Antonio Vercher, el fiscal de Sala de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, ha dirigido un escrito al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, proponiéndole organizar «patrullas policiales de control de tráfico» los días en que se decreten restricciones, y que «se actúe penalmente contra aquellos conductores o usuarios de vehículos altamente contaminantes».
Vercher basa su propuesta en el artículo 325 del Código Penal, regulador del delito contra el medio ambiente, con ocasión de las restricciones de tráfico aplicadas por el Consistorio madrileño.
A causa de los altos indices de contaminación y la muy negativa incidencia en la salud de las personas.
El artículo mencionado dice, en su apartado 1, que «Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera (…)».
Antes de la reforma del Código Penal de 2015 este tipo de hechos se castigaban solo con multas.
Ahora conllevan cárcel.
«La determinación de la existencia de una contaminación penal podría quedar concretada por aspectos tales como los humos provocados, ausencia de las correspondientes Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), defectos en el motor que se traduzcan en una mayor emisión contaminante, etc.», dice Vercher en su misiva.
El fiscal de Medio Ambiente contempla que en estos controles actúen no solo los agentes de Policía Local especializados en medio ambiente sino también sus compañeros de tráfico e, incluso, los agentes de la Guardia Civil del SEPRONA.
Vercher, además, propone que haya un coordinador de la Policía Local de Madrid en la sede del propio Ministerio Fiscal, lo que «permitiría la recepción rápida de los atestados en nuestra sede central y su remisión a los Fiscales de Medio Ambiente en Madrid o su rápido envío a la Autoridad Administrativa Loca, de no considerarse los hechos de naturelza delictiva».
Por último, propone a Martínez-Almeida programar una serie de reuniones para «diseñar un estrategia eficaz al respecto».
