Susana Polo está destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, formada por 15 magistrados. Tres de ellos son mujeres: Ana Ferrer, Carmen Lamela y ella misma. Ahora ha sido elegida por sus compañeros del Supremo para formar parte de la Sala de Gobierno durante los próximos 5 años. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Susana Polo: «Represento a 14 mujeres del Supremo y también a las que no han llegado a altos cargos en la Judicatura»
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05/12/2019 00:00
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Actualizado: 13/1/2021 15:01
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Acaba de ser elegida para la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Un hecho que la llena de orgullo por haber sido decisión de sus compañeros.
Pero Susana Polo es más que la única mujer entre hombres y la tercera en toda su historia en sentarse en esa Sala de Gobierno [la precedieron su compañera Milagros Calvo, la primera mujer magistrada del Alto Tribunal, que acaba de jubilarse, y María Jesús Pera, secretaria judicial].
La experta en violencia de género –para ella el delito más odioso– es también pionera en abrir camino hacia otra imagen de la justicia que se corresponde más con la composición real de la Judicatura en España, integrada en un 52,7% por mujeres.
En esta entrevista con Confilegal declara que es fundamental conseguir que los nuevos nombramientos sean más paritarios, reequilibrando la presencia de mujeres y hombres en los altos cargos judiciales.
¿Ser la tercera mujer en los 207 años de historia del Supremo que ocupa un puesto en esa Sala de Gobierno es una responsabilidad añadida al cargo o una señal de normalización?
Las dos cosas, una mayor responsabilidad, porque dentro de las funciones que tiene la Sala de Gobierno se encuentran, entre otras, representar a mis compañeros y compañeras del Tribunal Supremo, aprobar las normas de reparto de las distintas Secciones y Salas, acordar medidas necesarias en caso de disidencia, dar posesión a los nuevos magistrados o magistradas que se incorporen al Supremo o proponer medidas de para mejorar la Administración de Justicia.
Y, obviamente, es también una señal de normalización, haciendo visible en la apertura del Año Judicial y en las distintas sesiones de la misma otra imagen de la justicia diferente, que se corresponde con la real estructura y composición de la Judicatura, integrada en un 52,7% por mujeres.
¿Ser elegida por los compañeros es un especial orgullo?
En efecto, es un gran orgullo que los compañeros y compañeras hayan confiado en mí, cuando tan solo llevo un año formando parte del Alto Tribunal y en especial.
Represento a catorce mujeres de las distintas Salas, y también a todas las mujeres que no han podido llegar a altos cargos dentro de la Judicatura, lo que implica un orgullo y una gran responsabilidad, dando visibilidad a todas las mujeres de la carrera judicial.
Por fin va a salir una mujer en la foto de los magistrados del Supremo. ¿El objetivo tiene que ser la paridad?
En la actualidad, existe una clara y estructural infrarrepresentación de mujer en las Presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.
Así lo ha puesto de relieve la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial en una de sus reuniones recientes, recomendando por ello llevar a cabo una política de nombramientos que contribuya a reequilibrar la presencia de mujeres y hombres en los altos cargos de la Judicatura.
Por ello, entiendo que resulta necesario, conseguir que los nuevos nombramientos sean más paritarios, de los que resulte un claro impacto positivo de género.
¿Cuál ha sido su mejor destino hasta ahora?
Cada destino ha tenido una importancia y significado diferente para mí.
Pero recuerdo con especial cariño mi nombramiento como presidenta de la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, plaza de nueva creación tras la Ley Orgánica 1/2004, especializada en violencia sobre la mujer.
Por la labor que he podido llevar a cabo en la misma, y en especial, porque me ha permitido formarme en género e igualdad.
La magistrada Susana Polo fue presidenta de la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, un tiempo que recuerda con mucho cariño. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Especialista en violencia de género, usted forma parte del grupo que estudia la reforma de los delitos sexuales, ¿cuál es la reforma más urgente en este sentido?
