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Empresas B: ¿El futuro que viene?

Su misión es generar beneficios económicos, pero también sociales y ambientales. Y están certificadas por ello. Lo cuenta José Pajares Echeverría, socio director de Pajares y Asociados Abogados.
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En un momento en que cada día es más actual el compromiso social y medioambiental no cabe ya ninguna duda de que los procesos productivos de las empresas han de supeditar el rendimiento económico al perjuicio medioambiental que seguramente acabará siendo, en su propia dicción, fundamental.

Esto, y no otra cosa, es lo que propicia el nacimiento, y la reputación, de las empresas B (por cierto, muy desconocidas en España). 

De esta manera, si es el lucro el objetivo central de las empresas mercantiles toman protagonismo otro tipo de empresas que no lo tienen como referente exclusivo y de las que aún se habla poco pero que serán vitales en breve –si no lo son ya-, cuales son las sociedades que se conocen como “empresas B”.

En efecto, como su propio nombre describe –según explicaré- son empresas que no se centran en el beneficio económico al uso, sino en el beneficio medioambiental y social. 

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El criterio economicista de toda empresa va pues dejando paso a un criterio social que junto, claro está, con el ánimo de lucro persigue el éxito del proyecto con un objetivo mixto: el ánimo de lucro junto con la protección medioambiental y social. 

Téngase en cuenta que muchos estudios comparativos ponen de manifiesto que existe una correlación entre la riqueza de un país, medida por su renta per cápita, y sus inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), hasta el punto de que se ha llegado a afirmar que los países más desarrollados no invierten en I+D+i porque son ricos sino que son ricos porque invierten o han invertido en ese campo, de modo que el modelo de empresa termina basado en la generación de conocimiento y a través del mismo -máxime ahora con la revolución tecnológica- buscan el recurso económico pero también el humano. 

En efecto, cualquier modelo económico que no se base en el conocimiento fracasará a medio o largo plazo.

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Y aún más, un sistema público sostenido por los impuestos que no prime ese conocimiento y facilite su acceso a la empresa privada no estará desarrollando adecuadamente su función. 

Parece evidente entonces que al presente debieran desarrollarse numerosas empresas mixtas con ese doble objetivo.

Y ello por cuanto que además hay que tener en cuenta un dato objetivo esencial: la desconfianza general en la empresa ha alcanzado niveles altísimos ya que casi un 75% de la población no confía en la empresa, por lo que cada vez más se buscan empresas con diferentes valores, que adopten un fin social por encima de sus propios beneficios. 

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Pues bien, y salvo excepciones, no hay muchas estructuras de este tipo porque no hay un reconocimiento normativo de las mismas, de las empresas B.

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UNA SOCIEDAD QUE COMBINE EL ÁNIMO DE LUCRO Y EL BENEFICIO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

En efecto, no hay posibilidad jurídica de crear una estructura societaria que combine el ánimo de lucro y el beneficio social y medioambiental: o se trata de su sociedad mercantil con ánimo de lucro o de una sociedad civil sin esa finalidad económica; nada más. 

Es pues indiscutible que en la sociedad actual debe procurarse esa nueva estructura ante la actual sensibilidad del cambio climático, y que ello haya de hacerse a través de las empresas B que, como dice el profesor de la Universidad de Buenos Aires Raúl Aníbal Etcheverry en su «La empresa comercial frente a la comunidad: Empresas B», facilita “un nuevo ADN empresarial” que a través del propio mercado persigue dar soluciones estructurales a los desequilibrios sociales y ambientales, y no sólo su beneficio económico. 

Se trata de ir un poco más lejos de la responsabilidad social corporativa (RSC) actuando ante problemas sociales y medioambientales, valorando también una financiación ética y la creación de valores.

Es significativo que la RSC hoy se reconozca y premie en el mundo empresarial y se ignore -cuanto menos por algún legislador- las empresas B cuando su objetivo es mucho más intenso y el resultado mucho mayor que aquellos. 

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Hasta ahora lo que es manifiesto en la realidad sin embargo no lo es en el Derecho porque, como ya he anticipado, no aparecen regulaciones de las mismas en muchos países, entre ellos en España.

Es decir, concurriendo en el mercado esa idea y habiendo ya mercantiles con ese perfil social, no pueden actuar bajo un cobijo normativo sino bajo un sistema privado de reconocimiento, lo que no parece operativo ni actual. 

Por consiguiente, el primer paso necesario para implantar y facilitar esta necesidad será desarrollar un modelo normativo de empresa B que ya comenzó en 2007, cómo no, en EEUU. 

Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan y Andrew Kassoy son tres emprendedores estadounidenses que, tras ver como la empresa que habían fundado prefirió dejar a un lado el compromiso social para satisfacer las demandas económicas de sus accionistas, decidieron fundar ‘B Lab’ en 2006, donde se “cocinaron” los fundamentos que hoy caracterizan a las empresas B. 

CERTIFICADAS POR SU TRANSPARENCIA, DINAMISMO, INDEPENDENCIA Y CREDIBILIDAD

No contando con regulación general habrá que considerar cómo puede, mientras tanto, crearse y desarrollarse su actividad, pero fundamentalmente cómo podría realmente hacerse cuando los objetos-sociales y medioambientales no siempre son accesibles sin ayuda y colaboración pública. 

Pues bien, y por ahora, las empresas B son certificadas por su transparencia, dinamismo, independencia y credibilidad por un organismo privado que una vez las reconoce como tales permite: 

a) Demostrar estándares rigurosos de impacto social y ambiental positivos. 

b) Distribuir legalmente, entre sus accionistas, la responsabilidad empresarial al considerar los intereses de la comunidad, los trabajadores y el medio ambiente en la toma de decisiones. 

c) Co-construir una voz colectiva al pertenecer a la comunidad de Empresas B reconocidas bajo una única marca. 

¿QUÉ CARACTERIZA A LAS EMPRESAS B?

Entre otras cosas:

1.- El lucro debe consistir en generar un beneficio para la sociedad, y la obtención de rentabilidad económica será una consecuencia más resultante de que ese modelo de negocio sea viable y compatible. 5 

2.- El deber de auditar y facilitar toda la información relativa a su contabilidad a ojos de consumidores, proveedores e inversores las hacen transparente. 

3.- El margen entre el salario más alto y el más bajo de la empresa debe ser equilibrado y coherente con los valores que transmite, sin que ningún salario puede ser más de 10 veces superior a cualquier otro dentro de la organización. 

4.- Los empleados deben poder optar a una oferta formativa en temas profesionales y valores como sostenibilidad, impacto social, etc. promovida desde dentro de la misma empresa. 

5.- La empresa debe establecer una política ambiental en sus estatutos que cumpla requisitos básicos como el reciclaje, el diseño y el uso de productos no contaminantes y desarrollar su actividad en un entorno lo más limpio posible para sus trabajadores. 

BENEFICIOS

Los beneficios de las empresas B, podrían, por ahora, identificarse como las siguientes: 

1. Diferenciación y liderazgo a través del compromiso social y ambiental. 

2. Excelencia para la mejora continua del desempeño en la gestión empresarial. 

3. Formar parte de una comunidad de líderes empresariales en sostenibilidad. 

4. Atracción de talento. 

5. Atracción de inversores y capital. 

6. Benchmarking con empresas afines basado en información fiable. 

7. Visibilidad y difusión en medios de comunicación. 

8. Descuentos en servicios y productos de empresas B Corp. 

COMUNIDAD DE EMPRESAS B CORPS 

Será por todo esto por lo que la comunidad de empresas B Corps forma un movimiento global de más de 2.500 compañías en 50 países y 130 sectores con un único fin: que un día todas las compañías compitan por ser las mejores para el mundo, y, como resultado, la sociedad camine hacia estadios de bienestar compartido y superior. 

