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El CGPJ prorroga de nuevo el plan de urgencia por cláusulas suelo entre críticas por su ineficacia

La ampliación de la medida será de seis meses o de un año según la situación concreta de cada órgano judicialImagen de la reunión a tres bandas celebrada hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial: Órgano de gobierno de los jueces, Ministerio y Comunidades Autónomas. Foto: CAM.
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El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas acordaron hoy prorrogar el plan de urgencia adoptado en 2017 para hacer frente a las demandas de acciones individuales sobre cláusulas suelo.

El objetivo es ajustarlo a las necesidades concretas de cada órgano judicial especializado.

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Así lo han decidido los representantes de estas instituciones en una reunión que ha tenido lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha estado presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.

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Una decisión que se ha encontrado con la crítica frontal de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufín), que ha recordado que estos juzgados especializados en cláusulas suelo tardan una media de un año en la admisión a trámite de los procedimientos.

Y hay casos de saturación  preocupante, como los de los Juzgados 101 bis de Madrid y 50 de Barcelona, que arrojan periodos de admisión a trámite de hasta un año y diez meses (665 días), en el primer caso, y de dos años y tres meses (814 días) en el segundo.

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En otros juzgados especializados, como el Juzgado de Primera Instancia 10 de Sevilla, la admisión a trámite tarda 616 días. Y 582 en el Juzgado de Primera Instancia 7 bis de A Coruña.

En el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla la admisión a trámite tarda hasta 616 días y hasta 582 días en el Juzgado de Primera Instancia 7 Bis de A Coruña.

Ante esta situación, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, considera “imprescindible dotar de mayores medios” a estos juzgados para “avanzar en la rápida resolución de los procedimientos en materia de consumo financiero”, dado que, finalmente, “la justicia que es lenta no es justicia”.

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La Comunidad de Madrid, atendiendo la petición del CGPJ, habilitó en junio de 2017 el Juzgado de Primera Instancia número 101 para centralizar las demandas de los ciudadanos que solicitaban la devolución de los costes derivados de las cláusulas suelo incluidas en los préstamos hipotecarios.

Actualmente la plantilla de este juzgado está compuesta por 10 jueces y 36 funcionarios de los cuerpos de gestión procesal y auxilio judicial adscritos en este juzgado.

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Desde su puesta en funcionamiento se han presentado 79.984 demandas, 32.837 corresponden al año 2017, 32.193 al 2018 y 14.918 hasta el 31 de octubre del 2019. De la totalidad de las demandas presentadas se han resuelto 16.694 procedimientos, de los que 8.919 corresponden a los diez primeros meses del presente ejercicio.

CGPJ, MINISTERIO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS VALORARON LA SITUACIÓN

En el encuentro celebrado hoy en el Consejo se ha valorado la situación de cada uno de los 54 juzgados de primera instancia e instrucción especializados en cláusulas suelo.

También el de las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales encargadas del enjuiciamiento para determinar dónde será necesario prorrogar el plan durante un año más y dónde solo necesitan ampliar la medida durante seis meses.

Este plan de especialización de juzgados de primera instancia -que ha recibido fuertes críticas desde diversos sectores especializados- entró en funcionamiento el 1 de junio de 2017 para hacer frente al aumento de carga de trabajo previsto tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo y evitar que los órganos judiciales de primera instancia civil se atascasen.

En un principio, estaba previsto que el plan tuviera una vigencia de siete meses de duración, pero ante la acumulación de litigios que se han presentado en los juzgados especializados -que tienen competencia exclusiva y no excluyente-, se ha prorrogado en varias ocasiones.

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Durante la reunión, el CGPJ, Justicia y las Comunidades Autónomas han acordado intensificar desde este momento hasta final de año la frecuencia de sus contactos con el fin de determinar las necesidades concretas de cada territorio y las medidas que será necesario adoptar en cada caso.

MÁS DE UN CENTENAR DE JUECES DE APOYO

Según ha recordado el CGPJ en un comunicado, en la actualidad, además de los titulares de esos 54 órganos judiciales, otros 106 jueces prestan servicio en los juzgados especializados de acuerdo con las medidas de apoyo y refuerzo aprobadas por el órgano de gobierno de los jueces.

El despliegue de estas medidas ha sido necesario en todas las Comunidades Autónomas menos La Rioja.

En cuanto a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, a las que ya han llegado una gran cantidad de asuntos para su enjuiciamiento, cuentan, junto con sus titulares, con el apoyo de más de medio centenar de magistrados comisionados en funciones de refuerzo.

A los planes de refuerzo judicial se añaden las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia y por las Comunidades Autónomas, que han dotado a los juzgados especializados de medios personales (letrados de la Administración de Justicia y funcionarios) y materiales necesarios.

DATOS ESTADÍSTICOS

Por otro lado, el CGPJ destaca que las cifras de asuntos pendientes ha ido disminuyendo desde la puesta en marcha del plan de especialización.

De acuerdo con los datos correspondientes al segundo trimestre del año 2019, el volumen de casos a la espera de una resolución era un 2,25 por ciento menos que al finalizar el primer trimestre del año (31 de marzo).

Misma tendencia se ha registrado con respecto a la tasa de resolución de demandas –cociente entre el número de asuntos resueltos e ingresados en un determinado periodo– en todos los territorios.

Entre los meses de abril y junio, esta tasa a nivel nacional ha sido del 118,4 por ciento, lo que ha supuesto una sensible mejora respecto a los tres meses anteriores, en el que fue del 82 por ciento.

Si se tienen en cuenta los datos correspondientes a los dos años que lleva en marcha el plan hasta el 30 de junio de 2019, la tasa nacional es del 41,3 por ciento, lo que significa que hasta esa fecha se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.