadas a diario. Son viviendas que fueron públicas y pasaron a fondo buitre”, aclara.
Las ayudas públicas al inquilino que señala dicho Plan Vive Madrid “no van a frenar la escalada de precios, lo van a incentivar más. Los arrendadores sabiendo que hay ayuda para el inquilino en su renta lo que aprovechan será establecer un amento de la renta”, aclara este experto.
Crear una mesa de trabajo, entre Comunidad de Madrid, promotores de vivienda y afectados por estas políticas sería un gran avance en este sentido.
David Perez, consejero de Vivienda, es el tercero por la derecha. Imagen tomada en la última feria inmobiliaria celebrada en Madrid SIMA 2019.
EL CONTROL DE LOS PRECIOS DE ALQUILER
Este control es clave, porque se está generando un problema social.
“Un bien de primera necesidad, como es la vivienda se queda fuera del alcance de la mayor parte de la población”, asegura.
Rubio recuerda que estas medidas de control de precios acaban de ser declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional alemán.
Este jurista reclama “un poco más de detalle al consejero Pérez para que se sepan realmente los datos de esas 15.000 viviendas en cuatro años con precios asequibles. En el pasado tuvimos la experiencia de cesiones de suelo público para viviendas públicas, cuyo resultado al cabo de diez años muchas de esas viviendas en manos de fondos buitre y empresas de gestión de alquiler, sin ningún control de precios”.
Otro anuncio tiene que ver con que el Gobierno regional impulsará la construcción de al menos 1.500 nuevas viviendas, que se incorporarán al Parque de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que en la actualidad cuenta con 23.217 viviendas.
Para Barrio “Que sólo incorporen 1.500 al parque gestionado por la AVS nos parece ridículo, cuando la lista de espera de solicitantes de vivienda social es interminable, y eso que no es significativa de la demanda de vivienda social, ya que los requisitos del demandante no responden a la necesidad real sino al escasísimo parque de viviendas”.
A su juicio “entre las medidas más urgentes está la reformulación del proceso de adjudicación de estas viviendas recogido en el
Decreto 52/2016, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid”
Barrio hace especial atención «a su artículo 14.1.f) que exige a los demandantes de vivienda “no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular”, y que impide a las familias empobrecidas y en situación de grave vulnerabilidad si quiera solicitar un lugar estable y digno donde vivir, condenándolas a la exclusión social y a la ocupación de viviendas vacías”
Para esta activista, “el parque social de viviendas ha disminuido mucho tras el trasvase de mucha vivienda pública a fondos buitres o al mercado privado. Es fundamental preservar esas viviendas de cualquier intento de privatización. En países de nuestro entorno con un 20% de vivienda social ha sido otra ayuda para contener los precios de los alquileres de vivienda”.
Rubio echa en falta una Ley Autonómica de Vivienda como la que existe en País Vasco o Cataluña, por ejemplo.
Javier Rubio, abogado especializado en asuntos hipotecarios y vinculado al movimiento CAES.
Otro tema que plantea el consejero Pérez son nuevas deducciones en materia de vivienda. El Gobierno regional ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda en la región para determinados colectivos.
En opinión de Barrio “en cuanto a las medidas fiscales que facilitan el acceso a la vivienda de las familias, volvemos a encontrarnos medidas que, anunciadas con lenguaje ‘engañoso’, contribuyeron a inflar la burbuja inmobiliaria”.
Al mismo tiempo considera que es “más apropiado decir que facilitan el acceso de las familias y los jóvenes al endeudamiento en el caso de la compraventa y en el caso de los alquileres, que las deducciones fiscales a los inquilinos se transformarán en una subida proporcional en la renta de alquiler, en un mercado completamente descontrolado.”
Por su parte, Rubio advierte que “hay deducciones fiscales que son medidas tímidas a menores de 30 años que en Madrid se compren una vivienda son pocos. La edad de emancipación está por encima de esa edad. Y esa emancipación se produce en alquiler compartido con los datos que señalamos. Lo que plantea el consejero de estas medidas es que son de poco alcance”.
EL PROBLEMA SOCIAL DE LAS OCUPACIONES
Sobre la petición de la Comunidad de Madrid, que pide a jueces y fiscales agilizar los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles, también las criticas son claras porque no aborda el problema existe. Una cuestión que afecta a muchas familias.
Para Laura Barrio “que, junto a estas medidas, leamos que los consejeros de Justicia, Interior y Víctimas y de Vivienda y Administración de la Comunidad, en el marco de la ‘Mesa de Vivienda y la Okupación’ han solicitado a jueces y fiscales la agilización de los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles sin complementar esta medida con políticas de inserción social dotadas de suficientes medios materiales y humanos, me parece sencillamente un despropósito”.
Desde su punto de vista, “no sé qué entienden por familia ‘okupa’, pero desde luego que no se esfuma en el aire cuando sufren un desalojo forzoso, es decir, sin alternativa de realojo. Las familias vuelven a ocupar, arrastrando a sus espaldas más miedo, estigma y desesperanza, además de un nuevo proceso judicial. ¿De verdad estas políticas están enfocadas para las familias?».
Por su parte, Javier Rubio destaca que “hay un problema social importante, especialmente en alguno distritos y pueblos de Madrid. Esta cuestión surge por la inexistencia de una política social de vivienda que garantice el acceso a la vivienda de toda la población. Desde aquí ha surgido el problema de la ocupación. Hablamos de familias vulnerables que no pueden ni acceder a una vivienda pública ni a una de mercado. No les queda otro remedio que ocupar viviendas vacías”.
Para este abogado, experto en derecho hipotecario “hay escasas ocupaciones de vivienda con ánimo de lucro, la mayoría de estas ocupaciones se hace por necesidad. El problema no se puede abordar únicamente agilizando los procedimientos de desalojo. Esto hará que el problema se agrave y esas personas saldrán de una ocupación a otra. Es fundamental contar con viviendas públicas para que estas familias puedan vivir”.
Noticias Relacionadas:
