La Guardia Civil está desarrollando desde primera hora de la mañana en Cataluña una operación por presunta concesión fraudulenta de dos millones de euros de subvenciones públicas de la Secretaría General del Deporte a favor de fundaciones vinculadas a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
Los agentes están practicando cinco entradas y registros en domicilios y oficinas de Barcelona, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat y Viladecans (Barcelona), y la sede de la Secretaría General del Deporte y la Actividad Física, y han detenido, hasta el momento, a cuatro personas.
Los arrestados son Gerard Figueras, secretario general de deporte y actividad física de la Generalitat y exdiputado de CiU en el Parlamento Catalán, y Maite Fandos, exconcejal del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, actualmente miembro de la Junta de la Diputación de Barcelona; el subdirector general de Gestión de la Secretaría del Deporte, Lluís Pallisera, y el apoderado del Canal Olímpic.
Esta operación, denominada ‘Voloh’, ha sido ordenada por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre López. Está relacionada con la investigación de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
El magistrado investiga si la presunta trama desvió cerca de dos millones de euros de subvenciones procedentes de la Secretaría General del Deporte y del Consejo Catalán de Deporte, que depende de ella, a las fundaciones CATmon e Igman.
Ambas fundaciones ya fueron registradas en mayo de 2018 por orden de Aguirre en una operación en la que la Policía Nacional detuvo a 30 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Barcelona, Francesc Esteve.
Los agentes practicaron una veintena de registros.
LA TRAMA AFECTA A EQUACAT, A FERROCARRILES DE LA GENERALITAT Y AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGÚN EL JUEZ INSTRUCTOR
El juez instructor ha acordado hoy levantar parcialmente el secreto de las actuaciones de la investigación que abrió sobre una trama que presuntamente desvió subvenciones a fundaciones como CATMon e Igman, vinculadas a la extinta CDC.
El magistrado relata que en la presente causa se persiguen ciertas conductas de las que se tienen indicios de que «implicarían una corrupción pública afectando, en un principio a la Diputación de Barcelona (que maneja unos 1.000 millones de euros de presupuesto aproximadamente)».
Indica que en anteriores autos ya se señaló que «se investigaba la irregularidad en la concesión de una treintena de subvenciones, lo cual originó que en el mes de mayo de 2018 se realizaran más de 20 diligencias de entradas y registros».
Recuerda que el pasado 30 de enero acordó que la investigación pasara del Cuerpo Nacional de Policía a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Guardia Civil.
El magistrado explica que resultaba necesario prolongar el secreto, al haberse descubierto «vinculaciones» con otros entes públicos como Aquacat (Canal Olímpic), Ferrocarrils de la Generalitat o el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña con una de las beneficiarias iniciales CATMon, «que también podrían haber otorgado subvenciones ilegítimas».
«Una vez establecidos los hechos a investigar y obtenida cierta seguridad de que no se perjudicaria el interés de la Justicia, es por lo que procede levantar el secreto sumarial en el presente momento, coincidiendo con la realización de cuatro diligencias de entradas y registro, derivadas de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, en las cuales también se han efectuado intervenciones telefónicas, que ahora quedan sin efecto», informa.