En efecto, formo parte de la Sección Cuarta, de derecho penal, de la Comisión General de Codificación, a la que el anterior Ministro de Justicia encomendó la elaboración de una propuesta de modificación de los capítulos I, II y II bis del Título VIII del Libro II del Código Penal:
“Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexuales». Propuesta que ya ha sido realizada y entregada al Gobierno, pero que sobre la que obviamente no puedo informar, dado el carácter confidencial del resultado de las reuniones y acuerdos de la citada Comisión.
No obstante, dentro de las ideas centrales de la necesidad de reformar el Código Penal, destacaba entre todos componentes de la misma, la imprescindible necesidad de suprimir la diferencia entre “agresión” y “abuso” sexual.
¿Qué delito es para usted el más odioso?
Evidentemente todo delito es “odioso”, pero creo, que en este punto, debo hacer una especial mención a todos los delitos que se cometen contra las mujeres y niñas, las cuales se exponen a menudo a formas graves de violencia como la de género, doméstica, al acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso.
También los crímenes cometidos supuestamente en nombre del “honor” y a las mutilaciones genitales, que constituyen una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres.
¿Cómo están los jueces –en general- en materia de violencia de género? ¿Les daría un aprobado?
Actualmente, la legislación sobre igualdad es compleja, ya que para realizar una aplicación práctica de ella es necesario conocer e interpretar correctamente normas y distinguir diferentes aspectos prácticos.
La formación judicial en esta materia, hasta la última reforma de la LOPJ, se ha limitado a la necesidad de que los jueces y juezas que obtenían destino en un Juzgado o Tribunal especializado, tenían que superar un curso en materia de violencia de género.
El primer problema que nos encontramos es que el citado curso no es una especialidad previa que debe tener toda persona que opta a ocupar las citadas plazas, sino que se realiza posteriormente, es decir, una vez obtenido el destino.
«Lo que debemos buscar es la prevención de la violencia de género y la educación en igualdad desde las escuelas, y llevar a cabo campañas de sensibilización para los jóvenes»
¿Por qué siguen dictando sentencias –a veces incomprensibles- que indignan a las mujeres?
Con carácter general, creo que en la carrera judicial falta formación en perspectiva de género, ya que la mayoría de los delitos que he referido anteriormente –violaciones, trata de seres humanos, matrimonios o aborto forzoso, etc.-, no son competencia de los Juzgados especializados en violencia contra las mujeres –salvo si el autor del mismo es pareja o ex pareja de la víctima-, por lo que la mayoría de las magistrados y magistradas as que se enfrentan al enjuiciamiento de estos delitos, desconocen no ya la normativa jurídica en sí misma, que puede ser buscada para el caso concreto, sino la obligación de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico desde la perspectiva de género que impone la normativa interna, pero también los distintos instrumentos internacionales.
¿Falta empatía o perspectiva de género o conciencia democrática o todo a la vez?
Aparte de lo que ya he dicho, en términos generales, falta algo importante: una mayor sensibilidad en la interpretación de la declaración de quien aparece, indiciariamente, como víctima del delito, en relación con los hechos a enjuiciar y a declarar probados.
Olvidando, en algún caso, que la misma debe ser interpretada por los Tribunales sin estereotipos, comprendiendo y contextualizando el comportamiento procesal de la víctima y, sobre todo, entendiendo que la violencia de género afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo.
Usted fue ponente de la sentencia de la Manada, ¿cree que la violación en grupo es un fenómeno que está aumentando alarmantemente?
Me resulta difícil contestar a la pregunta. En principio, creo que no.
Confío en que el “fenómeno” sea consecuencia de que haya adquirido una «mayor visibilización» para la sociedad en los últimos tiempos, a raíz de una serie de casos que han sido mediáticos y han aparecido en prensa.
Ya que mi experiencia profesional me hace llegar a la conclusión de que las agresiones sexuales perpetradas en grupo son un porcentaje muy pequeño en relación, por ejemplo, con las agresiones que se comenten de manera individual.