Habrá que aludir, aunque no sea el objeto fundamental de esta reflexión, el proceso de obtención de esa certificación, ya que tendrán que superar un exhaustivo proceso de autoevaluación en el que deberán obtener una puntuación mínima de 80 sobre 200 y llevar al menos un año funcionando.

Superada la prueba, y otros trámites en los que firmará un documento con sus derechos y obligaciones, se certifica el ingreso en la comunidad de empresas B. 

Es posible que la compañía tenga que realizar cambios en sus estatutos para acoplarse al modelo de negocio ético y sostenible de manera que en ellos tenga en consideración a los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente para que sus derechos sean valorados de manera vinculante en la toma de decisiones. 

Siendo una necesidad y contando con el seguro interés de la sociedad, será fundamental contar con un marco regulatorio adecuado, que vaya en directo beneficio a la sociedad a través de una comunidad de Empresas B, con el objetivo de diferenciarlas, promoverlas y resguardarlas estructuralmente.

SE CONOCEN CUATRO REGULACIONES 

Hasta la fecha, se conocen únicamente cuatro regulaciones: el Benefit Corporation o Low-Profit Liability Company en EEUU, Community Interest Company en Reino Unido y Impresa Sociale en Italia. 

En España, por el contrario, no consta regulación sobre las empresas B.

Únicamente consta la propuesta de Ley de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales presentada en 2013 por el Grupo Parlamentario Catalán, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, el 18 de octubre de 2013, donde ya refiere en su exposición de motivos -que, por su importancia y claridad, tomaré textualmente- que en varios países han surgido nuevas formas jurídicas para llevar a cabo los proyectos de los emprendedores sociales. 

La actual normativa española no contempla las nuevas peculiaridades de las empresas sociales, y eso dificulta el acceso a la financiación privada, y dificulta su visibilidad, credibilidad y reconocimiento en el mercado por la inexistencia de un marco jurídico más amplio que incorpore nuevas modalidades como la sociedad de responsabilidad limitada de interés general para facilitar el desarrollo de sus actividades sociales así como su financiación. 

Serán empresas que tendrán como objeto social desarrollar una actividad económica con el objetivo de reducir o transformar una necesidad social concreta; proporcionar productos y servicios al alcance de individuos o colectivos vulnerables; promover oportunidades económicas para individuos colectivos en riesgo de exclusión social, preservar y mejorar el medio ambiente y colaborar económicamente o de otro tipo con las entidades contempladas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que tengan domicilio fiscal en el Estado español.

Todo ello, mediante el compromiso estatutario de crear un impacto de interés general en la sociedad.

Este tipo de emprendimiento se diferenciará respecto a otros tipos de emprendimiento en que existirá limitación en el reparto de dividendos, de manera en que cada ejercicio social tan solo podrá repartirse un 30 % del beneficio obtenido, obligándose a reinvertir el 70 %. 

Con el fin de proteger a los inversores minoritarios y evitar que la figura de la Sociedad Limitada de Interés General se utilice incorrectamente, cualquier modificación estatuaria que suponga la pérdida de los rasgos característicos de las S.L.I.G deberá acordarse a través, de una mayoría reforzada del 80 % de los votos del capital social. 

En aras de impulsar la transparencia de dichas sociedades, formará parte del consejo de administración, por lo menos, un consejero totalmente independiente, tanto del equipo de gestión como de los socios.

Y además, el Consejo de Administración deberá elaborar un informe anual que se pondrá a disposición de todos los socios y de cualquier tercero que lo solicite. 

INCENTIVOS FISCALES 

En el título II, que se divide en dos capítulos, tiene como objeto establecer incentivos fiscales para las sociedades limitadas de interés general e incentivos fiscales destinados a los llamados inversores de proximidad, con el fin de que inviertan en empresas sociales.

Tributan por las actividades económicas que realicen a un tipo reducido, del 18 % o del 22 %, dependiendo de la base imponible que obtengan. 

