La familia de José Couso, el periodista español asesinado en Bagdad hace 16 años, ha presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar de reactivar el caso, después de haber agotado todas las vías ante los tribunales españoles.
El último, el Constitucional el pasado mes de junio.
Tal y como ha informado la familia en su cuenta de Twitter, el objetivo es «buscar el respaldo ante la violación de Derechos Humanos y la pérdida de protección ante las modificaciones de la legislación española, dejándonos incapacitados para buscar justicia ante el asesinato de José Couso».
Con esta reforma de la ley se refieren a la restricción de la justicia universal y lo que denuncia la familia ante el tribunal con sede en Estrasburgo es que esta circunstancia les ha «privado de la posibilidad de articular un recurso efectivo que permita la investigación y enjuiciamiento del crimen».
«No existe actualmente ninguna posibilidad de que el mismo sea enjuiciado, por lo que quedará impune. Es decir, el Estado español no pone actualmente a disposición de la familia Couso ningún recurso ni mecanismo que permita la denuncia, investigación y enjuiciamiento», explica el recurso.
Investigación que lleve al castigo de los culpables
La familia recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos «obliga a los Estados contratantes» a «asegurar de forma concreta y efectiva una buena administración de justicia».
Además, recurre a la jurisprudencia del propio TEDH para remarcar que «la obligación de los Estados de proteger un derecho incluye la de investigar las circunstancias en que se produce su violación».
Además, el recurso subraya que tal y como ha interpretado el tribunal de Estrasburgo, el Convenio «obliga a poner a disposición de las víctimas una investigación efectiva capaz de llevar a la identificación y el castigo de los culpables».
Además, este remedio debe ser «efectivo en la práctica, así como en la legislación, en el sentido de que no debe ser injustificadamente obstaculizado por los actos u omisiones de las autoridades».
«Entendemos que el proceso judicial de un Estado que ha firmado el Convenio ha de ser efectivo y eficaz para procurar el resarcimiento de las víctimas, es decir, que tenga la capacidad suficiente para identificar, juzgar y en su caso condenar a los acusados, circunstancia que con la actual regulación española de jurisdicción universal no se da», explica el escrito.