¿Es el aumento de las penas la única solución contra la violencia de género?
Por supuesto que no es la única solución. Lo que debemos buscar es la prevención de la violencia de género y la educación en igualdad desde las escuelas, y llevar a cabo campañas de sensibilización para los jóvenes.
Pero, en situaciones judicialización, sería partidaria de alguna reforma sustantiva y procesal para el cumplimiento del Convenio de Estambul y de una regulación más profunda de las medidas de protección y seguridad para las mujeres, sin olvidar, la necesidad de la pena proporcional cuando tenga lugar la violación de la norma.
¿Cree que se hace lo suficiente en materia de educación temprana?
Pienso que se puede hacer más, ya que trabajar la igualdad de género desde la infancia nos puede ayudar a prevenir situaciones de discriminación y acoso que se dan en todas las etapas educativas, siendo en Primaria donde comienzan a producirse.
Y siguen aumentado hasta en las etapas avanzadas como Secundaria, por lo que el primer paso debe ser la formación de formadores/as, pues la docencia es una profesión que requiere de una formación continua en muchos ámbitos y este es uno de los más fundamentales, debiendo ser en el profesorado, obligatoria la formación en perspectiva de género y en igualdad de oportunidades.
Susana Polo se muestra partidaria del tribunal del jurado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
También es experta en mediación penal. ¿Cuál es el futuro de esta figura legal?
La verdad es que no soy experta en mediación penal, pero mi opinión en relación al futuro de la citada figura es que, si bien la mediación puede ser una vía de optimización del proceso penal.
Resuelve cuestiones como la lentitud del proceso o la rigidez de los procedimientos, lo cierto es que materia de violencia de género no es posible, no solo porque por su prohibición legal, sino porque los intervinientes no se encuentran en una situación de igualdad.
Además, no podemos de hablar de “conflicto” entre las partes, ya que el comportamiento relevante es de quien agrede, no hay corresponsabilidad. Por lo que en este punto espero que no se den pasos atrás en la defensa de los derechos de las mujeres.
¿Es usted o no partidaria de la figura del jurado que tan entredicho está en los últimos tiempos?
La Ley del Jurado proviene de un mandato expreso contenido en nuestra Constitución en su artículo 125, y es una institución democrática, por lo que sí soy partidaria de la citada figura.
Además, salvo excepciones que son conocidas, los jurados actúan con responsabilidad y sus decisiones no difieren mucho de las de los tribunales profesionales, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo algunas reformas en la ley que optimicen su funcionamiento.
Y ya que estamos, ¿cómo analiza la sentencia del «procés» del Tribunal Supremo?
Desde el punto de vista técnico, la sentencia es impecable e incluso en mi opinión brillante, por lo que recomiendo su lectura a cualquier jurista, ciudadano o político, antes de emitir juicios de valor.
Ello, sin perjuicio de la discrepancia jurídica que pueda existir, como ocurre con cualquier otra resolución judicial.
Por último, ¿Qué le pide a los Reyes Magos para la Justicia española?
Soy consciente de que la falta de medios dificulta el ejercicio de la función, en todos los delitos, pero sobre todo en delitos en que está implicado el género, por lo tanto, le pido a los Reyes Magos más medios materiales.
Y, en general, menos presión social a la Justicia, para que se pueda ejercer la función jurisdiccional con mayor facilidad, con compromiso e independencia, sin dificultades añadidas para la adecuada persecución de los delitos y protección de las víctimas.
¿Y para usted como profesional?
Poder conseguir, avanzar y mejorar la Administración de Justicia con la oportunidad que se me ha dado, tanto como Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en mi quehacer diario, como desde el órgano de gobierno interno del mismo, donde espero poder contribuir a una mejor imagen de la justicia, dentro de un marco de organización judicial rigurosa y eficiente, y no defraudar a los que han confiado en mí.
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