En el capítulo II se regulan los incentivos fiscales para el inversor de proximidad o Business Angel en las diferentes modalidades de empresa social.

En primer lugar se incorpora una deducción para el inversor de proximidad del 30 % por el capital aportado o por el préstamo participativo suscrito, sea en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea en el Impuesto sobre Sociedades.

Esta deducción tendrá un límite máximo en la base sobre la que aplicar la deducción de 200.000 euros anuales, siempre que dicho capital se mantenga en la empresa un mínimo de cuatro años.

En segundo lugar, también se establece que los inversores de proximidad tendrán derecho a aplicarse una reducción de 1.500 euros anuales por los dividendos e intereses percibidos.

Y, en tercer lugar, se establece que, en el caso de que exista transmisión y existieran pérdidas, estas podrán deducirse en su totalidad. 

CERTIFICACIÓN B CORP

“La certificación B Corp viene a ser como el sello de comercio justo, pero para la empresa en su conjunto y no para un producto concreto.

B Corp valora la totalidad de la empresa: que esté bien gestionada, que tenga un impacto en la sociedad y que sea una buena empresa”, se explica por un empresario. 

La primera Memoria Anual de B Corp. en España también destaca que el movimiento cuenta en nuestro país con casi 50 compañías de 12 sectores diferentes que han obtenido el certificado.

Danone, Universidad Europea, Holaluz, Triodos Bank, Veritas, Change.org o Corresponsables son algunas de estas compañías que lideran el cambio.

«Creemos en el poder de las personas y de cómo cada vez que escogemos lo que comemos y bebemos influimos en el mundo que queremos. Por ello somos conscientes de que, hoy más que nunca, las empresas debemos actuar como agentes de cambio y asumir la responsabilidad de que podemos dibujar un futuro mejor con nuestro compromiso y buenas prácticas», señala con acierto Danone Iberia. 

Ejemplo de alguna empresa española reconocida como empresa B son las siguientes: 

Wopi, que es un proyecto web y aplicación móvil que permite a los deportistas (profesionales, habituales o esporádicos) convertir en donaciones a proyectos sociales sus kilómetros recorridos, ya sean haciendo running, natación, senderismo, caminata… todos los metros cuentan.

Nació en mayo de 2014 y suma ya más de 40.000 usuarios registrados que han recorrido más de ocho millones de kilómetros para ayudar a 65 proyectos sociales, hasta la fecha. 

1000friends es una B Corp que se dedica, precisamente, a diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social en otras empresas.

Se trata de una agencia de marketing y comunicación que además de crear oportunidades de negocio para terceros a través de la integración de las RSC en toda la compañía, realiza campañas publicitarias con su socio, La casa de Carlota. 

La casa de Carlota es un estudio de diseño que juega con las distintas capacidades de sus empleados (personas con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades intelectuales y estudiantes de diseño) para crear campañas publicitarias de lo más creativas.

Un trabajo que ya está siendo reconocido por clientes y certámenes publicitarios. 

Cuento de Luz es una editorial de narrativa infantil que puede presumir de ser la primera en Europa y tercera en todo el mundo de obtener la certificación B Corp. 

Hasta qué extremo es importante esta regulación que incluso la Mutualidad General de la Abogacía Española ha invertido en una empresa B, en concreto el PENSIUM, lo que puede dar una idea que si los abogados así lo hacen qué no harán por regularlos. 

Me resta recoger una reflexión final relativa al premio Nobel de Economía 2019 obtenido por tres científicos de diferentes países pues lo ha sido por “un enfoque experimental para aliviar la pobreza global”, concretándose en aspectos como por ejemplo métodos oficiales para mejorar la salud infantil o la educación, liderando ese cambio social incluido en la integración y el reconocimiento mundial de esta sin que ello conlleve -siendo el de Economía- un beneficio económico. 

Entonces, si la economía mundial discurre por estos derroteros ¿qué espera España para procurarse las medidas que lo regule y los empresarios para poner todos sus esfuerzos en ello?