El profesor de la Universidad de Granada (UGR), acusado de haber espiado con un programa informático las comunicaciones a través de correo electrónico de una alumna a la que dirigía la tesis doctoral, y con la que «pretendía iniciar una relación sentimental», ha aceptado este miércoles dos años de prisión, tras un acuerdo de conformidad entre las partes.
La Fiscalía ha rebajado de dos años y diez meses de prisión, como pedía inicialmente, a dos años su solicitud de pena por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Lo cual ha admitido el acusado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde estaba señalado el juicio contra él este miércoles.
Junto con los dos años de prisión, el acusado es condenado al pago de una multa de 2.160 euros y a inhabilitación para participar o dirigir tesis doctorales durante dos años.
Todo según el acuerdo, al que se han adherido su defensa, y la acusación particular, que ha ejercido la letrada Cristina Pasquau en nombre de la víctima, que solicitaba inicialmente tres años y medio e inhabilitación por diez años.
Se ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño por el abono previo de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Al no tener antecedentes penales, se prevé que el profesor no tenga que ingresar en prisión.
«Aprovechándose de su cargo, accedió al ordenador»
Según el escrito de acusación inicial del Ministerio Público, el 27 de junio de 2015, el acusado, como funcionario de la UGR y director de departamento y de la tesis de la alumna, supuestamente «aprovechándose de su cargo, accedió al ordenador» que ella utilizaba en su despacho de un laboratorio ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada.
El objetivo fue, agregaba el fiscal, «apoderarse de las contraseñas de las cuentas privadas de la víctima para así acceder a la información que en ellas había, ya que pretendía iniciar una relación sentimental con su alumna y necesitaba para conseguirlo conocer tales datos».
Sin el conocimiento de sus empleados, y con este fin, el procesado habría instalado un programa informático, que habría adquirido a través de un sistema de pago por Internet asociado a su cuenta de correo electrónico corporativo en la UGR.
De este modo, «la información personal» de la doctoranda «era enviada sin su consentimiento al correo electrónico facilitado por el acusado», detalla el fiscal.
Además, agrega que, ante la «inminencia» de la lectura de la tesis doctoral, y «sin posibilidad de cambiar de director de la misma, la perjudicada sufrió un trastorno depresivo ansioso» por el que «requirió de baja médica».
Sobre este caso, fuentes oficiales de la UGR han indicado que la institución académica, como en otros en que se ven implicadas personas miembros de la comunidad universitaria, llevará adelante la investigación correspondiente, «una vez que se haya considerado agotada la vía judicial», y se cuente con la sentencia en cuestión.
En el marco de esta investigación, la UGR evaluará si corresponde la apertura de un expediente sancionador, han agregado dichas fuentes.
