Ha sido condenado por un delito de atentado a la autoridad, con la agravante de discriminación por ideología y la eximente incompleta de alteración psíquica. Foto: EP
Las cárceles catalanas proponen el segundo grado para los presos del ‘procés’
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11/12/2019 00:00
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Actualizado: 11/12/2019 00:00
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Las juntas de tratamiento de las cárceles en las que cumplen sus condenas los nueve presos del ‘procés’, han propuesto clasificarles en segundo grado, un régimen ordinario por el que deberán esperar a cumplir al menos la cuarta parte de su condena para poder obtener su primer permiso penitenciario.
Puede flexibilizarse con la aplicación de artículos del reglamento penitenciario que les permitiría ir a trabajar o ejercer voluntariado, como el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín.
El secretario de Medidas Penales de la Generalidad, Amand Calderó, ha informado hoy en una rueda de prensa de la propuesta de clasificación de las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Gerona) y Mas d’Enric (Tarragona), donde se encuentran internos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Ahora, el servicio de clasificación tiene dos meses para estudiarlo y ratificarlo.
Calderó ha admitido que en el seno de las juntas de las cárceles, que se han reunido de forma simultánea a las 9 de la mañana, ha habido un «intenso debate» sobre si clasificar en segundo o tercer grado -el régimen de semilibertad-, el que reclamaban los propios presos.
La clasificación en segundo grado les permitiría empezar a disfrutar de permisos a partir del próximo enero, cuando algunos de ellos cumplen una cuarta parte de la condena, como es el caso de Sànchez y Cuixart.
Las defensas de los dirigentes de ERC encarcelados ya previeron ayer que se les aplicaría el segundo grado, y anunciaron que lo recurrirían, y desde JxCat, su abogado, Jordi Pina, mostró el firme convencimiento de que la clasificación debería ser de tercer grado, un régimen de semilibertad.
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