La Abogacía del Estado ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’, que suspenda las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra el expresidente de catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, y que solicite a «la mayor brevedad» al Parlamento Europeo el suplicatorio para el levantamiento de sus inmunidades tras ser elegidos eurodiputados.
Señala que la Justicia belga dejó en suspenso ayer la tramitación de las reclamaciones hasta que la Cámara Europea se pronuncie.
Añade que se trata de una «información no contrastada a la hora de redactar estas alegaciones» y que «se ignoran los concretos motivos de tal decisión».
La abogada del Estado Rosa María Seoane ha remitido hoy a Llarena un escrito de 14 páginas en este sentido después de que éste pidiera a las partes que se pronunciaran sobre si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 19 de diciembre que concluyó que el líder de ERC, Oriol Junqueras, tenía inmunidad desde que fue proclamado europarlamentario, tiene «la misma incidencia» en la situación de Puigdemont y Comín, ambos también electos en el Parlamento Europeo y huidos de la Justicia española.
La Fiscalía, por su parte, ha pedido al juez Llarena que mantenga las órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía del expresidente catalán y este exconsejero.
El Ministerio Público también ha solicitado al magistrado que se dirija cuanto antes al Parlamento Europeo para solicitar que se suspenda su inmunidad.
La Abogacía del Estado indica que la doctrina derivada de la sentencia del TJUE sobre Junqueras «tiene efectividad para Carles Puigdemont y Antoni Comín», puesto que sus resoluciones «son de obligado cumplimiento para todos aquellos que se encuentran en situaciones similares».
Explica que para el mantenimiento de la tramitación de las euroordenes ante la Justicia belga, «resulta indispensable una decisión del Parlamento Europeo a fin de permitir la continuación del procedimiento de ejecución».
Por ello, solicita que reclame la suspensión de la inmunidad cuanto antes.
Seoane destaca que no consta la imposición de ninguna medida cautelar contra Puigdemont y Comín que les prive de su libertad de movimiento, sino que únicamente deben encontrarse a disposición de los tribunales belgas.
Hace hincapié en que las inmunidades recogidas en el artículo 9 del Protocolo número 7 tienen efecto en el ámbito del Parlamento Europeo y recuerda que contra los líderes independentistas se sigue un procedimiento penal. Así, subraya el principio de cooperación leal, que, según recuerda, tiene un carácter «recíproco» entre la institución europea y el órgano jurisdiccional nacional, en este caso el Tribunal Supremo.ES
«De esta manera, el principio de cooperación leal no solo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, sino que impone también un deber recíproco de cooperación leal del Parlamento Europeo con el órgano jurisdiccional nacional que debe realizar la aplicación del derecho europeo», dice en su escrito.
Con todo ello, la Abogacía del Estado afirma que procedería a suspender las euroordenes hasta que se conozca la decisión del Parlamento Europeo.
Y también trasladar a esta Cámara la traducción al francés y al inglés de la sentencia del Supremo del ‘procés’, causa en la que Puigdemont y Comín se encuentran procesados y por los que son reclamados a Bélgica para que permita «una mejor comprensión de la inexistencia de cualquier tipo de ‘fumus persecutionis’ o motivación política en el enjuiciamiento de estos hechos».
LA ABOGACÍA PIDE EXCARCELAR A JUNQUERAS
En el caso de Junqueras, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por el ‘procés’, la Abogacía del Estado solicitó su excarcelación para que pueda ejercer como eurodiputado, mientras se solicita al Parlamento Europeo que le retire la inmunidad que le confiere esa condición.
Una medida que, en su opinión, el Supremo debe realizar «a la mayor brevedad».
La asociación de abogados Movimiento 24.2 se querellará por supuesta prevaricación contra Seoane.
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